Que la tarea del abogado, me permito agregar: libre; es condición sine qua non, para que por medio de la postulación racional del derecho aplicable, se consagre la realización de la justicia, y la consecución de los derechos subjetivos, que coadyuvan al afianzamiento del Estado de Derecho, es una verdad que ya ha sido demostrada por opiniones altamente autorizadas.
Es por ello que este trabajo, partiendo del presupuesto de que se trata de una tesis demostrada,
pretende solamente introducir el tema para una reflexión posterior, más profunda del mismo, vinculado a la situación social que vivimos en Latinoamérica en general, y en nuestro caso, en la
Argentina en particular.
El abordaje de la temática, creo sin embargo, que merece una actitud interdisciplinaria que no se atenga exclusivamente a las consecuencias jurídicas del fenómeno, sino que, por el contrario, se inicie a partir de una lectura y un análisis, que desde el punto de vista de la sociología de la producción, y de la sociología del derecho, la hagan más rico, y que al mismo tiempo permita interrelacionar dialécticamente los siguientes conceptos, a saber: desde el plano de lo jurídico el de legalidad; desde lo sociológico, el de legitimidad social; desde una sociología del derecho, el de la idea del Contrato Social; y finalmente desde una óptica del derecho a ser postulado, el del pacto comisorio, que implícitamente incluido, permite rescindir todo contrato dentro de cuyo marco, se hayan alterado las condiciones originales del equilibrio que necesariamente se tuvieron en mira, para viabilizar la voluntad celebratoria, sin vicios.
En alguna oportunidad anterior, ya hemos tenido oportunidad de indicar que la creación de economías de grandes espacios (CEE, NAFTA, Mercosur), en particular, y el fenómeno definido a partir del neologismo denominado "globalización", planteó a los países que confluyeron en el proceso de integración, una problemática de crucial importancia.
Si puede afirmarse que los nuevos espacios han ofrecido ventajas para las economías de escala, han sido estas mismas las causas de la profunda reestructuración, que afectó y afecta inevitablemente tanto al capital como al trabajo, y a la relación social de producción, que se traba entre ambos.
Aunque la apertura de los mercados nacionales haya generado un aumento de la actividad económica, y una tasa de crecimiento cuantitativamente mayor que la existente con anterioridad a la misma, situación que también se expresa en un crecimiento efectivo del producto bruto interno; la lógica del nuevo sistema, que se expresa en la lógica unívoca del mercado, impone también la selección de los participantes de manera unidireccional.
Como expresa Juan Carlos Torre (sociólogo egresado de la Universidad Nacional de Buenos Aires y doctorado en la Ecole des Hautes Etudes de París), en su trabajo "El proceso político de las reformas económicas en América latina" (Editorial Paidós, Buenos Aires, R.A. 1998), en la última década, toda América latina enfrentó ajustes cruentos. Los Estados en bancarrota no pudieron sustraerse a la aplicación mecánica de recetas neoliberales, que no permitieron desarrollo alguno de políticas de compensación y regulación social.
Señala el autor mencionado que "este orden global es inevitable como la lluvia, pero cuando llueve la gente usa paraguas", para destacar sin duda alguna,  que ha llegado el turno de una acción política que renegocie las reglas de juego con las que fue hecho el ajuste.
El economista Rubén Lo Vuolo, investigador del Centro Interdisciplinario para el Estudio de las Políticas Públicas (CIEPP), como tantos otros pensadores sociales, se ha interesado en las nuevas formas de exclusión social, en el desmantelamiento del Estado de Bienestar, y en el abandono de sus valores, lo que determina una fórmula explosiva. Surge claramente del pensamiento de este autor ("La modernización excluyente. Transformación económica y Estado de Bienestar en Argentina", con Alberto Barbeito; "Contra la exclusión", con varios autores, y "La nueva oscuridad de la política social; del Estado populista al neoconservador", también con Barbeito), que actualmente no se puede seguir hablando de crisis del Estado de Bienestar, sino que estamos en presencia de un nuevo régimen. Un  nuevo modo de organización institucional de las políticas públicas. De la crisis de aquel viejo régimen se hablaba en los 70 y 80. Pero ya no podemos seguir atribuyendo los problemas que observamos al viejo régimen. Tienen que ver con algo nuevo.
