Alta conflictividad laboral en Argentina durante 2005

Si bien esta época de bonanza ha aumentado el empleo, las cifras oficiales son subjetivas: el gobierno incluye dentro del mercado laboral a personas desocupadas que perciben los beneficios del Plan Jefes y Jefas de Hogar, subsidio que otorga el Estado, financiado por el Banco Mundial.
El plan económico del gobierno de Néstor Kirchner está centrado en la sustitución de importaciones, mantener el peso devaluado y aumentar el gasto público. El gobierno considera que de esta manera se asegura un crecimiento económico a largo plazo. Mantiene la moneda devaluada,  con el Banco Central comprando cien millones de dólares por día, para mantener el tipo de cambio de 3 a 1. La emisión de moneda es uno de los factores principales que genera inflación.
Dice el economista Miguel Ángel Broda: “el Gobierno ha elegido una política de proteger el valor agregado local y una política industrial que implica tener un peso depreciado. (…) por una convicción –a mi juicio equivocada– de que con un peso muy depreciado hay un incremento de tecnología porque los bienes transables son los que más derraman sobre el resto. Obviamente, es uno de los pilares del programa” afirma. Pero las estrategias del gobierno de Kirchner para mantener la moneda devaluada, están generando un efecto que el país conoce bien, la inflación. La inflación cerrará en 2005 en un 9, 5% anual,  y para 2006 estima que trepará a 10,4 por ciento.  El dólar alto también permite al fisco tener mayores ingresos por las retenciones a las exportaciones, de manera de poder mantener un superávit fiscal acorde con los vencimientos de la deuda con el Fondo Monetario Internacional.
El gobierno ha sacrificado decididamente el índice inflacionario para mantener el peso devaluado “la inflación promedio en el mundo es de menos de 3%. La tasa de inflación promedio de Latinoamérica es menos de 4%. Nosotros vamos hacia un 10 u 11%, y tenemos por delante ajustes de tarifas” dice Broda.
La escalada del índice de precios al consumidor, ha hecho que los aumentos de salarios anteriores sean insuficientes para  cubrir las necesidades básicas de algunos trabajadores. La recuperación del nivel del salario ha sido asimétrica en relación a los índices de inflación en algunos sectores.
Durante el 2005, un año de gran conflictividad laboral, los trabajadores pidieron fuertes aumentos salariales y en especial el sector público, terminar con los contratos temporales que en algunos casos llevan hasta 12 años.
El sector privado, salvo algunas excepciones, fue el que mejor hizo prevención en cuanto a  conflictividad laboral.
Empleados de hospitales públicos, subtes, portuarios, estatales, pilotos y técnicos de líneas aéreas, transporte de larga distancia, judiciales, ferroviarios, molineros, bancarios, pesqueros, entre otros, reclamaron con medidas de fuerza que afectaron gravemente la prestación de servicios.
Según una encuesta del estudio Nueva Mayoría que dirige el politólogo Rosendo Fraga, sólo en julio pasado hubo 94 huelgas que han duplicado el promedio de los últimos doce meses. (1)
Los gremios del sector público lideran los conflictos de julio, dice el informe. Los docentes encabezan ampliamente las demandas, con el 55 por ciento; los estatales les siguen, con el 26 por ciento, y en el resto están los judiciales, municipales y bancarios.
A nivel político, Sergio Berensztein economista de la Universidad Torcuato Di Tella dice que el Kirchner impuso "una dinámica de confrontación permanente en la sociedad" que la gran mayoría de la gente tiende a imitar.  En tanto, Manuel Mora y Araujo describió como una de las causas del conflicto gremial "la actitud tolerante de la Casa Rosada hacia las protestas". (1)  
El aumento de la pobreza post devaluación y la crisis del 2001, dejó a grandes masas de la población en la marginalidad, que organizadas, fueron encontrando formas de reclamo poco habituales, violentas y altamente perjudiciales como cortes de ruta, cortes de calles y avenidas céntricas,  pedido de 50.000 Cajitas Feliz a Mac Donalds, bolsas de comida a supermercados, piquetes, manifestaciones violentas, toma de fábricas, tomas de empresas, entre otras.  El año 2003 y 2004 fueron escenarios de estas movilizaciones. Pero en 2005, han mermado los piquetes marginales, pero los reclamos salariales de trabajadores de diversos sectores, especialmente del sector público cobraron una magnitud inesperada.
Estos reclamos han provocado graves consecuencias como la postergación de operaciones de niños en el Hospital Garrahan, trastornos para pasajeros de subte y tren, falta de clases estudiantes de escuelas y Universidades públicas, escasez de pescado por el paro de portuarios, más de 70.000 pasajeros de todo el mundo varados por la huelga de Aerolíneas Argentinas, etc. Pero el gobierno decidió confrontar con los huelguistas.
Retóricamente tanto desde el oficialismo como del sector privado se ha adoptado el término “huelga salvaje” para describir el fragor y la radicalización de la protesta. Las duras respuestas de funcionarios, responsables de la resolución de  los conflictos, apagan un incendio, echando gasolina: “El ministro de Salud de la Nación, Ginés González García, dijo a Radio Mitre que los trabajadores del Garrahan "son los que tienen los sueldos más altos". El jefe de gobierno porteño, Aníbal Ibarra, sostuvo que se trata de un "paro político" y que "con la salud no se juega". (2)  La medida más utilizada por el gobierno después de la conciliación obligatoria, fue amedrentar públicamente tanto a trabajadores como a empresarios.

