El Parlamento Europeo aprobó ayer el nuevo sistema de registro, evaluación y autorización de productos químicos (Reach, según las siglas en inglés) en la UE, aunque el acuerdo entre los grupos popular, liberal y socialista suavizó el proyecto inicial al eximir de análisis e información sobre la toxicidad al 90% de los productos químicos producidos en cantidades inferiores a 10 toneladas por año (unas 17.500 sustancias).
El pacto de los tres grandes partidos también redujo los requisitos para el registro de las sustancias producidas entre 10 y 100 toneladas al año.
El paquete legislativo, uno de los textos más complejos adoptados de la UE, obtuvo 407 votos a favor, 155 en contra y 41 abstenciones, y superó su primera fase de tramitación, tras más de dos años de presiones y controversias. El paquete normativo será ahora discutido por el Consejo de Ministros de la UE, donde podría sufrir nuevos recortes en sus exigencias a la industria química.
El objetivo es disponer en el plazo de 11 años de un registro de las 30.000 sustancias químicas producidas o importadas por la UE en cantidades superiores a una tonelada anual, para cortar el uso de sustancias tóxicas en los productos de la vida cotidiana como cosméticos, ordenadores, alfombras o productos de limpieza. A pesar de que la mayoría de las sustancias se utilizan desde hace años, se desconocen sus efectos sobre la salud y el medio ambiente.
CARGA DE LA PRUEBA
Una de las principales novedades de la nueva normativa es el traslado de la carga de la prueba de la Administración a la industria o los importadores, que serán los responsables de demostrar la seguridad de sus productos químicos y de informar sobre los riesgos y peligros.
La industria química consiguió sus objetivos de reducir los requisitos de información y análisis para el registro de la mayoría de sustancias. Pero, gracias a un compromiso de los socialistas, los liberales, los verdes y la izquierda europea, la Eurocámara impuso por una mayoría de 61 votos el principio de sustitución de las sustancias tóxicas.
Ese principio se establece la obligación de sustituir las sustancias peligrosas (como las cancerígenas) por otras más seguras cuando existan alternativas.
En el caso de que no existan alternativas adecuadas, la autorización para el uso de las sustancias peligrosas estará limitada a una duración máxima de cinco años. La Eurocámara también impuso el registro prioritario de las sustancias de mayor riesgo.