Efectivamente,  como se publicó en el Diario Clarín de la Ciudad de Buenos Aires, del 22 de septiembre de 1998, por parte de ANDRES THOMPSON. Director de Programas para América latina y el Caribe, Fundación W.K. Kellogg, “Nuestras sociedades ya no son lo que eran. Los cambios han sido vastos y profundos. La economía de mercado muestra aumentos en productividad e innovaciones tecnológicas. Pero también crecen el desempleo y la exclusión social. El Estado, en su retirada, ha dejado libradas a su suerte amplias capas de la población que no encuentran lugar en el nuevo paradigma de desarrollo. ¿Qué será de aquellos atrapados por la pobreza? ¿Cuál es el mañana para quienes hoy no acceden a la educación y la cultura? Mucho se ha discutido durante el último tiempo, potenciado por el fenómeno de las inundaciones, el papel del Estado en cuanto a la asignación y la utilización de los fondos sociales. Parece que en la Argentina el problema no radica tanto en la escasez de fondos destinados a lo social como en su utilización. Una batalla informativa se desarrolla en torno de este tema, donde se cruzan y comparan distintas cifras y estimaciones. Mientras esto sucede, vemos sin embargo que las alternativas de superación del problema quedan así estancadas. Las empresas, por su parte, mientras lucran con sus productos y servicios en el mercado, comienzan lenta y erráticamente a realizar contribuciones de distinto tipo para enfrentar determinados problemas sociales.
El llamado "tercer sector" crece día a día en las sociedades contemporáneas. Aumenta el número de asociaciones, las funciones que desempeñan y las responsabilidades que asumen en la provisión de servicios sociales, la defensa de derechos, la lucha contra la desigualdad, el cuidado del medio ambiente, etcétera. Las fronteras entre Estado, mercado y sociedad civil están siendo revisadas en la actualidad.
¿Qué compete a cada cual? ¿Cuál es el nuevo significado de lo público y lo privado? ¿Qué se puede legítimamente exigir al Estado, a las empresas y a las organizaciones de la sociedad civil?
Los ciudadanos, antes que nadie, debemos iniciar un debate público sobre cuál habrá de ser el nuevo contrato social que vincule al mercado, al Estado y a la sociedad civil. Delimitar el marco de normas deseables, en el que se redefinan esferas de derechos y responsabilidades mutuos. Pensar los nuevos espacios que se abren, tanto para la iniciativa privada con responsabilidad social, como para necesarias regulaciones en el modelo de desarrollo que deseamos impulsar.
Encontrar un punto de acuerdo mínimo deseable en torno de qué sociedad queremos.
Nadie puede negar que las entidades del "tercer sector" somos actores protagónicos de este desafío de fin de siglo. Somos nada más y nada menos que gente que trabaja con la gente haciendo de la cooperación social una realidad.
Hombres y mujeres que, con su esfuerzo voluntario, sostienen la vida asociativa. Tenemos el derecho y el deber de pronunciarnos acerca del contrato social bajo el que habrán de vivir las generaciones futuras.
Abogamos por un contrato social que a todos incluya, que se pronuncie en contra de la exclusión social, que otorgue lugar y sustento a los más desfavorecidos. Un contrato social en el que los principios de justicia y libertad tengan un papel central. Un contrato social que se proponga como meta refundar la solidaridad y la responsabilidad social.”
Concretamente, estamos en presencia de un sistema de conciencia invertida, sostenido en una evidente y manifiesta reificación de la subjetividad, construida al amparo de la confusión de los conceptos de legalidad y de legitimidad, que en oportunidades pueden objetivamente coincidir, pero que ello no es como concepto, necesario; y que impone su debida discriminación, cuando por el contrario, y como consecuencia de determinada objetividad social, los mismos se diferencian.
