MÉXICO. El Grupo de Río, que reúne a los Gobiernos de 23 países latinoamericanos y caribeños, expresó el miércoles su "profunda preocupación" por una propuesta del Parlamento Europeo sobre sanciones a empleadores de inmigrantes indocumentados y pidió un diálogo con la Unión Europea (UE) sobre el tema.
La organización internacional señaló en un comunicado emitido en México, país que ostenta su secretaría pro témpore, que en el actual escenario de crisis económica internacional, la Directiva de Retorno sobre la repatriación de inmigrantes y la nueva propuesta de sanción a empleadores de indocumentados "no ofrecen una respuesta integral a los flujos migratorios hacia la Unión Europea".
Agregó que "sería deseable (…) promover una regularización migratoria integral que reconozca" los derechos humanos y laborales, así como las aportaciones de los inmigrantes a los países de acogida.
El colectivo de Gobiernos latinoamericanos afirmó que la Unión Europea debe tomar en cuenta que las pretendidas sanciones a empleadores de trabajadores indocumentados "tendrían un efecto negativo para los trabajadores migrantes y sus familias, al aumentar las posibilidades de que sean sujetos de explotación laboral".
Asimismo, hizo un llamamiento a las naciones europeas a "retomar un diálogo comprensivo y estructurado sobre migraciones" a partir de los acuerdos firmados el pasado 16 de mayo en la V Cumbre América Latina y el Caribe-Unión Europea.
Al Grupo de Río pertenecen Argentina, Belice, Bolivia, Brasil, Colombia, Chile, Costa Rica, Cuba, Ecuador, El Salvador, Guatemala, Guayana, Haití, Honduras, Jamaica, México, Nicaragua, Panamá, Paraguay, Perú, República Dominicana, Uruguay, Venezuela.
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