Roberto Izquierdo abogado laboralista dice que no es un dato menor que estos conflictos se manifiesten con gran virulencia. “El traspaso al mundo del trabajo de protestas propias de la marginalidad, hace que cambien los lugares de protesta y los protagonistas”.
Durante uno de los reclamos de los trabajadores de subterráneos, un gremialista afirmó: “la gente está literalmente atrincherada en las cabeceras de los subtes; han venido compañeros con sus familias para quedarse. Y, conociendo cómo está el ambiente, creo que se van a profundizar las medidas", dijo el delegado Carlos Pérez, a la salida de la reunión en la cartera laboral. (3)

La conflictividad ha aumentado, en parte, por el defasaje entre los precios relativos y el valor salario  “Hay una necesidad de adaptación a la nueva situación” dice Izquierdo.
Para el abogado, una de las causas más importantes de la alta conflictividad laboral durante este año, ha sido la brecha  existente entre el alto costo de vida y un nivel de salarios asimétrico.
De todas formas el gobierno, se ha dedicado a confrontar con sindicatos y trabajadores que reclaman un reajuste salarial en una economía inflacionaria. Ha habido una gran falta de previsión en este gobierno frente a las propias políticas económicas. Finalmente se otorgan las concesiones solicitadas, pero la pérdida de productividad y el desgaste social que tales conflictos traen aparejados, parecen tener si cuidado al gobierno que a la vez se arroga el éxito una vez resueltos los mismos.
La última medida para obligar al aumento de salarios fue con el decreto 1295/05 que dice que  a partir del 1º de octubre de 2005, la asignación no remunerativa de $ 100 establecida por el Decreto 2005/04 adquirirá carácter remunerativo y ascenderá a $ 120 brutos. En los casos en que dicha Asignación hubiera sido compensada con otros incrementos, cuando resulte necesario el empleador deberá adicionar a la remuneración del trabajador la cantidad faltante para alcanzar la suma de $ 120.  
El sector privado ha sido el más previsor. Han otorgado aumentos no remunerativos en forma esporádica durante estos dos últimos años por lo cual muchos sectores han evitado la conflictividad laboral. Hay una clave técnica a tener en cuenta a la hora de firmar un convenio. “Las cláusulas de absorción son indispensables y deben ser amplias para que permitan que su aplicación sea lo más amplia posible. Si no se permiten absorber los incrementos de los conceptos voluntarios que se venían abonando, las empresas se verán seriamente perjudicadas” dice el Dr. Juan José Etala del estudio Salvat, Etala, Saravi.
Por su parte, la previsión del sector privado, no ha sido la misma del gobierno nacional, que optó por la confrontación con los gremios o por la desidia total.
El interventor general de Puertos, Luis Ángel Diez, dijo sobre el paro de portuarios, en una entrevista a La Nación que las huelgas restan competitividad y que el impacto de las pérdidas será fuerte.  Tranquilo, como si él mismo fuese un mero espectador, ajeno a los hechos. (4)
El paro de Aerolíneas Argentinas tuvo su punto culmine de confrontación gobierno-gremios cuando el Presidente amenazó con quitarles la personería jurídica, medida que muchos creyeron imposible de aplicar. El Dr. Carlos Miguez de Alfaro Abogados dice: “Esa sería una de las medidas más graves que existe, pero al gobierno hay que creerle siempre.” Para Etala, esto es posible de llevar a cabo pero  “fue simplemente un elemento de presión para levantar la huelga pero que no les surtió efecto”.