Si alguna vez tendió a pensarse en la forma del "contrato social" como la forma de ordenamiento, donde la renuncia a la libertad absoluta, era al mismo tiempo que legal, también legítima porque se manifestaba en el acatamiento de la ley, como instrumento superior para obtener los fines del "contrato", seguridad mutua y cooperación, y que suponía un modelo de organización de una "sociedad que tiende a la satisfacción de las necesidades de sus integrantes de una manera permanente", el modelo actual de organización implica por el contrario, una "sociedad que tiende a sostener la necesidad de satisfacciones permanentes", que requiere como aliados a los conceptos de la difusión publicitaria, las encuestas de mercado y el marketing, no como vehículos de conocimiento y producción adecuada a necesidades, sino como permanentes generadores y creadores de necesidades preconcebidas, y en donde invirtiendo el orden "contractual", la renuncia al acatamiento de la ley, se manifiesta en un festival de la libertad absoluta de los más poderosos, con desmedro de los derechos de los sectores populares, que consagrada por formas y regulaciones legales ostensiblemente inicuas, podrán integrar un plexo de legalidad en términos exclusivos de juridicidad positiva, pero que desde el punto del análisis sociológico se constituyen en verdades trampas de ilegitimidad social.
En este contexto se enmarcan el actual debilitamiento de las relaciones laborales, el desempleo, y todas las demás nefastas consecuencias sociales que hoy caracterizan nuestra realidad social y son por todos conocidas. 
En la República Argentina de la iniquidad y la injusticia la realidad social que se vive, se produce como es público además, en el ámbito nacional de un país que, se encuentra dentro de un marco en donde en términos de los fallos de su más alto tribunal, la Corte Suprema de Justicia de la Nación, y en términos de los reclamos que generalmente realizan los trabajadores, los retirados, desempleados y excluidos en general, es decir el segmento más despojado de la sociedad desde su clase media hacia abajo, no se afianza la justi­cia, se violan garantías constituciona­les, y se desprecia la equidad.
La situación social que de hecho se vive todos los días y en relación con la cual no se puede ser ajeno, es además de lo expuesto, la de un país donde asuela el desempleo, la falta de ajuste de la caja fiscal, la caída de la recaudación, la caída de los índices financieros, la desinversión, las quiebras en masa de empresas pequeñas y medianas desplazadas por fenomenales concentraciones de capitales en términos de oligopolios y monopolios, la ausencia de una normativa seria que combata tales prácticas, la sanción y promulgación de leyes manifiestamente desprotectorias y derogatorias de derechos adquiridos, contrarias a intereses populares, en particular en el orden laboral, de evidente carácter inconstitucional, el ataque a la profesión de los abogados y a los abogados independientes, de mayor enjundia por parte de quien habiendo sido un súcubo acólito ministro oficialista, en la actualidad reclama reconocimientos como un gran demócrata, la utilización de los cargos parlamentarios para usufructuar los fueros respectivos como verdaderos “aguantaderos” que permitan eludir múltiples acciones legales, las pretensiones trasnochadas de acomodados en los sillones del poder de perpetuarse en el mismo en contra de claras disposiciones constitucionales que no lo permiten, el gobierno a través de normas jurídicas sancionadas sin intervención del Poder Legislativo, la utilización recurrente y sistemática al recurso de la sanción de normas que, siendo de jerarquía inferior en la pirámide jurídica, derogan a las que son de grado supe­rior, el desprecio por la Justicia y su desempeño como tal, en donde el poder político se desentiende de otorgar el adecuado presupuesto para su fun­cionamiento, el que se reduce año tras año, acostándola en el "lecho de Procusto", sim­plemente para cortarle la cabeza, afirmación que debe leerse textual y no metafóricamente, insolentes propuestas de “reformas judiciales” provenientes de las entidades y de los grandes centros del poder financiero internacional, avaladas, fomentadas y patrocinadas por el Ministerio de Justicia de la Nación, que no tienden sino a desbaratar la estructura del Poder Judicial, para garantizar un despojo de hecho de su carácter de poder constituído del Estado, para reemplazarlo por organizaciones mecanicistas que responden a reglas de productividad del mercado.
En suma, la absoluta inseguridad jurídica y el caos que no está lejos, en lo que será  a fortiori una evidente "irracionalización" de la realidad regional en general, y en la Argentina de manera especial, que solamente puede ser ignorada por aquellos conglomerados de capitales que en función de verdaderas patentes de corso previamente otorgadas, invierten con tasas de retorno, impensables en los países de primera categoría, donde la seguridad jurídica se traduce en una previsibilidad permanente.
