BUENOS AIRES. El proyecto que presentó anoche el diputado oficialista Héctor Recalde propone que en un plazo de tres años desde aprobada la ley todas las empresas que funcionen en el país repartan el 10 por ciento de sus ganancias entre los trabajadores de forma anual.
Si bien en un principio había trascendido que la división de utilidades se daría en las empresas de más de 300 empleados, finalmente el proyecto estableció que la línea entre los que repartirán y los que no se fijará sobre la base de las ganancias de cada una y no por su cantidad de trabajadores.
En el artículo 31 del texto, Recalde estableció que durante el primer año desde aprobada y promulgada la norma repartan sus ganancias las compañías que tengan más de 300 empleados.
A partir del segundo año de entrada en vigencia la ley tendrán que sumarse las empresas que superen los 100 trabajadores, en tanto que después del tercer año de la aprobación de la norma todas las compañías tendrán que acatar la disposición.
El proyecto del diputado kirchnerista establece que el 10 por ciento de las ganancias se reparta “de forma anual” entre todos los trabajadores, pero aclara que ese monto no afectará a los aportes patronales, es decir, que no será remunerativo.
También fija la creación de un Consejo Nacional de Participación Laboral, que funcionará como autoridad de aplicación de la ley, en la órbita del Ministerio de Trabajo. Ese organismo estará conformado por representantes del Poder Ejecutivo, de las entidades empresarias y los trabajadores, que podrán fiscalizar los números de las compañías.
Una de las funciones principales del Consejo será fijar un mínimo de ganancias a partir del cual se aplicará la ley.
Según el texto de Recalde, un 5 por ciento del total de las ganancias que se distribuyan entre los empleados será destinado a la creación de un “Fondo Solidario”.
En tanto, el 95 por ciento restante del monto a dividir será repartido de forma “proporcional” a los días trabajados y según lo que cobre cada empleado, es decir, que el que gane más recibirá un porcentaje mayor.
La ley plantea excepciones a empresas que no deberán repartir sus ganancias y en ese punto establece que “por dos años” -desde aplicada la ley- no se sumarán a la norma las compañías que “tengan menos de dos años de antigüedad”. Ese grupo recién deberá acatar la medida cuando cumpla los dos años de actividad.
Tampoco deberán repartir sus utilidades “durante los primeros cuatro años de aplicada la ley” las empresas que se dediquen al rubro de “bienes o servicios nuevos”.
En tanto, quedarán exentas de dividir sus ingresos las fundaciones privadas con personería sin fines de lucro y las asociaciones cooperativas.
Según señala la iniciativa de Recalde, el Consejo Nacional de Participación Laboral establecerá un mínimo de ganancias anuales, por lo que las empresas que recauden menos de esa cifra tampoco dividirán sus ganancias.
A la vez, el texto del diputado oficialista establece que la ley entrará en vigencia “el año siguiente a su promulgación”.