Presentan el Proyecto de Ley de estimulación de la RSC en Argentina liderado por el Ministerio de Desarrollo Social

El diputado por Buenos Aires Alejandro Ravinovich, miembro del partido opositor ARI, presentó recientemente un Proyecto de Ley que busca premiar y estimular a las empresas y fundaciones empresariales con actividad social en la Capital Federal que realicen acciones en favor de la comunidad en la que operan, transformando en ‘hechos concretos’ el principio de la responsabilidad social corporativa. La autoridad que se encargaría de su aplicación sería el Ministerio de Desarrollo Social, junto al Jefe de Gobierno y tres legisladores.
El Proyecto de Ley, que contempla la obtención de un certificado de empresa ‘Socialmente Responsable’, apunta, por un lado, a reconocer a aquellas empresas que promueven el desarrollo social y la mejora de la calidad de vida de sus trabajadores y de la población en general y por otro, tiene como objetivo incentivar a las empresas a que emprendan programas de RSE ‘buscando desencadenar un proceso de emulación para que estas acciones sociales se vean replicadas por más empresas’.
Según reza el documento presentado por Ravinovich ‘es importante recalcar que la RSE no es filantropía, sino un compromiso voluntario pero continuo de las empresas para hacerse cargo de los impactos que causa su negocio en las diversas partes interesadas’. ‘Se trata del cumplimiento de la función económica, social y ambiental que tiene una empresa, pero más allá de las expectativas que dicta la ley y que tiene la comunidad respecto a la compañía’, asegura.
La nueva Ley propone así que las empresas contribuyan al desarrollo y bienestar de la sociedad promoviendo la autorregulación: ‘toda empresa debe contar con mecanismos propios de regulación, establecer un código de ética, tener valores clarificados y políticas definidas’, el respecto por la dignidad de sus trabajadores y por los Derechos Humanos en general, el respeto a las grupos de interés, al Medio Ambiente y la solidaridad con la sociedad en la que están insertas.
Las empresas que incorporen estos programas, obtendrán así ventajas competitivas, y ‘pueden innovar y anticiparse a la competencia’. La RSE ‘contribuye a la diferenciación y fidelización de clientes’, y actualmente, los activos intangibles, como la ética empresarial, la reputación, la confianza, etc, ‘son una fuente segura de generación de ventajas competitivas según opinan los académicos y expertos en el tema’.
Asimismo, la RSE ‘también favorece las inversiones y eleva el valor de la empresa; genera oportunidades comerciales y ventajas competitivas; contribuye al desarrollo sostenible; alienta la relación con los grupos de interés, crea sentido de pertenencia y retiene recursos humanos talentosos; consolida la cultura corporativa y mejora el clima laboral’.
Además, ‘constituye un factor clave de liderazgo empresarial; promueve la imagen y reputación de la empresa y facilita la generación de nuevas oportunidades de comunicación, entre otras ventajas’, contribuyendo así a desarrollar una estrategia y una cultura empresarial compatibles con los valores sociales, a consolidar una imagen de fidelidad y a legitimar la misión de la organización con los grupos de interés.

PROYECTO DE LEY

El Artículo 1 del Proyecto de Ley establece el objeto de creación de un Premio a la Responsabilidad Social Empresarial destinado a empresas y fundaciones empresariales con actividad social en la Capital Federal, una Comisión Organizadora compuesta por tres legisladores de distintos partidos y unos criterios de selección, ‘medibles y objetivos, que sirvan para medir el avance del impacto en la empresa y la sociedad de los distintos programas’. Este será el primer paso para obtener la Certificación.
También se establecen los plazos para la presentación de los proyectos, las categorías en que se premiarán y clasificarán éstos y la creación de un jurado independiente para cada edición, garantizando con su trayectoria y reconocimiento, la autonomía e independencia a la hora de definir los ganadores.
El Proyecto de Ley propone también la organización de seminarios desarrollados a propuesta de las empresas participantes y de la Secretaría de Desarrollo Social del Gobierno de la ciudad o el organismo que el Jefe de Gobierno defina para tal fin, contribuyendo al establecimiento de Programas de Responsabilidad Social Empresarial completos. Asimismo, se propone el apoyo a metodologías para la implantación de la RSE en todas las compañías.
Para beneficiarse de esta Certificación las empresas deberán presentar un programa integral que se enmarque en alguna de las categorías previamente determinadas por el Comité Organizador, y que además, esté instaurado y en pleno funcionamiento ‘con probada eficacia en el cumplimiento de objetivos sociales que contribuyan al bienestar y al desarrollo de la comunidad en que están inmersas dichas empresas’.
Las empresas que resulten ganadoras de estos premios de incentivos en cada una de las categorías recibirán una Certificación del Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires que acreditará a dichas empresas como ‘Socialmente Responsables’ y el beneficio de la publicidad oficial poniendo en conocimiento de la comunidad las acciones de las empresas premiadas.