El manifiesto avasallamiento de los derechos, efectivizados con una falsa e inexistente legitimidad, solamente fun­dada en la fuerza de arrollamiento que sos­tiene una política economicista macroeconómica, sin que hasta ahora hayan sido medi­das con justeza las consecuencias que son dables de ser esperadas, y que considera a las clases más desposeídas y excluidas, como la mera variable de ajuste y cierre de una acumu­lación sistemática, y no siempre lícita, situación de manifiesta iniquidad, contra la cual los abogados debemos postular, en los casos individuales cuyos intereses se nos confíen, y  que los jueces no pueden ni deben amparar, a menos que, conscientemente se nieguen, (bajo la propia responsabilidad que ello los genera en forma personal y al Estado como tal), a cumplir con el dictado de verdaderos actos de jurisdicción, función constitucional para la que han sido llamados, y que, antes o después, deberá  ser motivo de manifiesta revisión, antes que la válvula de escape de la historia, se torne incontrolable, como consecuencia del manifiesto corroimiento del estado de derecho.
Es en este aspecto entonces, donde la actividad del abogado se vuelve sobre sí mismo, para hacerle ver, que su función es primariamente coadyuvante a los fines de invocar el derecho, con el fin de defender los intereses confiados, pero que al mismo tiempo también es funcional para asegurar el afianzamiento de la justicia, y el equilibrio social.
En la realidad de exclusión social que se impone en nuestra región, hoy el afianzamiento de la justicia, es un concepto que no existe si no está impregnado de su correlato que no es otro que la legitimidad social del actuar, y que impone la reformulación de la legalidad, si esta no coincide con aquella.
En otros términos. El contrato social actual, se ha desequilibrado. Para los sectores populares, se ha convertido en leonino, porque está plagado de obligaciones limitatorias de la libertad, sin que tenga un correlato de derechos adquiridos, pues para los excluidos, el único derecho que tienen es el de permanecer en tal condición, hasta su total desaparición.
La postulación del derecho por parte de los abogados en este contexto, para la realización de la Justicia,  funcionalidad social, y el aseguramiento del Estado de Derecho, pasa por el hilo conductor, de plantear la mejor forma de ejercer el pacto comisorio implícito en todo contrato bilateral, para rescindir el actual contrato social, y reemplazarlo por otro actualizado que, con previsibilidad duradera, asegure nuevas reglas de juego social, con un marcado equilibrio entre obligaciones y derechos.

Que la tarea del abogado, me permito agregar: libre; es condición sine qua non, para que por medio de la postulación racional del derecho aplicable, se consagre la realización de la justicia, y la consecución de los derechos subjetivos, que coadyuvan al afianzamiento del Estado de Derecho, es una verdad que ya ha sido demostrada por opiniones altamente autorizadas.
Es por ello que este trabajo, partiendo del presupuesto de que se trata de una tesis demostrada,
pretende solamente introducir el tema para una reflexión posterior, más profunda del mismo, vinculado a la situación social que vivimos en Latinoamérica en general, y en nuestro caso, en la
Argentina en particular.
El abordaje de la temática, creo sin embargo, que merece una actitud interdisciplinaria que no se atenga exclusivamente a las consecuencias jurídicas del fenómeno, sino que, por el contrario, se inicie a partir de una lectura y un análisis, que desde el punto de vista de la sociología de la producción, y de la sociología del derecho, la hagan más rico, y que al mismo tiempo permita interrelacionar dialécticamente los siguientes conceptos, a saber: desde el plano de lo jurídico el de legalidad; desde lo sociológico, el de legitimidad social; desde una sociología del derecho, el de la idea del Contrato Social; y finalmente desde una óptica del derecho a ser postulado, el del pacto comisorio, que implícitamente incluido, permite rescindir todo contrato dentro de cuyo marco, se hayan alterado las condiciones originales del equilibrio que necesariamente se tuvieron en mira, para viabilizar la voluntad celebratoria, sin vicios.
En alguna oportunidad anterior, ya hemos tenido oportunidad de indicar que la creación de economías de grandes espacios (CEE, NAFTA, Mercosur), en particular, y el fenómeno definido a partir del neologismo denominado "globalización", planteó a los países que confluyeron en el proceso de integración, una problemática de crucial importancia.
Si puede afirmarse que los nuevos espacios han ofrecido ventajas para las economías de escala, han sido estas mismas las causas de la profunda reestructuración, que afectó y afecta inevitablemente tanto al capital como al trabajo, y a la relación social de producción, que se traba entre ambos.
