España: La nueva regulación laboral de SAS

El Servicio Andaluz de Salud (SAS) piensa negociar con las centrales sindicales un proyecto de sistema de retribuciones que liga la percepción de los salarios y complementos de sus empleados al desempeño que acrediten en sus puestos de trabajo. Esta propuesta ha sido planteada en la mesa de negociación abierta con los sindicatos de la mayor organización sanitaria del Estado –bajo la tutela del SAS trabajan 80.000 personas– y pretende establecer un sistema de retribuciones en el que se prime y reconozca a los profesionales que mejor se desenvuelvan en el desempeño de sus tareas. Esta medida pretende mitigar la desilusión y apatía que se percibe en el seno de su plantilla y se traduce en el establecimiento de cinco niveles de carrera profesional, a los que quedarán asignados todos los trabajadores en virtud de dos criterios: la acreditación de sus competencias y la baremación de los méritos de los aspirantes a subir de nivel en su carrera profesional. La dirección quiere que cada profesional pueda ascender después de estar un tiempo mínimo de cinco años en el anterior nivel, pero también abre la puerta a la posibilidad de que se pueda descender en esta escalera laboral, con la consiguiente merma de sus emolumentos. En principio, las centrales sindicales observan con desconfianza esta propuesta, que cobra vida después de que el Ministerio de Administraciones Públicas haya anunciado que tomará medidas para potenciar el rendimiento laboral de los funcionarios. Esta cautela es normal. Los sindicatos se han mostrado siempre reticentes a la adopción, en el seno de las instituciones que pagamos con nuestros impuestos, de criterios de eficiencia más propios de empresas privadas. Por el contrario, han optado siempre por la defensa a ultranza de la calidad en el empleo público, sin entrar en consideraciones menores tales como el gasto en costes salariales o la propia eficacia de los servicios públicos, en demasiadas ocasiones mermada por la escasa eficiencia en su prestación. El mercado laboral, sin embargo, está cambiando. Los ciudadanos, como contribuyentes, reclaman de sus administraciones la misma eficacia en el servicio que le reclaman, como clientes, a las empresas. De ahí que sea razonable buscar elementos que ilusionen y motiven a los trabajadores que cumplen con su desempeño y que acreditan su profesionalidad, ya sea en una empresa privada, en un ministerio o, como en este caso, en el mismo SAS.

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España: La nueva regulación laboral de SAS

El Servicio Andaluz de Salud (SAS) piensa negociar con las centrales sindicales un proyecto de sistema de retribuciones que liga la percepción de los salarios y complementos de sus empleados al desempeño que acrediten en sus puestos de trabajo. Esta propuesta ha sido planteada en la mesa de negociación abierta con los sindicatos de la mayor organización sanitaria del Estado –bajo la tutela del SAS trabajan 80.000 personas– y pretende establecer un sistema de retribuciones en el que se prime y reconozca a los profesionales que mejor se desenvuelvan en el desempeño de sus tareas. Esta medida pretende mitigar la desilusión y apatía que se percibe en el seno de su plantilla y se traduce en el establecimiento de cinco niveles de carrera profesional, a los que quedarán asignados todos los trabajadores en virtud de dos criterios: la acreditación de sus competencias y la baremación de los méritos de los aspirantes a subir de nivel en su carrera profesional. La dirección quiere que cada profesional pueda ascender después de estar un tiempo mínimo de cinco años en el anterior nivel, pero también abre la puerta a la posibilidad de que se pueda descender en esta escalera laboral, con la consiguiente merma de sus emolumentos. En principio, las centrales sindicales observan con desconfianza esta propuesta, que cobra vida después de que el Ministerio de Administraciones Públicas haya anunciado que tomará medidas para potenciar el rendimiento laboral de los funcionarios. Esta cautela es normal. Los sindicatos se han mostrado siempre reticentes a la adopción, en el seno de las instituciones que pagamos con nuestros impuestos, de criterios de eficiencia más propios de empresas privadas. Por el contrario, han optado siempre por la defensa a ultranza de la calidad en el empleo público, sin entrar en consideraciones menores tales como el gasto en costes salariales o la propia eficacia de los servicios públicos, en demasiadas ocasiones mermada por la escasa eficiencia en su prestación. El mercado laboral, sin embargo, está cambiando. Los ciudadanos, como contribuyentes, reclaman de sus administraciones la misma eficacia en el servicio que le reclaman, como clientes, a las empresas. De ahí que sea razonable buscar elementos que ilusionen y motiven a los trabajadores que cumplen con su desempeño y que acreditan su profesionalidad, ya sea en una empresa privada, en un ministerio o, como en este caso, en el mismo SAS.

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