España: Tres millones de ocupados no tienen ningún tipo de cualificación

La mejora de la formación de los trabajadores es la gran asignatura pendiente en un mercado laboral como el español, en el que el 14,9% de los ocupados confiesan que no tienen ningún tipo de cualificación.
Según los últimos datos de la Encuesta de Población Activa (EPA) del primer trimestre de este año, hay en España, 2,9 millones de ocupados no cualificados, trabajando en empleos de escaso valor añadido. La experiencia de décadas pasadas indica que son los grandes candidatos a engrosar las filas del desempleo en caso de crisis o parón económico. Del total de trabajadores no cualificados casi una tercera parte (854.000 de 2,89 millones) son extranjeros, venidos al país para mejorar sus condiciones de vida. Muchos de ellos (458.000) proceden de América Latina (ecuatorianos, bolivianos, peruanos y colombianos, sobre todo), en los últimos tres años.
Los sectores de acogida para ellos han sido la construcción y los servicios, los más dinámicos en el último lustro, y los que han soportado el intenso crecimiento de la economía española.
El problema de la formación no se registra sólo en este grupo numeroso de ocupados, sino en los que ahora tienen trabajo con una cierta cualificación y no están recibiendo ningún cursillo en la empresa en donde trabajan para mejorar su capacidad laboral.
En el documento de reforma laboral, que sindicatos y patronal firmarán mañana en presencia del Gobierno, se reconoce la necesidad de apostar por este asunto, que ha quedado fuera de las negociaciones. ‘Las políticas laborales deben ir acompañadas de políticas sólidas en educación y formación en infraestructuras, investigación, desarrollo e innovación y en materia industrial y medioambiental, elementos esenciales para el crecimiento y la calidad del empleo’, se reconoce en el documento.
Unas veces porque las empresas no destinan los suficientes recursos dado su reducido tamaño y otras porque los mismos trabajadores no están concienciados de la importancia de la formación a lo largo de toda la vida, en un mundo cada vez más competitivo, lo cierto es que España se encuentra a la cola de los principales socios comunitarios en mejora de la cualificación de sus trabajadores. El actual modelo de formación continua pactado por sindicatos y patronal, está basado en acuerdos nacionales que se renuevan periódicamente desde hace 13 años, con financiación a cargo de las cotizaciones a la Seguridad Social y en el que participan los gobiernos autonómicos, corresponsables de su gestión. Sin embargo, su escasa aceptación (muchas empresas sólo gastan un 60% del presupuesto dedicado a ello) hace urgente una verdadera reforma también en este ámbito, algo sobre lo que sindicatos y empresarios se pondrán a la obra en los próximos meses, según han anunciado.

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El problema de la formación no se registra sólo en este grupo numeroso de ocupados, sino en los que ahora tienen trabajo con una cierta cualificación y no están recibiendo ningún cursillo en la empresa en donde trabajan para mejorar su capacidad laboral.
En el documento de reforma laboral, que sindicatos y patronal firmarán mañana en presencia del Gobierno, se reconoce la necesidad de apostar por este asunto, que ha quedado fuera de las negociaciones. ‘Las políticas laborales deben ir acompañadas de políticas sólidas en educación y formación en infraestructuras, investigación, desarrollo e innovación y en materia industrial y medioambiental, elementos esenciales para el crecimiento y la calidad del empleo’, se reconoce en el documento.
Unas veces porque las empresas no destinan los suficientes recursos dado su reducido tamaño y otras porque los mismos trabajadores no están concienciados de la importancia de la formación a lo largo de toda la vida, en un mundo cada vez más competitivo, lo cierto es que España se encuentra a la cola de los principales socios comunitarios en mejora de la cualificación de sus trabajadores. El actual modelo de formación continua pactado por sindicatos y patronal, está basado en acuerdos nacionales que se renuevan periódicamente desde hace 13 años, con financiación a cargo de las cotizaciones a la Seguridad Social y en el que participan los gobiernos autonómicos, corresponsables de su gestión. Sin embargo, su escasa aceptación (muchas empresas sólo gastan un 60% del presupuesto dedicado a ello) hace urgente una verdadera reforma también en este ámbito, algo sobre lo que sindicatos y empresarios se pondrán a la obra en los próximos meses, según han anunciado.

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