La ex ministra de Salud Graciela Ocaña cuestionó la decisión oficial de aumentar los recursos a las obras sociales, al advertir que esos fondos "pueden ser desviados en otros sentidos".
"En ciertos casos, el dinero va al patrimonio particular de algunos dirigentes sindicales y no para mejorar las prestaciones", aseguró Ocaña.
La también ex interventora se refirió así a la decisión de la presidenta Cristina Kirchner de elevar en 30 por ciento el monto mínimo garantizado por cada beneficiario, mediante un fondo superior a los 3000 millones de pesos.
"Preocupa que ese dinero sea usado por las obras sociales. Este dinero no es del Estado ni de los sindicatos, es una parte de los aportes de los trabajadores para garantizar prestaciones de alto costo", resaltó Ocaña.
Para la ex funcionaria sería "grave" que la medida anunciada por el superintendente de Servicios de Salud, Ricardo Bellagio, a través de dos matutinos, sea implementada.
Bellagio argumentó que la decisión se debe a que creció más que lo previsto la recaudación del Fondo Solidario de Redistribución (FSR) que financia esa garantía.
El piso garantizado significa que dicho Fondo le transfiere a las obras sociales la diferencia entre lo que recaudan de sus afiliados y los valores mínimos garantizados.
"Es una forma de apropiarse recursos, una forma de corrupción muy importante", alertó la ex funcionaria, quien renunció al Ministerio de Salud en medio de una fuerte pelea con el secretario general de la CGT, Hugo Moyano.
Precisamente, apuntó contra el jefe sindical al asegurar que "en algunos casos, como en (el Sindicato de) Camioneros", la administración de estos fondos está a cargo de empresas "que son justamente de la familia Moyano".
El traspaso del FSR a las obras sociales "era siempre la aspiración de Hugo Moyano", agregó Ocaña y enfatizó que algunos gremialistas "creen que estos recursos son propios".
"Esto es grave porque este 30 por ciento tampoco explica muy bien a santo de qué, más que para poder repartir este fondo", sostuvo.
La determinación oficial fue tomada en medio de la disputa entre el sindicalismo peronista y algunas agrupaciones gremiales de izquierda y pareció un gesto de apoyo del Gobierno al sistema gremial vigente.