GRAN BRETAÑA. “Con el fin de desincentivar el trabajo infantil, es fundamental comprometerse políticamente en favor de opciones coherentes en las políticas de reducción de la pobreza, la enseñanza de calidad y los derechos humanos”, recuerda el Informe sobre el lugar especial que corresponde a la infancia en la acción exterior de la Unión Europea (UE). La británica Glenys Kinnock, del Grupo Socialista en el Parlamento Europeo, ponente del informe, sugiere en él introducir un etiquetado para los productos importados a la Unión Europea que asegure que han sido elaborados sin trabajo infantil.
Las iniciativas propuestas en este sentido, se recogen en los siguientes puntos del informe:
40. Insta a la Comunidad Europea y a los Estados miembros a que presten un mayor apoyo al comercio justo y a las iniciativas de etiquetado que alientan a las empresas a no recurrir al trabajo infantil; recomienda que se controle mejor el respeto de los códigos voluntarios de conducta sobre derechos laborales básicos y que se hagan más transparentes para los consumidores europeos; considera que la atribución de contratos públicos debería subordinarse al respeto de las normas internacionales sobre el trabajo infantil;
41. Acoge con satisfacción la iniciativa del Consejo de iniciar un estudio sobre el impacto de incentivos positivos sobre la venta de productos producidos sin utilizar trabajo infantil y sobre posibles medidas adicionales, incluyendo medidas comerciales; pide a la Comisión que informe al Parlamento acerca del diseño, aplicación y resultados del estudio;
42. Insta a la Comisión a que proponga un método uniforme para el etiquetado de productos importados en la UE de manera que se certifique que han sido fabricados sin la utilización del trabajo infantil en cada fase de la cadena de producción, por ejemplo, mediante la indicación “sin trabajo infantil” en el etiquetado de los productos en cuestión, asegurando así que este sistema se ajusta a las normas comerciales internacionales de la OMC;
Asimismo, en el documento, la europarlamentaria Kinnock exige a los gobiernos de los terceros países que respeten las normas internacionales sobre los derechos de la infancia, especialmente las referidas a la prestación de servicios sociales básicos.
Para ello, el informe recomienda nombrar un representante especial de la UE con el fin de garantizar la visibilidad y los derechos de las personas menores de edad. Además, subraya que el apoyo presupuestario general de la UE debe incluir fondos para la creación de capacidades para los ministerios pertinentes (tales como los ministerios de Bienestar, Sanidad, Educación y Justicia) con el fin de asegurar que cuentan con las herramientas y políticas adecuadas para presupuestar y aplicar servicios para niñas y niños.