SAN JUAN. "Tengo mucha incertidumbre porque no está claro lo que pueda pasar… llevo seis años trabajando en el gobierno y si me despiden deberé competir por otro empleo con esas 30.000 personas", que irían a la calle dijo Jonathan Morales, de 28 años, que trabaja en el Departamento de Recreación y Deportes.
Puerto Rico tiene un desempleo de 13% y durante años el gobierno ha sido el mayor patrono con cifras que van desde 200.000 a 300.000 puestos de trabajo.
El déficit fiscal es por 3.200 millones de dólares y el presidente del Banco Gubernamental de Fomento, Carlos García, advirtió en la víspera que el gobierno podría cerrar por falta de fondos para pagar la nómina.
José Rodríguez Báez, portavoz de la Coalición Sindical que organizó la manifestación, dijo que el plan de reconstrucción de Fortuño tiene el propósito de "destruir el servicio público".
"Son 30.000 empleados, padres de familia, que a diario gastan en el mercado y vienen los domingos al Viejo San Juan, va a haber menos personas que van a estar gastando y consumiendo, por eso habrá un impacto grande en la economía", dijo Limarys Pagán del negocio Karamelos.
"Como ciudadana y comerciante estoy preocupada porque día a día recibo empleados de gobierno y veo el ánimo. Creo que el estado de ánimo se va a poner peor", añadió la comerciante quien aseguró que desde el anuncio de los despidos el pasado martes ha visto una merma de un 30% en el volumen de ventas en su café.
Por su parte, el taxista Ramón Díaz, de 57 años, dijo que los despidos afectan porque "una vez ellos (los trabajadores despedidos) estén estancados, cada uno de nosotros vamos a estar igual porque tendremos menos trabajo".
Mientras, en el Capitolio se aprobaban _en medio de críticas de la oposición por la prisa del trámite_ varias medidas impositivas que componen parte del plan de recuperación económica de Fortuño.
Una de las propuestas duplicaría el impuesto que pagan las propiedades de un valor mayor a los 150.000 dólares.
Héctor Ferrer, portavoz de la minoría del Partido Popular Democrático en la Cámara, advirtió que la medida, contrario a lo dicho por Fortuño, afectará la clase media y trabajadora.
"Este impuesto va a afectar a casi todos los contribuyentes, a casi todos los dueños de hogares", sostuvo Ferrer.
También criticó otra medida que elimina la exención de pago de impuesto al consumo cuando un comerciante compra a otro. Advirtió que ese cambio provocaría un efecto cascada cuando esos pequeños negocios añadan ese costo al valor final de su producto.
Estas dos propuestas están en la legislación que implantaría el plan de estabilización fiscal, que incluye nuevos impuestos para algunos sectores, un programa de reducción de la nómina gubernamental y nuevas medidas de financiamiento.