El polémico secretario de Comercio Interior, Guillermo Moreno, podría tomar esta semana el control de la fábrica de pinturas Tersuave, en San Luis, cerrada hace cinco meses, si el Gobierno decide estatizarla.
La administración de Cristina Kirchner decidirá este martes si avanza con la estatización de la fábrica de pinturas cerrada por sus dueños y con casi 160 operarios suspendidos.
Moreno llevará su propuesta -que sería la de estatización- al "gabinete productivo", integrado por los ministros Amado Boudou, Carlos Tomada y Débora Giorgi.
El polémico funcionario se comprometió a analizar y plantear en el "gabinete productivo" la situación de la planta de pinturas ubicada en la localidad sanluiseña de Villa Mercedes.
La intención de este funcionario sería que el Estado intervenga en la fábrica para estatizarla, tal como lo hizo en la papelera Massuh, en Quilmes, y la autopartista Mahle, en Rosario.
La representante legal de Tersuave, Marina Fernández, dijo a un matutino que "todo esto se trata de una fábula, sin fundamentos y con un trasfondo político claro, como es transformar una empresa seria en una cooperativa".
Por otra parte, el secretario general de la Unión de Personal de Fábricas de Pinturas, Pedro Zambelletti, desconoció las gestiones de "ex delegados" ante Moreno.
Moreno recibió la semana pasada en su despacho a los delegados de la fábrica, quienes denunciaron que desde febrero último el dueño de Tersuave, el empresario cordobés Roberto Torres, decidió un "lockout patronal" y cerró las instalaciones.
De ese encuentro, los gremialistas se llevaron la impresión de que Moreno podría encarar en Tersuave una gestión similar a la que cumple Papelera "Quilmes" y Mahle, donde se hizo cargo del management.
Así lo indicó el delegado gremial, Roberto Quiroga, quien dijo que la medida llegó luego de que la empresa se negara a abonar un premio comprometido con el personal.
Trabajando a pleno, Tersuave venía produciendo unos 140 mil litros diarios, de los cuales gran parte estaban siendo exportados sin complicaciones.
Este conflicto comenzó el 3 de marzo con el inicio del lock-out y derivó, en solidaridad, en el corte de la ruta N° 7 de más de 3.000 trabajadores de más de 20 fábricas que se encuentran radicadas en el Parque Industrial de Villa Mercedes.