Antecedentes del conflicto petrolero en Santa Cruz

Tras 23 días de paro, que tuvo comienzo el 2 de abril de 2011, como medida de fuerza por no conciliar el acuerdo salarial entre las empresas y los trabajadores y la sumatoria de la división del gremio en dos sectores,  el jefe del Sindicato de Petroleros, Héctor Segovia, fue suspendido de su cargo a través de una intervención por parte del Gobernador de Santa Cruz, Daniel Peralta. Los afiliados al sindicato respondieron a esto tomando varias sedes e iniciando huelgas en contra a la decisión de Peralta.
La mediación pedida por Peralta se debió a “la situación anárquica” que había dentro del sindicato y la falta de cumplimiento a la conciliación obligatoria dictada por las autoridades, luego de haber firmado un aumento del 23 por ciento para los trabajadores, que rápidamente fue anulada por una asamblea y llevó a la decisión de iniciar el paro. Los trabajadores pidieron realizar una nueva asamblea para revisar el convenio sin la presencia de Segovia pero aún así no lograron llegar a un acuerdo que beneficiara tanto a las empresas como a los trabajadores.
Por otro lado, Roque Vitale fue el elegido por el Ministerio de Trabajo como delegado normalizador, el cual prometió que su paso por el sindicato sería transitorio y corto y que esperaba tener una buena recepción por parte de los afiliados, aunque la intervención duró más de un año y los petroleros se resistieron a ella.
Los  reclamos paralizaron totalmente la mayoría de los yacimientos de la zona y sobre todo las que están en la cuenca del golfo de San Jorge, de las cuales se extraen un 95 por ciento de la producción de Santa Cruz y un 20 por ciento de la nacional. Gracias a esto se empezó a sentir la falta de combustible con el correr de los meses.
En Julio de 2011, Rosario Sica, Titular de la Federación de Expendedores de Combustibles (FECRA), le pidió a las petroleras y al gobierno que importara más combustible o que suba los precios entre un 15 y un 20 por ciento  para igualar a los países vecinos y así poder sobrellevar el desabastecimiento.
Casi todas las provincias sufrieron la escasés de combustible, aunque la situación se volvió más crítica en la zona central del país y en el noroeste. Mendoza, siendo una de las productoras más importantes, con un 35 por ciento de producción de nafta a nivel nacional, tuvo que presentar un proyecto ante la Cámara Baja para poder soportar la falta de combustible. En el noroeste la provincia más perjudicada fue Corrientes, que no sólo tiene el combustible a uno de los precios más elevados del país, si no que tuvo que lidiar con su falta en las estaciones de servicio.
La mayoría de las empresas produjeron la mitad de lo que normalmente se producía y eso conllevó a que marcas como Shell, Esso y Petrobras prácticamente no tengan combustible y aumenten el precio de sus productos, mientras que YPF tuvo que subirlos para poder igualarse y es casi la única marca en donde los automovilistas pueden conseguir nafta aunque y hay que tener suerte para conseguir las más económicas.
Por otro lado, el gobierno negaba la existencia de déficit energético y culpaba a los medios por crear esos rumores, lo cual fue refutado por el directivo de YPF Enrique Eskenazi, que atribuyó la falta a la gran demanda y a las inversiones insuficientes por parte del país, que los llevó a trabajar al límite. Según Eskenazi: "el país sigue produciendo cientos de miles de coches y las refinerías están al tope. Se está trabajando al 100 por ciento. Eso es algo inusual". Y agregó: "estamos descubriendo petróleo y gas y asegurando las reservas para el futuro. Decididamente es muy difícil ir a la par de la fabricación de coches, como es muy difícil hacer los caminos que se necesitan para el incremento del parque automotor". Aunque meses después la Presidenta Cristina Fernández de Kirchner ya había decidido el proyecto para YPF  pasara a manos estatales.
Un año y un mes después de la intervención al Sindicato de Petroleros, Héctor “Chaco” Segovia volvió a su puesto y ésta quedó sin efecto. Fue autorizado por el Ministerio de Gobierno de la Provincia de Santa Cruz, con el aval del gobernador Daniel Peralta, luego de que un grupo de dirigentes que fueron destituidos en 2011 junto a Segovia presentaran un petitorio a la delegación de la zona del Ministerio de Trabajo. Además, otra de las razones porque restituyeron a Segovia a su puesto es que las autoridades, tanto nacionales como provinciales, prefirieron una solución pacífica a este tema antes de que el Congreso Nacional aprobara el proyecto de nacionalización de YPF.
El futuro del sindicato estará en manos de Segovia por lo menos hasta el 4 de agosto de este año, cuando se vence su mandato original, pero sin antes llamar a elecciones para elegir a los nuevos mandatarios del gremio. Por otro lado, también confirmó que se expulsaran a varios ex miembros de la comisión y algunos delegados que estuvieron del lado de la Federación que intervino el sindicato.