Aunque la apertura de los mercados nacionales haya generado un aumento de la actividad económica, y una tasa de crecimiento cuantitativamente mayor que la existente con anterioridad a la misma, situación que también se expresa en un crecimiento efectivo del producto bruto interno; la lógica del nuevo sistema, que se expresa en la lógica unívoca del mercado, impone también la selección de los participantes de manera unidireccional.
Como expresa Juan Carlos Torre (sociólogo egresado de la Universidad Nacional de Buenos Aires y doctorado en la Ecole des Hautes Etudes de París), en su trabajo "El proceso político de las reformas económicas en América latina" (Editorial Paidós, Buenos Aires, R.A. 1998), en la última década, toda América latina enfrentó ajustes cruentos. Los Estados en bancarrota no pudieron sustraerse a la aplicación mecánica de recetas neoliberales, que no permitieron desarrollo alguno de políticas de compensación y regulación social.
Señala el autor mencionado que "este orden global es inevitable como la lluvia, pero cuando llueve la gente usa paraguas", para destacar sin duda alguna,  que ha llegado el turno de una acción política que renegocie las reglas de juego con las que fue hecho el ajuste.
El economista Rubén Lo Vuolo, investigador del Centro Interdisciplinario para el Estudio de las Políticas Públicas (CIEPP), como tantos otros pensadores sociales, se ha interesado en las nuevas formas de exclusión social, en el desmantelamiento del Estado de Bienestar, y en el abandono de sus valores, lo que determina una fórmula explosiva. Surge claramente del pensamiento de este autor ("La modernización excluyente. Transformación económica y Estado de Bienestar en Argentina", con Alberto Barbeito; "Contra la exclusión", con varios autores, y "La nueva oscuridad de la política social; del Estado populista al neoconservador", también con Barbeito), que actualmente no se puede seguir hablando de crisis del Estado de Bienestar, sino que estamos en presencia de un nuevo régimen. Un  nuevo modo de organización institucional de las políticas públicas. De la crisis de aquel viejo régimen se hablaba en los 70 y 80. Pero ya no podemos seguir atribuyendo los problemas que observamos al viejo régimen. Tienen que ver con algo nuevo.
Efectivamente,  como se publicó en el Diario Clarín de la Ciudad de Buenos Aires, del 22 de septiembre de 1998, por parte de ANDRES THOMPSON. Director de Programas para América latina y el Caribe, Fundación W.K. Kellogg, “Nuestras sociedades ya no son lo que eran. Los cambios han sido vastos y profundos. La economía de mercado muestra aumentos en productividad e innovaciones tecnológicas. Pero también crecen el desempleo y la exclusión social. El Estado, en su retirada, ha dejado libradas a su suerte amplias capas de la población que no encuentran lugar en el nuevo paradigma de desarrollo. ¿Qué será de aquellos atrapados por la pobreza? ¿Cuál es el mañana para quienes hoy no acceden a la educación y la cultura? Mucho se ha discutido durante el último tiempo, potenciado por el fenómeno de las inundaciones, el papel del Estado en cuanto a la asignación y la utilización de los fondos sociales. Parece que en la Argentina el problema no radica tanto en la escasez de fondos destinados a lo social como en su utilización. Una batalla informativa se desarrolla en torno de este tema, donde se cruzan y comparan distintas cifras y estimaciones. Mientras esto sucede, vemos sin embargo que las alternativas de superación del problema quedan así estancadas. Las empresas, por su parte, mientras lucran con sus productos y servicios en el mercado, comienzan lenta y erráticamente a realizar contribuciones de distinto tipo para enfrentar determinados problemas sociales.
El llamado "tercer sector" crece día a día en las sociedades contemporáneas. Aumenta el número de asociaciones, las funciones que desempeñan y las responsabilidades que asumen en la provisión de servicios sociales, la defensa de derechos, la lucha contra la desigualdad, el cuidado del medio ambiente, etcétera. Las fronteras entre Estado, mercado y sociedad civil están siendo revisadas en la actualidad.
¿Qué compete a cada cual? ¿Cuál es el nuevo significado de lo público y lo privado? ¿Qué se puede legítimamente exigir al Estado, a las empresas y a las organizaciones de la sociedad civil?
