La dirección de Air Comet presentó este miércoles en la Dirección de Trabajo de la Comunidad de Madrid un expediente de Regulación de Empleo (ERE) que contempla la extinción de un total de 666 contratos de empleo, según informaron el Gobierno regional y la compañía. Del total de empleos que se extinguirán, 650 corresponden a trabajadores en la Comunidad de Madrid, el 85% de la plantilla, y 16 en Palma de Mallorca. Los trabajadores temen no cobrar el paro hasta marzo, aunque la aerolínea asegura que cobrarán el subsidio y los salarios del Fondo de Garantía Salarial (Fogasa) y que el proceso "será rápido". La decisión final corresponderá al Ministerio de Trabajo al estar involucradas dos comunidades.
Como la mayoría de los empleos corresponden a Madrid, la decisión del Ministerio deberá tener en cuenta la propuesta de la Consejería de Empleo, con la opción de aceptarla o rechazarla totalmente y que vuelvan a comenzar las consultas.
Fuentes de Trabajo señalaron que "será poco probable" que el ERE sea rechazado, aunque indicó que el proceso podría demorarse, ya que el primero debe negociarse con los trabajadores antes de que llegue a al Dirección General de Trabajo. A partir de este miércoles se abre un período de consultas de 30 días, prorrogables, entre empresas y trabajadores para llegar un acuerdo.
Air Comet, que presentó el ERE firmado por el comité de Estructura y Vuelo de "handling" dice que, de esta forma, los trabajadores "podrán cobrar el paro y las nóminas atrasadas de Fogasa" y que el proceso "será rápido", indicaron fuentes de la aerolínea.
Las mismas fuentes explicaron que la intención de la compañía es presentar en el plazo de "un mes" su demanda de concurso voluntario de acreedores ante los Juzgados de lo Mercantil de Madrid, localidad donde Air Comet tiene su sede social.
"En estos momentos, la compañía está analizando las tres o cuatro vías que existen para presentar dicho concurso", indicaron.
Desde Air Comet se asegura que las tres prioridades de la compañía son "trabajadores, pasajeros y concurso de acreedores voluntario", por este orden.
La compañía tiene una deuda de cerca de 100 millones de euros, segun fuentes jurídicas cercanas al caso. Entre otros impagos, la compañía debe 16 millones de euros a la Seguridad Social, más de siete millones de euros por las nóminas impagadas, varias cantidades sin determinar a los proveedores de combustible de la aerolínea y una deuda derivada del embargo de su flota que asciende a más de 25 millones de dólares (unos 17,2 millones de euros) con el banco alemán Nord Bank, que ya ha presentado una demanda judicial.
Air Comet entregó a Fomento las listas de pasajeros afectados, que asciende a 7.000 sólo en esta semana, según confirmaron fuentes de la compañía.
LOS TRABAJADORES "NO AGUANTAN MÁS"
El comité de empresa aseguró este miércoles que luchará por agilizar "lo máximo posible" el proceso para que los 666 trabajadores que se quedan en la calle puedan cobrar las nóminas de octubre y noviembre, como se comprometió de nuevo el martes la compañía, y poder cobrar el subsidio del paro una vez que se haya resuelto.
"Hasta que no se presenten todos los papeles no podremos cobrar el paro, por lo que si esto se dilata hasta el próximo 3 de febrero, no cobraremos el subsidio hasta un plazo de entre dos a cinco meses", señalaron fuentes sindicales.
Las mismas fuentes indicaron que "por el momento", no todos los trabajadores han cobrado las nóminas de octubre y noviembre y denunciaron que "algunos pagarés han sido incluso devueltos".
Los trabajadores, a los que la compañía adeuda en algunos casos hasta los salarios de ocho meses, quieren cobrar "cuanto antes" para poder "aguantar" estos meses antes de acudir al concurso de acreedores para poder buscar otro trabajo". Por ello, eran partidarios de que no se admitiera el ERE y se acudiera "directamente" al concurso de acreedores.
"Después de ocho meses sin cobrar, la gente no puede esperar hasta mazo para cobrar. Algunos de nosotros no hemos podido comprar ni una triste tableta de turrón para nuestras familias", lamentaron.
Finalmente, reprocharon a los empresarios que mantengan a Gerardo Díaz Ferrán al frente de la CEOE y que el propio Gobierno insista en que respeta esta decisión. "Cómo se va a sentar Díaz Ferrán a negociar con los sindicatos el diálogo social cuando sus empleados tienen un sueldo base de 640 euros, les debe hasta ocho pagas y lleva diez años sin aplicar la subida del IPC". "Es surrealista", concluyeron.