Además de la falta de previsión frente a sus propias políticas económicas, se suma el “efecto contagio” de tanta conflictividad. Con la gran difusión de los conflictos, muchos trabajadores y gremialistas creen que cuanto más se protesta, más se gana “creen que cuanto más conflicto haya, más se conseguirá, todos los trabajadores, comisiones internas y sindicatos, se sienten con iguales derechos para pedir incrementos salariales e igualar salarios que otros gremios consiguen” asegura Etala. Hasta las normas básicas de representación gremial se incumplen en tanta anarquía “muchas veces los delegados no responden a los sindicatos y actúan en forma independiente” asegura. Esto dificulta en gran medida la resolución de conflictos. El sindicato acuerda pero parte de los trabajadores continúan a disgusto y deciden continuar con la medida de forma independiente.
La falta de productividad, la pérdida de clientes y la pérdida de competitividad, no se sabe como afectarán a largo plazo la economía de las empresas.  “Las empresas están atadas de pies y manos mientas no este reglamentado el derecho de huelga y la provisión de servicios mínimos en Argentina” dice por su parte Míguez.
Sobre la posibilidad de regular el derecho de huelga, Roberto Izquierdo dice: “¿Regulación de la huelga? Suena atractivo pero no hay casos exitosos. En Francia las huelgas son salvajes y en EE.UU. la noción de servicios mínimos no existe”
Para Etala, por su parte, es preferible que no haya nueva legislación por el momento, en base a cómo está conformado hoy el panorama político.
Héctor Recalde, abogado de la CGT,  acaba de asumir el pasado 6 de diciembre como diputado nacional electo por el ARI. Recalde ha reivindicado y se enorgullece de los paros y huelgas de todas las épocas y va más allá. Pide una reducción de la jornada laboral al estilo europeo. (5) El abogado alega, que sería una muy buena forma de bajar el ausentismo, los accidentes de trabajo y aumentar la productividad. Esta posición la sostiene quien sería el futuro Presidente de la Comisión Legislación del Trabajo de la Cámara de Diputados a partir del 1º de marzo de 2006, cuando muchos creen que el país necesita más trabajo, capacitación y producción.
Pero la idea de Recalde no es lo único que tiene en mente gran parte del sindicalismo. La CGT pide un salario mínimo vital y móvil de 800 pesos para 2006. Pero ¿qué representaría este incremento?  “En sí mismo, esto no implicaría perjuicio alguno” dice Etala. “La mayoría de los trabajadores está por encima de esa cifra, pero desgraciadamente en este país se piensa que subir el salario mínimo, implica también subir los salarios convencionales y entonces se abre toda una nueva etapa de negociación por los efectos de arrastre de ese incremento”.
El último de lo conflictos gremiales más resonantes ha sido el de Aerolíneas Argentinas. Con casi 9 días de huelga de pilotos y técnicos, la empresa dejó varados a unos 70.000 pasajeros de todo el mundo. El sindicato de Pilotos de Aerolíneas Argentinas, una entidad sin vinculación con la CGT o CTA, afirmaba que desde 1992 no reciben aumentos salariales y pidieron un 40% de aumento. Aerolíneas por su parte ofrecía el 1,7 por ciento.

