MADRID. La Ministra de Administraciones Públicas, Elena Salgado, aseguró hoy que ni los ciudadanos ni la propia Administración se verán afectados por la reducción de la oferta de empleo público que anunció el presidente del Gobierno, José Luis Rodríguez Zapatero, la semana pasada dentro del segundo paquete de medidas para hacer frente a la desaceleración de la economía.
En declaraciones a TVE recogidas por Europa Press, Salgado aseguró que el recorte de la oferta en un 70% no afectará a los servicios que son "esenciales" para los ciudadanos, como la seguridad, la Policía o la Administración de Justicia, áreas en las que, según Salgado, el Gobierno cree que hay incrementar los medios de los que ahora dispone la Administración.
Además, Salgado señaló que la introducción de nuevas medidas de reforma en la administración para simplificar los trámites a los ciudadanos van a conseguir que la administración electrónica sea por fin una realidad, por lo que contribuirán a minimizar los efectos del recorte de la oferta de empleo público en los españoles. "A finales del 2009 todos los servicios públicos van a ser accesibles por vía electrónica", señaló.
De esta forma, reiteró que los ciudadanos no van a verse perjudicados "en absoluto" por la propuesta del Ejecutivo, al tiempo que aseguró que cuando la situación económica mejore, el Gobierno podrá compensar la reducción de la oferta durante el periodo de desaceleración.
Preguntada sobre si España está o no saturada de empleados en la Administración Pública, Salgado señaló que España está en la media europea, y aseguró que hay países como Francia que tienen "muchos más empleados públicos". "Lo que hace falta es tener la administración pública con el tamaño que convenga a nuestro país", indicó.
Sobre la diferencia de salarios entre una administración y otra, la ministra aseguró que la fijación de las retribuciones del personal es competencia de las CC.AA., aunque siempre respetando las retribuciones básicas que son las mismas en todo el Estado.
Así, señaló que lo único que puede hacer el Ejecutivo es pedir responsabilidad a las CC.AA. para facilitar la movilidad racional entre administraciones sin perjudicar a la economía nacional ni a la financiación del conjunto de las administraciones. "Yo creo que lo que se impone pues es un acuerdo entre las administraciones, pero no nada que pueda ser obligado con fuerza de ley", indicó.
ACUERDO SOBRE FINANCIACIÓN ANTES DE QUE ACABE EL 2008.
Preguntada por la reforma del sistema de financiación autonómica, Salgado reiteró que el Gobierno confía en alcanzar un acuerdo basado en el consenso que dé respuesta a las nuevas necesidades de un país que cuenta con cuatro millones de habitantes más. "Ahora hay un sistema (de financiación) que no tenía previsto los cambios en la población", indicó.
Además, recordó que el vicepresidente segundo del Gobierno y ministro de Economía y Hacienda, Pedro Solbes, planteará el próximo mes las líneas básicas del esquema de financiación sobre el que se basará "ese gran acuerdo" que llegará antes de que acabe 2008.