Los ciudadanos, antes que nadie, debemos iniciar un debate público sobre cuál habrá de ser el nuevo contrato social que vincule al mercado, al Estado y a la sociedad civil. Delimitar el marco de normas deseables, en el que se redefinan esferas de derechos y responsabilidades mutuos. Pensar los nuevos espacios que se abren, tanto para la iniciativa privada con responsabilidad social, como para necesarias regulaciones en el modelo de desarrollo que deseamos impulsar.
Encontrar un punto de acuerdo mínimo deseable en torno de qué sociedad queremos.
Nadie puede negar que las entidades del "tercer sector" somos actores protagónicos de este desafío de fin de siglo. Somos nada más y nada menos que gente que trabaja con la gente haciendo de la cooperación social una realidad.
Hombres y mujeres que, con su esfuerzo voluntario, sostienen la vida asociativa. Tenemos el derecho y el deber de pronunciarnos acerca del contrato social bajo el que habrán de vivir las generaciones futuras.
Abogamos por un contrato social que a todos incluya, que se pronuncie en contra de la exclusión social, que otorgue lugar y sustento a los más desfavorecidos. Un contrato social en el que los principios de justicia y libertad tengan un papel central. Un contrato social que se proponga como meta refundar la solidaridad y la responsabilidad social.”
Concretamente, estamos en presencia de un sistema de conciencia invertida, sostenido en una evidente y manifiesta reificación de la subjetividad, construida al amparo de la confusión de los conceptos de legalidad y de legitimidad, que en oportunidades pueden objetivamente coincidir, pero que ello no es como concepto, necesario; y que impone su debida discriminación, cuando por el contrario, y como consecuencia de determinada objetividad social, los mismos se diferencian.
Si alguna vez tendió a pensarse en la forma del "contrato social" como la forma de ordenamiento, donde la renuncia a la libertad absoluta, era al mismo tiempo que legal, también legítima porque se manifestaba en el acatamiento de la ley, como instrumento superior para obtener los fines del "contrato", seguridad mutua y cooperación, y que suponía un modelo de organización de una "sociedad que tiende a la satisfacción de las necesidades de sus integrantes de una manera permanente", el modelo actual de organización implica por el contrario, una "sociedad que tiende a sostener la necesidad de satisfacciones permanentes", que requiere como aliados a los conceptos de la difusión publicitaria, las encuestas de mercado y el marketing, no como vehículos de conocimiento y producción adecuada a necesidades, sino como permanentes generadores y creadores de necesidades preconcebidas, y en donde invirtiendo el orden "contractual", la renuncia al acatamiento de la ley, se manifiesta en un festival de la libertad absoluta de los más poderosos, con desmedro de los derechos de los sectores populares, que consagrada por formas y regulaciones legales ostensiblemente inicuas, podrán integrar un plexo de legalidad en términos exclusivos de juridicidad positiva, pero que desde el punto del análisis sociológico se constituyen en verdades trampas de ilegitimidad social.
En este contexto se enmarcan el actual debilitamiento de las relaciones laborales, el desempleo, y todas las demás nefastas consecuencias sociales que hoy caracterizan nuestra realidad social y son por todos conocidas. 
En la República Argentina de la iniquidad y la injusticia la realidad social que se vive, se produce como es público además, en el ámbito nacional de un país que, se encuentra dentro de un marco en donde en términos de los fallos de su más alto tribunal, la Corte Suprema de Justicia de la Nación, y en términos de los reclamos que generalmente realizan los trabajadores, los retirados, desempleados y excluidos en general, es decir el segmento más despojado de la sociedad desde su clase media hacia abajo, no se afianza la justi­cia, se violan garantías constituciona­les, y se desprecia la equidad.