Los gremios afirman que las conversaciones con la empresa están estancadas desde hace dos años mientras que su Presidente, Antonio Mata confiado en la postura dura de la empresa, viajó a la Argentina recién el sexto día de los nueve que duró el conflicto.
Desde hace unos dos años, la empresa ha despedido personal, que luego ha vuelto a incorporar, ha tenido campamentos  de empleados dentro del aeropuerto, huelgas de hambre y suspensión de vuelos. El panorama se fue poniendo cada vez más oscuro. Por ejemplo en julio, en un solo día hubo doce amenazas de bomba en los vuelos de Austral,  y otras tantas en Agosto, que se atribuyen al conflicto gremial. (6)
La empresa también se trenzó en una batalla retórica con los gremios, y no es menor su responsabilidad en el grave perjuicio que sufrieron los pasajeros y en las enormes pérdidas.
Pero la situación financiera y judicial de Aerolíneas Argentinas y sus actuales concesionarios, el Grupo Marsans es extremadamente complicada.
Finalmente Gerardo Díaz, uno de los propietarios de Air Comet SA controladora de Marsans viajó desde España para dialogar con los gremios y no tuvo alternativa más que otorgar un aumento de 1000 pesos para pilotos, 600 para copilotos y 400 para técnicos, que era lo que se pedía para levantar las medidas de fuerza. Aún continúan las negociaciones.

La intransigente posición de Marsans durante el conflicto, tiene que ver con muchos factores. Uno de ellos es el control del gasto laboral en una empresa con casi 8000 trabajadores. Marsans se hizo cargo de Aerolíneas Argentinas en 2001 y debieron cubrir un pasivo que llegaba a los 80 millones de dólares por mes, durante unos 2 años.

La empresa aún posee una muy delicada situación fiscal y también cuenta con procesos legales de todo tipo. El 5 de Julio de 2005, el juzgado de instrucción número 35 de Madrid citó a declarar como imputados a los propietarios del Grupo Marsans, Gonzalo Pascual y Gerardo Díaz, por un presunto delito de apropiación indebida de fondos públicos por importe de hasta 246 millones de dólares (204 millones de euros) procedentes de las aportaciones de la Sociedad Estatal de Participaciones Industriales (SEPI) para el pago de deudas de Aerolíneas Argentinas.
Lo que se prevé para 2006 es un año con alta conflictividad laboral, reclamos no sólo salariales sino de encuadramiento gremial y un índice de inflación más alto que en 2005.
Las críticas por el manejo del gobierno frente a la conflictividad seguramente continúen.  "Pareciera que desde el sector gremial, gubernamental y hasta judicial entendieran que el derecho constitucional de huelga es casi absoluto y que está por sobre los demás derechos que también tienen garantía constitucional. De esta forma se incentiva la conflictividad en forma anárquica" dice a Los Recursos Humanos.com, el Dr. Juan José Etala abogado de la Unión Industrial Argentina.
Quienes piensan que la alta conflictividad es propia de economías en desarrollo, se equivocan.
Los gremios franceses desataron en marzo de 2005 una importantísima huelga, que coincidió con la visita de los inspectores del Comité Olímpico Internacional, semanas antes a la elección de la ciudad sede de los Juegos Olímpicos de 2012.
En una semana protestaron científicos, estudiantes y transportistas entre otros. Miles de personas reivindicaron en las calles mayor respeto por el empleo, los salarios y el mantenimiento de la semana laboral de 35 horas. Estatales, gasíferos, electricistas, trabajadores del metro y de correos, protestaron en desacuerdo con el rumbo de la política económica del premier Jean-Pierre Raffarin.

Referencias bibliográficas