El Gobierno e José Luis Rodríguez Zapatero ha decidido recortar el gasto de personal en la Administración General del Estado —que se ha disparado en 274 millones de euros más de lo previsto en los cinco primeros meses del año— y ha optado por suprimir 10.600 puestos de trabajo vacantes (no ocupados por nadie y que ya no serán cubiertos) en los próximos tres años. Con esta medida, anunciada el martes por la vicepresidenta primera del Gobierno, María Teresa Fernández de la Vega, en su comparecencia en la Comisión Constitucional del Congreso y aprobada ayer por el Consejo de Ministros, se trata de ahorrar 250 millones de euros. Una cantidad que estaba recogida en los presupuestos para pagar los salarios correspondientes a los trabajadores que, llegado el caso, ocuparan esos puestos de trabajo.
Esta reducción del 8 al 5 por ciento del número máximo de vacantes no se aplicará a las Fuerzas Armadas, los Cuerpos y Fuerzas de Seguridad del Estado, la Justicia, los servicios penitenciarios, los servicios públicos de empleo estatal y los controladores aéreos.
Al eliminarse esos empleos, no serán cubiertos ni por interinos ni por laborales, como había sucedido en algunos casos, por lo que el ahorro será una realidad. Como habían venido denunciando los sindicatos, el hecho de que algunas de estas vacantes fueran ocupadas por nuevas contrataciones, impedía que el gasto de personal se redujera o que no se cumplieran los objetivos que fijaba el Gobierno.
En román paladino, el Gobierno tendrá que reducir las contrataciones "a dedo", las que se realizan sin pasar el filtro de la Oferta Pública de Empleo, que también se ha reducido.
La propia vicepresidenta del Gobierno reconoció ayer, en la rueda de prensa posterior al Consejo de Ministros, que esta medida se adopta para evitar "desviaciones al alza" de las masas salariales de los funcionarios. Precisamente, estas desviaciones han venido siendo denunciadas reiteradamente por el diputado del Partido Popular, Miguel Barrachina, como así lo volvió a denunciar la semana pasada aprovechando la comparecencia parlamentaria de De la Vega.
El último dato de este «descontrol absoluto del sector público nacional», como señaló el diputado popular, indica que, en los cinco primeros meses de este año, el exceso de gasto en el capítulo de Personal ha sido de 274 millones de euros, que es el dinero que el Gobierno tendrá que pagar de más a los funcionarios, respecto a lo que tenía previsto. Esto supone que el crecimiento en este periodo ha sido el doble de lo previsto; 5,6 por ciento en lugar del 2,7, según los datos del diputado popular. Sólo en el mes de mayo, respecto al mismo mes del año anterior, el gasto de personal ha aumentado un 10,3 por ciento.
Desde la Confederación Sindical Independiente de Funcionarios (CSIF), su presidente, Domingo Fernández, aseguró que esta medida puede hacer que no se dispare el gasto de personal y, a la espera de conocer en qué departamentos se aplicará la medida, indica que pueden ser "puestos de trabajo obsoletos o servicios que ya se han transferido y no es necesario que sigan existiendo. Puede ser que no perjudiquen el servicio público".
Además, entiende que, al eliminarse esos puestos vacantes no podrán ser cubiertos por interinos, como había sucedido en algunos casos.