La Cámara Federal porteña ordenó profundizar una investigación contra el titular de la Confederación General del Trabajo (CGT), Hugo Moyano, en la compra de una estancia en la provincia de Buenos Aires.
Fuentes judiciales informaron que la medida fue adoptada luego de que el juez federal Norberto Oyarbide dispusiese el archivo del expediente y tras el recurso de apelación que interpuso el fiscal Carlos Rívolo.
La denuncia la había realizado el fiscal federal Oscar Amirante, luego de recibir un correo electrónico firmado por un particular identificado como "Nicolás Martella", en el que se hacía referencia al "supuesto origen ilícito del dinero con el que el sindicalista Hugo Moyano habría adquirido la propiedad de la estancia San Ignacio", en la localidad de Henderson.
En el expediente, se pudo determinar a raíz de informes oficiales que la titularidad del establecimiento rural es de la firma Calema SA.
A su vez, un artículo publicado en un periódico porteño en setiembre de 2006 daba cuenta de que los titulares de esa empresa tendrían vinculaciones con el líder de la Unión Tranviarios Automotor (UTA), Juan Manuel Palacios, entonces sindicado como "la mano derecha" de Moyano.
Sin embargo, en primera instancia, el juez Oyarbide concluyó que no se había podido comprobar la información que daba cuenta de Moyano.
Ello derivó en que el fiscal Rívolo interpusiera un recurso, y solicitara la intervención de la Unidad de Información Financiera para poder determinar si la operación mediante la cual se transfirió la propiedad de la estancia a Calema S.A. se podía justificar según la situación patrimonial de la empresa.
Ahora, la Sala II de la Cámara, con la firma de los jueces Horacio Catanni y Martín Irurzun, le dieron la razón al fiscal y ordenaron reabrir y proseguir con la investigación.