La situación social que de hecho se vive todos los días y en relación con la cual no se puede ser ajeno, es además de lo expuesto, la de un país donde asuela el desempleo, la falta de ajuste de la caja fiscal, la caída de la recaudación, la caída de los índices financieros, la desinversión, las quiebras en masa de empresas pequeñas y medianas desplazadas por fenomenales concentraciones de capitales en términos de oligopolios y monopolios, la ausencia de una normativa seria que combata tales prácticas, la sanción y promulgación de leyes manifiestamente desprotectorias y derogatorias de derechos adquiridos, contrarias a intereses populares, en particular en el orden laboral, de evidente carácter inconstitucional, el ataque a la profesión de los abogados y a los abogados independientes, de mayor enjundia por parte de quien habiendo sido un súcubo acólito ministro oficialista, en la actualidad reclama reconocimientos como un gran demócrata, la utilización de los cargos parlamentarios para usufructuar los fueros respectivos como verdaderos “aguantaderos” que permitan eludir múltiples acciones legales, las pretensiones trasnochadas de acomodados en los sillones del poder de perpetuarse en el mismo en contra de claras disposiciones constitucionales que no lo permiten, el gobierno a través de normas jurídicas sancionadas sin intervención del Poder Legislativo, la utilización recurrente y sistemática al recurso de la sanción de normas que, siendo de jerarquía inferior en la pirámide jurídica, derogan a las que son de grado supe­rior, el desprecio por la Justicia y su desempeño como tal, en donde el poder político se desentiende de otorgar el adecuado presupuesto para su fun­cionamiento, el que se reduce año tras año, acostándola en el "lecho de Procusto", sim­plemente para cortarle la cabeza, afirmación que debe leerse textual y no metafóricamente, insolentes propuestas de “reformas judiciales” provenientes de las entidades y de los grandes centros del poder financiero internacional, avaladas, fomentadas y patrocinadas por el Ministerio de Justicia de la Nación, que no tienden sino a desbaratar la estructura del Poder Judicial, para garantizar un despojo de hecho de su carácter de poder constituído del Estado, para reemplazarlo por organizaciones mecanicistas que responden a reglas de productividad del mercado.
En suma, la absoluta inseguridad jurídica y el caos que no está lejos, en lo que será  a fortiori una evidente "irracionalización" de la realidad regional en general, y en la Argentina de manera especial, que solamente puede ser ignorada por aquellos conglomerados de capitales que en función de verdaderas patentes de corso previamente otorgadas, invierten con tasas de retorno, impensables en los países de primera categoría, donde la seguridad jurídica se traduce en una previsibilidad permanente.
El manifiesto avasallamiento de los derechos, efectivizados con una falsa e inexistente legitimidad, solamente fun­dada en la fuerza de arrollamiento que sos­tiene una política economicista macroeconómica, sin que hasta ahora hayan sido medi­das con justeza las consecuencias que son dables de ser esperadas, y que considera a las clases más desposeídas y excluidas, como la mera variable de ajuste y cierre de una acumu­lación sistemática, y no siempre lícita, situación de manifiesta iniquidad, contra la cual los abogados debemos postular, en los casos individuales cuyos intereses se nos confíen, y  que los jueces no pueden ni deben amparar, a menos que, conscientemente se nieguen, (bajo la propia responsabilidad que ello los genera en forma personal y al Estado como tal), a cumplir con el dictado de verdaderos actos de jurisdicción, función constitucional para la que han sido llamados, y que, antes o después, deberá  ser motivo de manifiesta revisión, antes que la válvula de escape de la historia, se torne incontrolable, como consecuencia del manifiesto corroimiento del estado de derecho.
Es en este aspecto entonces, donde la actividad del abogado se vuelve sobre sí mismo, para hacerle ver, que su función es primariamente coadyuvante a los fines de invocar el derecho, con el fin de defender los intereses confiados, pero que al mismo tiempo también es funcional para asegurar el afianzamiento de la justicia, y el equilibrio social.
En la realidad de exclusión social que se impone en nuestra región, hoy el afianzamiento de la justicia, es un concepto que no existe si no está impregnado de su correlato que no es otro que la legitimidad social del actuar, y que impone la reformulación de la legalidad, si esta no coincide con aquella.
En otros términos. El contrato social actual, se ha desequilibrado. Para los sectores populares, se ha convertido en leonino, porque está plagado de obligaciones limitatorias de la libertad, sin que tenga un correlato de derechos adquiridos, pues para los excluidos, el único derecho que tienen es el de permanecer en tal condición, hasta su total desaparición.
La postulación del derecho por parte de los abogados en este contexto, para la realización de la Justicia,  funcionalidad social, y el aseguramiento del Estado de Derecho, pasa por el hilo conductor, de plantear la mejor forma de ejercer el pacto comisorio implícito en todo contrato bilateral, para rescindir el actual contrato social, y reemplazarlo por otro actualizado que, con previsibilidad duradera, asegure nuevas reglas de juego social, con un marcado equilibrio entre obligaciones y derechos.