Tomada negó que el bloqueo realizado a La Voz del Interior constituya un ataque a la libertad de prensa

El ministro de Trabajo, Carlos Tomada, negó que el bloqueo realizado por trabajadores canillitas a los diarios cordobeses La Voz del Interior y Día a Día haya constituido "un atentado a la libertad de expresión" y consideró que se trata de un "conflicto laboral".

El funcionario dijo que "esta idea nueva de introducir que cualquier conflicto laboral termina siendo un atentado a la libertad de expresión, es muy peligrosa, porque establece una suerte de subcategoría de trabajadores a los cuales se les cercenan los derechos colectivos de huelga".

"Basta con esta historia", reclamó Tomada y apuntó que "el tema de La Voz del Interior se parece a cualquier otro conflicto que ha habido últimamente, donde un conflicto laboral se convierte en un atentado a la libertad de expresión".

"Esta idea nueva de introducir que cualquier conflicto laboral termina siendo un atentado a la libertad de expresión, es muy peligroso, porque establece una suerte de subcategoría de trabajadores a los cuales se les cercena los derechos colectivos en materia de huelga", manifestó respecto a lo sucedido en la víspera en Córdoba.

Por ello, Tomada aseguró a radio América que "es una exageración" decir desde el sector empresario que "hay trabajadores que no pueden tener un conflicto o defenderse", a través de acciones gremiales.

Para el funcionario, "no hay demostración mayor de la libertad de expresión que lo que ha dicho todo el mundo y lo que han querido decir; lo que han podido, querido e imaginado".

Consultado, específicamente, por casos similares como los evidenciados por Clarín y La Nación, Tomada expresó que este "es un conflicto laboral de larga data y lo que no se puede hacer es seguir desconociendo; hay una operación mediática, colocar arriba el tema de la libertad de expresión y discutimos si Siri responde a Moyano o al gobierno".

Así se refirió el funcionario a la denuncia formulada por el diario Clarín por extorsión al sindicalista gráfico Luis Siri, a quien filmó en febrero cuando reclamó 9 millones de pesos para desactivar protestas, y donde reveló contactos con el gobierno y el sindicalismo.

Para el responsable de la cartera laboral, "acá hay un conflicto laboral y sindical", porque "no se dejó entrar a los delegados durante años" a las instalaciones de la empresa Artes Gráficas Rioplatense (AGR), del Grupo Clarín.

Agregó que desde el gobierno "forzamos la instalación de los nueve delegados de la comisión interna" oportunamente despedidos y consideró que en AGR "están pendientes una serie de reclamos laborales, vinculados con salarios adeudados, y esto es todo lo que está ocurriendo".

"No tengo claro cuál es la validez jurídica (de la filmación realizada a Siri) y me sorprende mucho este tema de la grabación secreta" dijo Tomada y agregó que este caso resulta "medio extraño".

"Es otro tema y forma parte del diálogo entre AIDI y la empresa, y de lo que hay que hablar, es de cómo se resuelve este conflicto que bloqueo la libertad sindical", acotó.

Por su parte, la diputada radical por Córdoba, Silvia Storni, repudió el bloqueo y sostuvo que lo ocurrido "se trata básicamente del ejercicio directo de la violencia sobre la democracia misma".

Storni manifestó su "más enérgico repudio a este grave atentado contra la libertad de expresión".

La legisladora definió lo sucedido como el "ejercicio directo de la violencia sobre la democracia misma", siguiendo la línea que mantuvo la semana pasada cuando con también se produjo un bloqueo en la planta impresora de los diarios porteños Clarín y La Nación que impidió la distribución de la edición dominical de ambos matutinos.

 

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