El gobierno ecuatoriano intensifica hoy sus acciones contra empresas públicas y privadas que cesaron a cientos de trabajadores y amenazó con sancionar a los responsables de estos despidos intempestivos.
"Salimos al frente para afirmar ante Ecuador la decisión del gobierno de la Revolución Ciudadana de defender la estabilidad y los puestos de trabajo de los ecuatorianos", resaltó la víspera el ministro de Trabajo, Antonio Gagliardo.
Puntualizó que quienes incurren en tipo de despidos realizan un acto ilegal, lo cual se sanciona con el pago de indemnizaciones, de acuerdo con el Código del Trabajo.
El titular llamó a la empresa estatal PETROECUADOR, administrada por militares, a garantizar la validez y la continuidad de los contratos de sus obreros, que hace un año sufrían por la intermediación laboral
Todos los trabajadores que fueron asumidos por las empresas públicas y privadas desde el 1 de mayo del 2008 tienen un contrato de trabajo por tiempo indefinido que conlleva la protección de su plaza, agregó
Gagliardo instó a Carlos Rivera, vicepresidente de PETROCOMERCIAL, filial de PETROECUADOR a cumplir con lo establecido en la ley y alertó que las actas de Finiquito de esa dependencia no cuentan con el aval de un inspector de trabajo, por lo cual no serán legalizadas. Los funcionarios de PETROECUADOR o de otra empresa pública que no cumplan con el Código Laboral pueden ser demandados por intentar expulsar a sus empleados al cumplir un año del contrato laboral, aseveró.
El ministro desmintió que se trate de despidos masivos y cierres de empresas, como anunciaron medios de prensa nacionales.
Poco después de las declaraciones del titular, la Comisión Legislativa (Parlamento) aprobó una resolución, con 51 votos a favor, uno blanco y ocho abstenciones, el la cual se piden sanciones para los empleadores que violentan los derechos constitucionales de los trabajadores de los sectores público y privado.
La disposición solicita además al ministerio de Trabajo a adoptar las medidas necesarias para garantizar la inmediata restitución de los trabajadores a sus puestos de trabajo con la finalidad de impedir el incentivo al despido intempestivo.