GRANADA. La cara más amarga de la crisis económica por la que atraviesa este país es, sin duda alguna, el reguero de parados que mes tras mes se incorpora a las oficinas de los diferentes servicios de empleo con que cuentan las comunidades autónomas. Una situación ésta que exige que el presupuesto destinado por el Estado para cubrir las diferentes prestaciones que amparan a quien ha perdido su empleo y cumple con los requisitos para tener derecho a una de ellas, se disparase el pasado año sobre lo inicialmente previsto y que muy probablemente vuelva a ocurrir en el presente.
Baste señalar a este respecto que en 2008, los Presupuestos Generales del Estado (PGE) contemplaban 15.000 millones de euros para cubrir el coste del desempleo, pero finalmente han tenido que ser desembolsados 21.000 ante el dramático incremento del número de parados. Y si en 2008 la crisis hizo su aparición, al acentuarse en el presente año sus daños serán mucho mayores en la materia de la que se trata. Por ello, el Ministerio de Economía y Hacienda ha previsto una dotación de 19.500 millones para idéntico capítulo, pero distintos expertos consideran que el coste real del desempleo se elevará hasta los 30.000 millones para dar una cobertura similar a la del pasado ejercicio.
Pese a lo que pudiera parecer y pese a que España es uno de los países del mundo que hasta la fecha mayor cobertura social da a quienes han tenido la desgracia de perder su puesto de trabajo, no todos los parados cuentan con el amparo por parte del Estado. Y no la tienen, obviamente, porque no reúnen alguno de los requisitos que exige la actual legislación y que cumple a rajatabla el Ministerio de Trabajo e Inmigración a través del Instituto Nacional de Empleo (Inem), que es el que se encarga de tramitar todas las ayudas existentes. La casuística es amplia: desde quienes estuvieron en activo un tiempo escaso y no cubrieron las cotizaciones necesarias hasta quienes han agotado los periodos de cobro de las distintas prestaciones, que en muchos casos se enganchan unas a otras.
El caso concreto de la provincia de Granada es significativo de todo lo anterior. Los últimos datos publicados por el Inem en sus estadísticas y que hacen referencia al pasado mes de diciembre –son los últimos disponibles– no dejan lugar a dudas. Al término de ese mes, el conjunto de la provincia granadina tenía registrados a 69.794 parados, de los que un total de 48.476 cobraban alguna de las prestaciones por desempleo en vigor, que son las contributivas, las de subsidio y las de renta activa de inserción. Aproximadamente, un 70% del total.
Si se desglosan una por una las diferentes prestaciones, podremos apreciar que las de carácter contributivo –por las que se ha cotizado cuando se está en activo– son las más numerosas y afectaban en el mes de referencia a 28.984 parados, aproximadamente un 41% del total. Tras las anteriores se encuentran las prestaciones de subsidio por desempleo, que suman 17.246 y suponen un 24,70% sobre los parados granadinos. Por último, la renta activa de inserción ocupa un lugar mucho menos relevante con 2.246 prestaciones, que significan un 3,21%.
Montantes económicos
Granada se lleva cada mes un buen montante económico por parte del Estado para hacer frente a los distintos tipos de prestaciones por desempleo, aunque ciertamente no tiene nada que ver con el de provincias como Madrid, Barcelona o Sevilla que presentan registros astronómicos. En el pasado mes de diciembre, el coste de las ayudas de tipo contributivo alcanzó los 36.565.000 euros, mientras que las de subsidio importaron 8.328.000 y las de renta activa de inserción supusieron 966.000.
Si a las cifras anteriores se le suman los 7.393.000 euros que el Inem destina a los eventuales agrarios –técnicamente no tendrían que aparecer como parados–, el volumen total abonado en diciembre pasado fue de 53.252.000 euros. Para que se hagan una idea, algo más de 8.860 millones de las antiguas pesetas.
Si descendemos un poco más en este apartado, obtenemos la cuantía media que en ese periodo de referencia recibieron los granadinos en situación de desempleo y que alcanzó un poco más de 810 euros mensuales. No obstante lo anterior, la percepción del citado diciembre de quienes tuvieron una prestación contributiva fue mucho mayor y alcanzó los 1.261 euros por término medio.
Hay que señalar que esta cantidad oscila de forma considerable en función del caso concreto de cada perceptor y del tiempo de cotización que haya cumplido.
Se trata de sobrevivir
Hasta aquí la situación de quienes reciben prestaciones tras haber perdido su puesto de trabajo. Pero ¿y quiénes ni siquiera tienen derecho a las mismas? Desde el Inem se asegura que se plantean muy diversas ‘soluciones’: desde quien convive con su pareja y ésta mantiene un empleo, pasando por los que hacen uso de los ahorros acumulados o de la indemnización percibida de la empresa cuando le echaron de su trabajo. Muchos otros sobreviven con ayudas de familiares y amigos, que completan con pequeños trabajos –chapuzas que surgen aquí o allá– que les permiten ir tirando. Hay quien ha tenido que deshacerse de parte o la totalidad de su patrimonio para disponer de recursos imprescindibles.
Pero el Gobierno no quiere dejar desatendidos a estos colectivos, cada vez más numerosos, y ha impulsado en las últimas semanas distintas medidas que contribuyan, precisamente, a paliar situaciones cada vez más comprometidas. Así, desde el Ministerio de Economía y Hacienda se ha dado ‘luz verde’ a que los parados que cuenten con un plan de pensiones puedan recuperar éste sin penalizaciones siempre y cuando hayan agotado la prestación contributiva. Varían así los requisitos vigentes desde hace 9 años y según los cuales solo los parados de larga duración o quienes padezcan una grave enfermedad podían rescatar lo ahorrado.