Un empleado del Departamento de Servicios Laborales de Utah fue despedido por la difusión de una lista anónima con información personal de 1.300 inmigrantes, otro lo será próximamente, y otros ocho están siendo investigados, se informó hoy.
Según Kristen Cox, directora de esta oficina gubernamental, la persona despedida era un empleado temporal que estaba a cargo del mantenimiento de la base de datos de la agencia estatal.
La información en el documento anónimo distribuido la semana pasada es similar a la de la base de datos oficial.
El Departamento de Servicios Laborales de Utah está a cargo de la administración de los servicios de desempleo, Medicaid, seguro de salud para niños y estampillas de comida. Allí trabajan de 1.200 a 1.400 empleados.
Otro empleado del mismo departamento "será despedido pronto", posiblemente hoy mismo aseveró la directora.
No se dieron a conocer los nombres de los despedidos o de los otros implicados.
En declaraciones a los medios de Salt Lake City, Cox explicó que las investigaciones continuarán hasta se determine cómo se compiló la información personal de 1.300 inmigrantes hispanos que luego se distribuyó el lunes 12 de julio en un documento de 29 páginas enviado a los medios de comunicación, agencias de seguridad y legisladores.
La lista contiene los nombres, fecha de nacimiento, número de seguro social, dirección particular, dirección del lugar del trabajo, nombre de los hijos y en un caso hasta la fecha esperada de nacimiento de un bebé.
La carta de presentación de la lista, firmada por Ciudadanos Preocupados por Estados Unidos (Concerned Citizens of the United States), un grupo hasta el momento desconocido, pide la deportación de las 1.300 personas incluidas en el documento.
La ley de Utah especifica que el dar a conocer de manera intencional información privada es un delito que puede ser sancionado con hasta seis meses de prisión y con una multa de hasta 1.000 dólares.
El caso quedará hoy en manos de la oficina del procurador de justicia estatal para determinar si se presentarán cargos adicionales contra los implicados y si se infringieron leyes federales.