Los ciudadanos de Buenos Aires ven con asombro e indignación como en pleno centro de la ciudad más de 4.000 bolivianos son sometidos a una siniestra forma de esclavitud, presos en talleres textiles y obligados a trabajar entre doce y catorce horas por día.
Un incendio ocurrido el jueves pasado en una de estas fábricas clandestinas, en el que murieron seis bolivianos, -entre ellos cuatro niños- fue el detonante que puso al descubierto una enorme red de tráfico de personas. Una verdadera «industria» de la esclavitud se mueve alrededor de estos talleres, propiedad de ciudadanos coreanos o miembros de la comunidad judía radicados en la capital argentina. El lunes, el Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires comenzó una serie de allanamientos, con los que logró la clausura de dieciocho de estas cárceles en las viven y mueren bolivianos. Según los inspectores del Gobierno porteño, estos talleres son difíciles de detectar porque funcionan en casas de familias, sin identificación exterior. «Esto supera cualquier inspección rutinaria de protección al trabajo; esto ya es un problema de derechos humanos», declaró una funcionaria a los medios.
Los inspectores del área de Trabajo no podían creer lo que veían. Y lo que vieron fue, entre otras cosas, a sesenta bolivianos (nueve familias) viviendo en mínimos cubículos de metro y medio, separados por cartones y compartiendo un solo servicio nauseabundo.

Los ciudadanos de Buenos Aires ven con asombro e indignación como en pleno centro de la ciudad más de 4.000 bolivianos son sometidos a una siniestra forma de esclavitud, presos en talleres textiles y obligados a trabajar entre doce y catorce horas por día.
Un incendio ocurrido el jueves pasado en una de estas fábricas clandestinas, en el que murieron seis bolivianos, -entre ellos cuatro niños- fue el detonante que puso al descubierto una enorme red de tráfico de personas. Una verdadera «industria» de la esclavitud se mueve alrededor de estos talleres, propiedad de ciudadanos coreanos o miembros de la comunidad judía radicados en la capital argentina. El lunes, el Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires comenzó una serie de allanamientos, con los que logró la clausura de dieciocho de estas cárceles en las viven y mueren bolivianos. Según los inspectores del Gobierno porteño, estos talleres son difíciles de detectar porque funcionan en casas de familias, sin identificación exterior. «Esto supera cualquier inspección rutinaria de protección al trabajo; esto ya es un problema de derechos humanos», declaró una funcionaria a los medios.
Los inspectores del área de Trabajo no podían creer lo que veían. Y lo que vieron fue, entre otras cosas, a sesenta bolivianos (nueve familias) viviendo en mínimos cubículos de metro y medio, separados por cartones y compartiendo un solo servicio nauseabundo.