MADRID. El sistema de pensiones entrará en déficit en 2022 si no se toman medidas como el alargamiento de la vida laboral, según una comisión de expertos creada a instancias de la patronal de las aseguradoras (UNESPA) y presidida por el ex ministro Rodrigo Rato, que pidió consenso político-social para modificarlo.
En la presentación de las conclusiones de la comisión, Rato defendió que, para prolongar la vida laboral, se tienen que suprimir los incentivos públicos a las prejubilaciones y eliminar la edad obligatoria de jubilación, al tiempo que se debe premiar a quienes más tarde dejen la vida activa.
‘El sistema español de bienestar social merece la pena y no hay que escatimar esfuerzos para que siga siendo como es’, declaró Rato, quien no obstante avisó de que las reformas ‘deben ponerse en marcha con cierta urgencia’ para garantizar su sostenibilidad.
El problema es que actualmente los ciudadanos cada vez trabajan menos años y la edad real de jubilación se sitúa en 63 años, frente a los 65 de edad legal, a lo que hay que añadir el fuerte envejecimiento de la población, que provocará que en 2030 uno de cada tres españoles tendrá más de 60 años.
El estudio destaca que el sistema de pensiones asegura un subsidio equivalente al 81,2% del salario mediano y aboga por reformar los cálculos para determinar las pensiones.
La comisión -formada por el ex secretario general de CCOO José María Fidalgo, el economista Xabier Sala i Martín, el ex ministro de Industria Juan Manuel Eguiagaray, el sociólogo Víctor Pérez Díaz y el ex secretario general de Empleo Juan Chozas- aboga además por combinar la pensión pública con una privada, aunque también critica a aseguradoras y banca por no haber mejorado sus características.
En la presentación, los expertos insistieron en la necesidad de consenso de los distintos agentes y partidos políticos para acometer las reformas, que deben ir precedidas de un amplio debate público.
El estudio, que remitirá la patronal de las aseguradoras al Gobierno, a los partidos políticos, los agentes sociales, los miembros del Pacto de Toledo y las Comunidades Autónomas, entre otras instituciones, urge a abrir el debate social con el objetivo de lograr un consenso y tomar las medidas lo antes posible.
‘Las medidas para un sistema de pensiones hay que tomarlas 15 ó 20 años antes para que tengan sus efectos’, declaró Rato en la presentación del estudio, en la que también afirmó que ‘estamos convencidos de que la clave de la sostenibilidad del sistema es el alargamiento de la vida laboral’.
El ex ministro y futuro presidente de Caja Madrid recordó que la edad legal de jubilación se fijó en 65 años en 1900.
‘Todos tenemos que tener en la cabeza que las cosas han cambiado’, añadió Rato, que insistió en que ‘hay que desincentivar de manera decidida las jubilaciones masivas’, así como ‘eliminar el mecanismo de jubilación obligatoria’.
‘Los sistemas de pensiones no pueden usarse como ajustes del mercado laboral’, apostilló, a la vez que reclamó que se incentive el retorno al trabajo de las personas mayores.
En cualquier caso, Fidalgo resumió que ‘el alargamiento de la vida laboral es la precondición para todo lo demás’, si bien el economista Sala i Martín matizó que esa prolongación dependerá de los esfuerzos que se hagan para eliminar los incentivos públicos a las prejubilaciones.
El estudio también alerta sobre la necesidad de mejoras en la Sanidad -en 2020 los gastos sanitarios supondrán el 16% del PIB- y en el sistema de atención a las personas dependientes.
De hecho, Rato sostuvo que el envejecimiento no es la única amenaza para la Sanidad, sino también el aumento de los costes y la sobrecarga de la asistencia sanitaria pública.
La presidenta de UNESPA, Pilar González de Frutos, suscribió las conclusiones del estudio, que se ha elaborado durante casi 18 meses y con el que pretende ‘abrir el debate social’ sobre la necesidad de reformar el sistema de pensiones.