España: la Ley de Igualdad llega a los Consejos de Administración

La CEOE rechazó firmemente la normativa recién aprobada: ‘Es un rejón de muerte al diálogo social’.
MADRID.- La Ley de Igualdad recién aprobada obligará a un buen número de cambios de la base a la cúpula del mundo empresarial. Además de los puntos tradicionales sobre paternidad y conciliación, la normativa apuesta por incrementar hasta un 40% la presencia de mujeres en los consejos de administración en los próximos cuatro años.
En cualquier caso, los mayores costes económicos para el Gobierno vendrán de las medidas relacionadas con la protección de la maternidad, el permiso de paternidad y la conciliación de la vida familiar y laboral. En total, estarán en el entorno de los 400 millones de euros anuales.
El anteproyecto supone la consecución de "pasos fundamentales para conseguir la igualdad real", destacó el ministro de Trabajo, Jesús Caldera: "Particularmente, en el empleo, para que ponga en marcha acciones positivas en favor de la mujer y que ayude a que ésta ocupe el lugar que le corresponde con una presencia equilibrada en todos los órdenes de la vida", añadió.
Sin embargo, para la Confederación Española de Organizaciones Empresariales (CEOE) el anteproyecto es un "rejón de muerte al diálogo social". En su opinión, la ley ha sido fruto de un acuerdo "unilateral" entre los sindicatos y el Gobierno de José Luis Rodríguez Zapatero y que el Ejecutivo "ha hecho caso omiso de las propuestas empresariales en materia de igualdad".
La patronal subrayó que el método previsto por esta reforma a la hora de buscar soluciones para la integración de las mujeres y la lucha contra la discriminación en el mercado laboral está basado en "la sindicalización y la obligatoriedad" y lleva asociado un "régimen sancionador", lo que considera el peor de los sistemas posibles para fomentar estos objetivos. "Seguramente irá en contra de las metas propuestas", indica la organización.
Caldera dice entender las discrepancias manifestadas por la patronal, pero asegura que no dañarán el diálogo social. La norma, les ha dicho a los empresarios, también mejorará la actividad productiva de las compañías y estas medidas se irán imponiendo sin ningún tipo de conflicto.
Las voces críticas también han llegado del otro extremo. Por ejemplo, desde la Unión Profesional de Trabajadores Autónomos (UPTA) consideran que aún existen "lagunas que deben ser cubiertas" para fomentar la igualdad en el trabajo autónomo y favorecer la incorporación de la mujer a actividades por cuenta propia, aunque aprueban los avances que representa el Anteproyecto de la Ley de Igualdad.

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>> El Gobierno aprueba el anteproyecto de Ley de Igualdad cinco días antes del Día de la Mujer

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En cualquier caso, los mayores costes económicos para el Gobierno vendrán de las medidas relacionadas con la protección de la maternidad, el permiso de paternidad y la conciliación de la vida familiar y laboral. En total, estarán en el entorno de los 400 millones de euros anuales.
El anteproyecto supone la consecución de "pasos fundamentales para conseguir la igualdad real", destacó el ministro de Trabajo, Jesús Caldera: "Particularmente, en el empleo, para que ponga en marcha acciones positivas en favor de la mujer y que ayude a que ésta ocupe el lugar que le corresponde con una presencia equilibrada en todos los órdenes de la vida", añadió.
Sin embargo, para la Confederación Española de Organizaciones Empresariales (CEOE) el anteproyecto es un "rejón de muerte al diálogo social". En su opinión, la ley ha sido fruto de un acuerdo "unilateral" entre los sindicatos y el Gobierno de José Luis Rodríguez Zapatero y que el Ejecutivo "ha hecho caso omiso de las propuestas empresariales en materia de igualdad".
La patronal subrayó que el método previsto por esta reforma a la hora de buscar soluciones para la integración de las mujeres y la lucha contra la discriminación en el mercado laboral está basado en "la sindicalización y la obligatoriedad" y lleva asociado un "régimen sancionador", lo que considera el peor de los sistemas posibles para fomentar estos objetivos. "Seguramente irá en contra de las metas propuestas", indica la organización.
Caldera dice entender las discrepancias manifestadas por la patronal, pero asegura que no dañarán el diálogo social. La norma, les ha dicho a los empresarios, también mejorará la actividad productiva de las compañías y estas medidas se irán imponiendo sin ningún tipo de conflicto.
Las voces críticas también han llegado del otro extremo. Por ejemplo, desde la Unión Profesional de Trabajadores Autónomos (UPTA) consideran que aún existen "lagunas que deben ser cubiertas" para fomentar la igualdad en el trabajo autónomo y favorecer la incorporación de la mujer a actividades por cuenta propia, aunque aprueban los avances que representa el Anteproyecto de la Ley de Igualdad.

 

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