La construcción comienza a dar síntomas de «saturación» y, tras una década en la que las empresas del sector han acumulado una ingente liquidez, «ha llegado el momento de dar el salto» hacia nuevos mercados. En este contexto, Marruecos se ha situado como objetivo prioritario. El país norteafricano se halla inmerso en un proceso de profundización de reformas económicas -financiadas por el Banco Mundial- y ofrece numerosas ventajas para captar inversiones, que los empresarios valencianos no están dispuestos a desperdiciar.
Pero, al margen del interés económico -el impuesto de Sociedades no se abona en los tres primeros años-, los empresarios pretenden aportar soluciones al fenómeno de la inmigración. El presidente de la Federación Valenciana de Empresarios de la Construcción (Fevec), Eloy Durá, reclamó «apoyo del Estado» para aquellas firmas que opten por implantarse en países como Marruecos, que constituyen uno de los principales focos de emisión de extranjeros.
El líder de la patronal valenciana explicó que el desarrollo de la construcción en el país norteafricano contribuiría a fomentar allí puestos de trabajo, lo que fijaría a la población local y evitaría la llegada en masa a España de inmigrantes en busca de trabajo. En el caso de la Comunidad, la colonia marroquí es la tercera en términos de afiliación a la Seguridad Social, con 24.100 personas. La construcción ocupa a un tercio de los extranjeros afiliados al régimen general -47.512-, y es el sector que mayor número de foráneos emplea.
La «desaceleración» que se avecina
Sin embargo, a tenor de los datos que maneja Fevec, el sector de la construcción sufrirá una «desaceleración» en un plazo máximo de «dos o tres años». En ese periodo, «la demanda bajará», con el consiguiente efecto a la baja sobre los precios de la vivienda. Además, en el caso concreto de la Comunidad, la nueva Ley Urbanística Valenciana (LUV), «impone muchas más trabas a la actividad constructora, lo que aumentará los costes de las empresas y reducirá la posibilidad de obtener suelo».
Ante esta tesitura, difícilmente se podrán mantener los niveles de empleo, si no se frena la llegada de mano de obra inmigrante dispuesta a trabajar en el sector.
Por contra, en Marruecos -donde se calcula que las inversiones españolas en materia de deslocalización alcanzan los 200 millones de euros- se abre un abanico de posibilidades. El vecino africano ofrece ventajas como la «claridad administrativa», la posibilidad de operar en solitario, sin recurrir a socios locales, y un tratamiento fiscal beneficioso, que no retiene la «repatriación de los beneficios y las inversiones españolas».