El Instituto para el Desarrollo Social Argentino (Idesa) criticó duramente al nuevo plan de empleo que lanzó el Gobierno, al afirmar que es un "viejo y rudimentario instrumento que no aporta una solución a la desocupación".
"La disminución del desempleo no pasa por el lanzamiento de un paliativo, utilizando viejos y rudimentarios instrumentos, sino por que se modifiquen las malas intervenciones publicas que alientan la fuga de ahorro nacional", aseguró Idesa en un informe.
Así, hizo referencia a la intervención del Gobierno en el conflicto entre la Asociación del Fútbol Argentina (AFA) y la empresa Televisión Satelital Codificada (TSC) por la televisación de ese deporte.
Para este Instituto, esas intervenciones espantan los capitales internacionales y asignan el gasto publico a beneficios para las corporaciones y la corrupción, en lugar de utilizarlo como herramienta de promoción social.
En el principio de la recuperación económica, el Gobierno anunció la semana pasada un programa para crear 100 mil empleos a través de cooperativas sociales subsidiadas con fondos públicos, una iniciativa muy similar al Plan Trabajar de los 90.
"Que luego de seis años de fuerte crecimiento respaldado por inéditas condiciones externas se anuncie una medida de emergencia de este tipo pone en evidencia el fracaso de las políticas públicas que se vienen aplicando", dijo Idesa.
Por ello, señaló que con este plan el Gobierno demuestra que "sigue ausente una estrategia de desarrollo social".
Según los anuncios de la Presidenta Cristina Kirchner, se utilizarán unos 9 mil millones de pesos para subsidiar empleos a través de cooperativas que harán pequeñas obras públicas en municipios.
Para Idesa, esto no será más que una serie de "paliativos transitorios" para personas en situación de marginalidad que accederán a empleos de "muy baja productividad" y con la limitada cobertura social que les dará la condición de monotributistas.
Tal como fue descrita, la iniciativa tiene muchas similitudes con el Plan Trabajar lanzado a mediado de la década de los ’90 en el marco de la crisis del Tequila, en pleno gobierno de Carlos Ménem.
A través del Plan Trabajar, el Estado nacional aportó fondos para pagar prestaciones a personas en situación de vulnerabilidad social que eran reclutadas por municipios u organizaciones para realizar obras de pequeña envergadura.
"¨Por qué se repite la necesidad de tener que utilizar esta herramienta tan rudimentaria?", se preguntó el Instituto en su informe.
Las respuestas se obtienen de la comparación entre las condiciones económicas que prevalecían en 1998, el último año de crecimiento de la década de los ’90, con las actuales.
Según datos del Ministerio de Economía y del INDEC, mejoraron el comercio internacional argentino y el PBI per capita, y el gasto público nacional por habitante creció en más de un 50 por ciento.
Si bien el escenario es mejor ahora, la realidad de la situación social impone la necesidad de anunciar paliativos que, salvo por diferencias de matices, "ya fueron aplicados en el pasado con muy limitados impactos".
Si el entorno económico es más favorable, implica que son otros los factores que generan el deterioro social, como "las malas intervenciones estatales", advirtió el informe.
Asimismo, y a pesar en el marco de la bonanza económica, la presión impositiva llegó a niveles récord, pero sobre la base a impuestos extremadamente distorsivos.
Los controles de precios, las prohibiciones de exportar, las regulaciones anti-competitivas y la inducción a conductas rentísticas se desalentaron la inversión y, con ello, la generación genuina de empleos de calidad, según Idesa.
Por último, dijo que se exacerbó la centralización de recursos públicos en el nivel nacional, factor que posibilitó aumentar el gasto público, pero estos recursos no fueron asignados a fines sociales.