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El Proyecto de Ley, que contempla la obtención de un certificado de empresa ‘Socialmente Responsable’, apunta, por un lado, a reconocer a aquellas empresas que promueven el desarrollo social y la mejora de la calidad de vida de sus trabajadores y de la población en general y por otro, tiene como objetivo incentivar a las empresas a que emprendan programas de RSE ‘buscando desencadenar un proceso de emulación para que estas acciones sociales se vean replicadas por más empresas’.
Según reza el documento presentado por Ravinovich ‘es importante recalcar que la RSE no es filantropía, sino un compromiso voluntario pero continuo de las empresas para hacerse cargo de los impactos que causa su negocio en las diversas partes interesadas’. ‘Se trata del cumplimiento de la función económica, social y ambiental que tiene una empresa, pero más allá de las expectativas que dicta la ley y que tiene la comunidad respecto a la compañía’, asegura.
La nueva Ley propone así que las empresas contribuyan al desarrollo y bienestar de la sociedad promoviendo la autorregulación: ‘toda empresa debe contar con mecanismos propios de regulación, establecer un código de ética, tener valores clarificados y políticas definidas’, el respecto por la dignidad de sus trabajadores y por los Derechos Humanos en general, el respeto a las grupos de interés, al Medio Ambiente y la solidaridad con la sociedad en la que están insertas.
Las empresas que incorporen estos programas, obtendrán así ventajas competitivas, y ‘pueden innovar y anticiparse a la competencia’. La RSE ‘contribuye a la diferenciación y fidelización de clientes’, y actualmente, los activos intangibles, como la ética empresarial, la reputación, la confianza, etc, ‘son una fuente segura de generación de ventajas competitivas según opinan los académicos y expertos en el tema’.
Asimismo, la RSE ‘también favorece las inversiones y eleva el valor de la empresa; genera oportunidades comerciales y ventajas competitivas; contribuye al desarrollo sostenible; alienta la relación con los grupos de interés, crea sentido de pertenencia y retiene recursos humanos talentosos; consolida la cultura corporativa y mejora el clima laboral’.
Además, ‘constituye un factor clave de liderazgo empresarial; promueve la imagen y reputación de la empresa y facilita la generación de nuevas oportunidades de comunicación, entre otras ventajas’, contribuyendo así a desarrollar una estrategia y una cultura empresarial compatibles con los valores sociales, a consolidar una imagen de fidelidad y a legitimar la misión de la organización con los grupos de interés.

PROYECTO DE LEY

El Artículo 1 del Proyecto de Ley establece el objeto de creación de un Premio a la Responsabilidad Social Empresarial destinado a empresas y fundaciones empresariales con actividad social en la Capital Federal, una Comisión Organizadora compuesta por tres legisladores de distintos partidos y unos criterios de selección, ‘medibles y objetivos, que sirvan para medir el avance del impacto en la empresa y la sociedad de los distintos programas’. Este será el primer paso para obtener la Certificación.
También se establecen los plazos para la presentación de los proyectos, las categorías en que se premiarán y clasificarán éstos y la creación de un jurado independiente para cada edición, garantizando con su trayectoria y reconocimiento, la autonomía e independencia a la hora de definir los ganadores.
El Proyecto de Ley propone también la organización de seminarios desarrollados a propuesta de las empresas participantes y de la Secretaría de Desarrollo Social del Gobierno de la ciudad o el organismo que el Jefe de Gobierno defina para tal fin, contribuyendo al establecimiento de Programas de Responsabilidad Social Empresarial completos. Asimismo, se propone el apoyo a metodologías para la implantación de la RSE en todas las compañías.
Para beneficiarse de esta Certificación las empresas deberán presentar un programa integral que se enmarque en alguna de las categorías previamente determinadas por el Comité Organizador, y que además, esté instaurado y en pleno funcionamiento ‘con probada eficacia en el cumplimiento de objetivos sociales que contribuyan al bienestar y al desarrollo de la comunidad en que están inmersas dichas empresas’.
Las empresas que resulten ganadoras de estos premios de incentivos en cada una de las categorías recibirán una Certificación del Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires que acreditará a dichas empresas como ‘Socialmente Responsables’ y el beneficio de la publicidad oficial poniendo en conocimiento de la comunidad las acciones de las empresas premiadas.

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