El pasado 7 de marzo el gobierno en funciones iraquí suspendía las actividades del Sindicato de Abogados del Iraq al disolver a su dirección democráticamente elegida, el denominado Comité Administrativo, compuesto por 10 miembros y un secretario general. Según indica el diario iraquí al-Zaman, en su edición del día siguiente, el gobierno de al-Yaafari "[…] ha formado una comisión provisional para la gestión de los asuntos del Sindicato, a la espera de la celebración de las elecciones de un nuevo Comité Administrativo". Se trataría así de una decisión política y no judicial, llevada a cabo en un momento en el que arrecian las denuncias sobre las violaciones de los derechos humanos por parte de los nuevos cuerpos de seguridad iraquíes del ministerio del Interior, convertidos en Escuadrones de la muerte [1].
Según este medio, "[…] el secretario general del sindicato, Diaa Saadi, ha manifestado que la decisión del gobierno es una intervención directa que viola la independencia del sindicato, una organización profesional libre e independiente sometida a las disposiciones de la Ley del letrado número 173 del año 1965. Según Saadi se trata de una intervención inaceptable que anula al actual Consejo del sindicato elegido por sus propios afiliados siguiendo las disposiciones de la ley y bajo la supervisión de las comisiones judiciales y de las organizaciones internacionales". Según Saadi, "el gobierno no tiene el derecho de intervenir en los asuntos de las organizaciones civiles, como el Sindicato de Abogados. Es necesario mantener el sindicado de abogados fuera de cualquier intervención gubernamental, partidista o de cualquier organización política, porque manifiesta la voluntad de todos los abogados iraquíes, por encima de su pertenencia política, partidista o sectaria".
Según al-Zaman, "[…] Saadi ha explicado que esta intervención gubernamental puede impedir que el Sindicato cumpla sus tareas nacionales y profesionales relativas al establecimiento de un Estado de Derecho, la defensa de las instituciones constitucionales, la consolidación de la defensa de los derechos civiles y políticos, y la garantía de los derechos humanos, haciendo frente a las detenciones forzosas y defendiendo el imperio de la ley". Saadi ha señalado que "[…] todo ello sólo se puede conseguir mediante la consolidación de la independencia del Sindicato, manteniéndolo fuera de cualquier intervención gubernamental, política o partidista, para que pueda expresar la voluntad de los abogados en la defensa de la unidad del pueblo iraquí y en la consecución de su independencia y soberanía".
Traducción del árabe para IraqSolidaridad de Fátima Onetti.
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