Ocaña dijo que gente de Moyano quiere su ministerio

La ministra de Salud, Graciela Ocaña, blanqueó su pulseada con el jefe de la CGT, Hugo Moyano, al asegurar que "gente" vinculada con el líder sindical pretende quedarse con su ministerio y no descartó la posibilidad de presentar su renuncia antes o después de las elecciones.

Ocaña dijo que le parecían raras las palabras de Moyano, quien había afirmado que la funcionaria debía seguir al frente de la cartera.

"Qué raro, porque ayer escuché que gente que está con Moyano quiere mi ministerio", sostuvo la funcionaria en una entrevista al canal América 24.

Aunque sin nombrarlo, Ocaña se refirió a los dichos de Pablo Moyano, hijo del líder cegetista, que había reclamado "ocupar lugares de decisión como un ministerio y distintos lugares donde se generan las políticas de defensa de los trabajadores".

Ocaña agregó que "no corresponde ni a Moyano ni a ningún otro poner o sacar ministros", puesto que "esa es una decisión de la Presidente" Cristina Kirchner.

Y si bien no confirmó los trascendidos que afirman que dejará su puesto después de las elecciones legislativas de junio, tampoco los negó.

"Todos los ministros sabemos cuando asumimos que hemos presentado nuestra renuncia. Puede ser después de las elecciones o puede ser mañana mismo, la decisión está en la Presidencia. Nosotros somos secretarios del Poder Ejecutivo Nacional", sostuvo Ocaña.

Y agregó que se encuentra "trabajando con un enorme compromiso, todos los días, muchas horas, para solucionar en parte los problemas que los argentinos tienen en los temas sanitarios", y que en todo caso la decisión de su renuncia la comunicará "oportunamente".

La pulseada entre Ocaña y la CGT se enmarca en su negativa a ceder a los gremios unos 1700 millones de pesos de la Superintendencia de Salud la dejaron al filo de la renuncia, luego de su enfrentamiento con el ex titular del área Héctor Capaccioli.

Tras el desplazamiento del funcionario, su lugar fue ocupado por el ex abogado del gremio de Camioneros Juan Rinaldi, quien impidió la entrega de 100 millones de pesos a obras sociales sindicales que había aprobado su antecesor, debido a que la CGT nunca rindió los gastos de un envío de fondos anterior.

 

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