El malestar por el estancamiento en Washington sobre la reforma inmigratoria ha llevado a ciudades y estados a aprobar sus propias medidas, que en su mayor parte dificultan la situación de los trabajadores indocumentados y exigen que empleadores, policías e incluso caseros actúen como un solo frente.
El cabildo de la ciudad de Hazleton, Pensilvania, aprobó la semana pasada una de las más duras leyes. Estipula multas de 1.000 dólares a los empleadores y caseros que den trabajo o renten vivienda a los inmigrantes ilegales.
Gobiernos locales desde California hasta Idaho pasando por Florida estudian acciones similares. En los estados se han aprobado casi 60 nuevas leyes en meses recientes con un muy marcado énfasis restrictivo o punitivo.
"Es un completo fracaso de cualquier liderazgo en
Frente a las medidas locales queda en el aire la pregunta de si las leyes locales y estatales seguirán vigentes en caso de que el Congreso resuelva las diferencias entre el Senado y la Cámara de Representantes y apruebe una nueva ley federal de inmigración. Muchas serían sustituidas, reconocen autoridades _pero aducen que es mejor aprobar una medida local aunque no dure que quedarse con los brazos cruzados, sobre todo ahora cuando se desconoce si el Congreso llegará a un acuerdo.
Colorado y Georgia pusieron el ejemplo con leyes radicales que exigen como requisito la ciudadanía para otorgar servicios y también sancionan a los empresarios que dan empleo a inmigrantes ilegales.
En total, 27 estados han aprobado leyes que endurecen los requisitos para suministrar educación, empleo, servicios legales y documentos de identidad, según
Las 59 leyes nuevas que fueron registradas en las sesiones legislativas de este año significaron un gran aumento sobre las 37 legislaciones relacionadas con la inmigración del año anterior.
El lote de este año apunta considerablemente a contener a los inmigrantes, en contraste con años anteriores cuando hubo legislaciones combinadas, incluso algunas relajaban normas para otorgar servicios o educación.
"Legisladores y alcaldes quieren hacer que sus áreas sean tan inhóspitas como sea posible para los inmigrantes ilegales", consideró Susan Wysoki de la Federación para
La medida de Colorado, por ejemplo, podría retirar a 50.000 inmigrantes ilegales radicados en el estado de los programas de seguro médico, asistencia médica, seguro de desempleo, ayuda para servicios de energía y atención
para adultos y ancianos, según el gobernador Bill Owens, del Partido Republicano.
Los defensores de los derechos de los inmigrantes no esperan siquiera una respuesta de Washington. Amenazan con presentar demandas para impedir la promulgación de algunas de las nuevas leyes.
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