Hace algunas décadas, un presidente de Etiopía surgido de un golpe de Estado declaró que su programa de gobierno consistía en implantar en su país una democracia como
Esa alta consideración que se tenía a sistemas que habían tratado de implantar democracias con mayor justicia social, desapareció con el auge neoliberal de los años noventa. Así, el sistema económico y social escandinavo quedó relegado en la consideración pública, dado el monopolio que ejerció el neoliberalismo, tanto en la acción de los gobiernos como en el ámbito académico.
Ahora, con el derrumbe de la economía neoliberal, la situación ha cambiado. Los neoliberales, o bien sostienen que se aplicaron mal sus principios, o proceden como si esa época nunca hubiera existido. Sin embargo, ya no se sostiene que el Consenso de Washington es la única solución, y se revalorizan los modelos alternativos. En ese sentido, existe un resurgimiento del sistema escandinavo, que, siendo capitalista, no es para nada neoliberal. En Europa, se multiplican los estudios sobre ese modelo, al que se presenta como una alternativa deseable y viable al modelo anglosajón. Entre esos análisis, sobresale el de Robert Boyer, titulado La flexiguridad danesa (flexibilidad con seguridad), Editions rue d’Ulm, París, mayo de 2006). El profesor Boyer es un distinguido académico francés y uno de los creadores de la teoría de la regulación, que es uno de los pocos aportes valiosos y originales a la teoría económica que se ha elaborado en las últimas décadas.
El profesor Boyer analiza primero la situación de los países escandinavos, caracterizada por un nivel de vida equivalente al de Estados Unidos, por un ritmo de crecimiento análogo al de los demás países desarrollados, con excedente en el comercio exterior y con equilibrio o superávit en el presupuesto público. Su rasgo distintivo es que supera a los otros países desarrollados en desarrollo social. La tasa de sindicalización es muy elevada; el empleo público supera al 25% del empleo total; la tasa de empleo es una de las más altas del mundo; la desocupación es baja. En síntesis, muestra que la justicia social no es incompatible con el crecimiento económico.
Después de un pantallazo sobre Escandinavia, el profesor Boyer se concentra en el caso de Dinamarca y dentro de él, en las relaciones laborales. Se trata de un viejo pacto, que data de 1899, por el cual se les reconoce a los empresarios el derecho de gerenciar el empleo y el trabajo para preservar la adaptación de las empresas a la competencia y, en contrapartida, el reconocimiento del sindicato como defensor de los derechos de los asalariados y la conquista de una cierta seguridad.
Más de un siglo después, Dinamarca está abierta a la competencia internacional, los impuestos y las contribuciones sociales absorben cerca de la mitad del producto interno bruto, se indemniza a los desocupados en peor situación con el 90% del salario durante 4 años, y la tasa de sindicalización es del 80%.
En ese contexto, existe una política original respecto del empleo. No se procura conservar el empleo: por el contrario, el empleador tiene gran flexibilidad para despedir a sus asalariados. Cada año, casi el 30% de la mano de obra cambia de empleo, una cuarta parte de los cuales sufre un corto período de desocupación; el desempleo de larga duración es del 1%. Las empresas que predominan son las medianas y pequeñas. Se pregunta el profesor Boyer por qué los asalariados aceptan esta situación de inseguridad laboral extrema. La respuesta es que existe una generosa indemnización por desempleo, que dura hasta 4 años, y una vigorosa política de empleo. La fuerte indemnización por desempleo evita la pauperización del desocupado y suprime la incertidumbre respecto de sus ingresos. El pacto consiste en otorgar a los empleadores la facultad de despedir a sus asalariados y, en contrapartida, dar una garantía de ingresos a los desocupados e integrarlos a un proceso que los reincorpore al trabajo. Todo ello, con un fuerte control que evite abusos.
Existen cuatro programas de empleo. El primero es de empleos subvencionados en el sector privado (el empleador recibe una ayuda pública que corresponde a la mitad del salario mínimo); el segundo es el de acceso a empleos en el sector público; el tercero consiste en un programa de formación o de educación; y el cuarto comprende diversos programas de ayuda a desocupados. Las estadísticas muestran que el procedimiento más eficaz fue el de subvenciones al sector privado. El costo de esos programas en 2002 fue del 4,63% del PIB, de los cuales 1,58% fue para las medidas activas (por ejemplo, la formación) y 3,05% para las medidas pasivas (indemnizaciones de desocupación y jubilaciones anticipadas).
El sistema danés se contrapone al utilizado en la generalidad de los países, que ponen énfasis en la conservación del empleo pero que, si hay despidos, fallan después en dar una adecuada protección al desempleado. La pauta danesa es la inversa: la ley no preserva el puesto de trabajo, pero protege de modo generoso a los desempleados y después les organiza trayectorias individuales de retorno al empleo. En los hechos, la tasa de desempleo era de 12% en 1993 y bajó al actual 5%. El sistema anglosajón es muy diferente, ya que obliga a aceptar trabajos a los desocupados porque las indemnizaciones por desempleo son bajas y cortas en el tiempo.
El profesor Boyer concluye que el modelo danés se basa en tres ejes. El primero consiste en la demostración de que la “euroesclerosis” y la declinación no son inevitables. El segundo es la combinación entre una alta productividad, salarios elevados y una cobertura social muy extendida, en una economía abierta a la competencia internacional; se estructura así una alternativa que rechaza la baja productividad, los salarios magros y la débil cobertura social. El tercero es la posibilidad de un compromiso entre dos exigencias opuestas, que son la adaptabilidad de las empresas y la seguridad de los asalariados.
¿Qué utilidad tiene para la Argentina el conocimiento de la experiencia danesa en materia de empleo? Por supuesto, se trata de una realidad muy distinta a la nuestra, y pretender aplicarla acá tendría la misma sensatez que la del presidente etíope citado al principio. Cada país tiene sus propias modalidades, su historia, su cultura, su estructura de poder y económica, su nivel de productividad, su tradición sindical y sus recursos. Sin embargo, es útil saber que no existe un modelo único de flexibilidad laboral y que el que se pretendió aplicar en la Argentina daba mayores facilidades para despedir asalariados, pero no los protegía después. Era un subprograma referido al empleo dentro del modelo neoliberal y, en consecuencia, favorecía a los empleadores sin ninguna contrapartida o compensación relevante para los asalariados.
El modelo danés muestra que existen otras modalidades de capitalismo que no son neoliberales y que aplican un sistema de flexibilidad laboral con protección a los desempleados; pero cuesta el 4,6% del PIB, lo cual es aplicable en un país con una presión tributaria del 50% del PIB (en Argentina es de menos de la mitad que en Dinamarca). Sin una protección sustancial a los desocupados y sin un plan de empleo, la flexibilidad laboral se convierte en un ingrediente más del neoliberalismo salvaje. Lo cual no quiere decir que haya que optar por un “despido fácil”, sino insertar la política de empleo dentro de un plan global.
