El Gobierno español trabaja en el desarrollo normativo de la prevención de riesgos laborales en la Universidad

MADRID.   El Gobierno está trabajando para el desarrollo normativo de la prevención de riesgos laborales en las universidades españolas, ya que no se adaptan al actual marco legal en materia de prevención, pensado para la empresa, con actividades concretas y un modelo estándar de gestión.

Así lo expresó hoy el secretario de Estado de Universidades, Màrius Rubiralta, en el marco de la presentación del informe ‘Prevención de Riesgos Laborales en la Universidad’, elaborado la Conferencia de Rectores de Universidades Española (CRUE), que revela que más de la mitad de los centros universitarios (60 por ciento) no cuentan con un plan de prevención aprobado por sus consejos de gobierno.

"La calidad de la oferta docente y la actividad académica no puede entenderse sin la calidad relacionada con la salud, el medio ambiente y la prevención", apuntó Rubiralta, para añadir que la incorporación de un Real Decreto a la normativa actual en este ámbito debe ser en colaboración con el Ministerio de Trabajo e Inmigración y "no de forma individual".

Por ello, destacó que la "importancia" del informe presentado hoy, que detecta las deficiencias existentes en el entorno universitario en materia de prevención y propone el desarrollo legal de la prevención en la universidad y las diferentes entidades –institutos universitarios, parques científicos o fundaciones, entre otras–, supone el "punto de partida" para la elaboración de un decreto.

Por su parte, el presidente de la CRUE, Ángel Gabilondo, indicó que si las universidades tienen el propósito de modernizar sus campus –dentro de la Estrategia Universidad 2015 del MCINN– esta iniciativa tiene que ser dentro de los parámetros de la "salud y la excelencia". Para ello, apuntó la necesidad de un RD que establezca un marco legal en materia de prevención.

2,5 TÉCNICOS POR UNIVERSIDAD

De los datos del informe, se desprende que la universidad está formada por 156.486 trabajadores, de los cuales el 94,2 por ciento pertenece a centros públicos y el 5,8 por ciento restante, a las universidades privadas. Por colectivos, casi 100.000 trabajadores (69,8%) forman parte del personal Docente e Investigador (PDI); y casi 57.00 empleados (36,2%) pertenecen al Personal de Administración y Servicios (PAS).

De las 64 universidades que han participado en la investigación, están compuestas por 208 campus, con 924 centros docentes, 2.429 edificios y casi 19,7 millones de metros cuadrados construidos. De estos edificios, 223 son considerados históricos.

Las universidades públicas tienen contratados un total de 127 técnicos superiores en Prevención de Riesgos Laborales (PRL), que asumen un total de 262 especialidades, lo que representa una media de 2,5 técnicos por universidad y 2,1 especialidades por técnico. "La prevención de riesgos no puede ser una anécdota en la universidad; el número de personas que trabajan en este ámbito es muy escaso", aseveró Gabilondo en relación a estos datos.

En relación al presupuesto específico destinado a la PRL, la media nacional corresponde a un 0,2 por ciento (100.754 euros) del presupuesto general de la universidad (22,7 millones de euros), aunque según el documento todas las universidades realizan inversiones indirectas en materia de prevención.

RIESGOS PSICOSOCIALES

Los resultados obtenidos en las mediciones de agentes físicos, biológicos y químicos confirman la "problemática" de efectuar estas medidas en la universidad, y de forma más concreta en los laboratorios, por la variabilidad y concurrencia de las actividades y productos utilizados. Así, los datos indican la "necesidad" de fomentar las buenas prácticas de trabajo en los laboratorios.

Asimismo, un 53 por ciento de las universidades no han realizado evaluaciones de los riesgos psicosociales. Una de las dificultades apuntadas consiste en la ausencia de modelos adecuados para la evolución de estos riesgos aplicables al entorno universitario.

Destapa, además, que si bien el 31 por ciento dispone de planes de autoprotección de los edificios, el grado de implantación efectiva de  los mismos no es suficiente, ya que sólo el 26 por ciento dispone de estos planes para la mitad de sus infraestructuras.

 

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