El gobierno de San Luis declaró ilegal el paro docente que impidió el normal inicio de las clases e intimó a los trabajadores a retornar a las aulas en un plazo de 24 horas, lo que fue rechazado por los trabajadores.
Los docentes de los cinco gremios de San Luis iniciaron hace cuatro semanas un paro por tiempo indeterminado reclamando que el sueldo básico, que es de 715 pesos sea elevado a 1.140 pesos.
Asimismo, rechazaron el incremento que les otorgó el gobierno provincial de un 10% en marzo y de un 5% en octubre próximo.
El jefe del Programa Relaciones Laborales del gobierno provincial, Alberto Lindow, declaró anoche la ilegalidad del paro, después de que el viernes los exhortara a levantar la medida.
Lindow tomó esa medida, al considerar que "es evidente la falta de intención y ánimo negociar por parte de las asociaciones sindicales en miras de lograr la paz social".
Agregó que "esta nueva resolución ratifica la resolución Nø 84 de la semana pasada en la que se intimaba a los docentes a volver a sus puestos de trabajo ya que se vulnera el derecho de niños y adolescentes de concurrir a las escuelas y a educarse".
Resaltó que la resolución "es una herramienta que le permitirá a los colegios privados exigir a los trabajadores y docentes a volver a las aulas y de no hacerlo los pueden considerar despedidos por incumplimiento".
En el caso del Estado provincial, el Ministerio de Educación podrá analizar y disponer las medidas para garantizar el normal desarrollo de las actividades escolares, dijo el funcionario.
La Asociación de Docentes Universitarios de la Universidad Nacional de San Luis repudió "la actitud del Ministro de Educación de San Luis que decidió descontar los días de paro de los haberes de los docentes provinciales".
La Asociación de Docentes Universitarios de San Luis resolvió continuar con el paro en rechazo al ofrecimiento salarial propuesto y este miércoles determinarán los pasos a seguir.
En tanto, el paro de los docentes de los tres niveles educativos, en establecimientos oficiales y privados, continúa cumpliéndose , con "más del 90 % de adhesión", según fuentes gremiales.
Las medidas de fuerza se extienden también a los trabajadores judiciales y de la salud, en demanda de mejoras salariales y otras reivindicaciones sectoriales.
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