El ministro de Trabajo, Carlos Tomada, aseguró que la distribución de parte de las ganancias de las grandes empresas entre sus trabajadores "es un principio constitucional", pero reconoció que "no hay fecha" para su tratamiento parlamentario.
Tomada afirmó que "debe debatirse" una norma que distribuya las ganancias de las compañías, porque subrayó que la participación de los empleados en la rentabilidad "es un principio constitucional que debe ser reglamentado para su aplicación".
De todos modos, puntualizó que "no se habló ni se habla de fechas", tras el encuentro que ayer sostuvo la presidenta Cristina Fernández en la Casa de Gobierno con la cúpula de la Confederación General del Trabajo (CGT), encabezada por su secretario general, Hugo Moyano.
Precisamente, Moyano puso el tema en consideración al hablar en el acto del 29 de abril para conmemorar el Día del Trabajador.
"Creemos que es mejor que la reglamentación sea por una ley debatida en el Parlamento. Debe debatirse, no se debe rehuir el debate", sostuvo Tomada a radio Continental.
La participación de los trabajadores en las ganancias empresarias está contemplada en el artículo 14 bis de la Constitución, aunque desde su sanción en 1957 nunca hubo una ley que reglamentase ese derecho.
El diputado del Frente para la Victoria y abogado de la CGT, Héctor Recalde, lanzó a mediados del año pasado la iniciativa, basándose en varios antecedentes, entre ellos un proyecto del ex senador radical Hipólito Solari Yrigoyen.
A pesar del tiempo transcurrido, el proyecto no tiene aún tratamiento en comisiones y, conforme con lo expresado por Tomada, tampoco en el Gobierno existe premura para que el tema comience a ser debatido de inmediato.
En un primer momento, la iniciativa de Recalde fue resistida por las entidades empresarias, al punto que el por entonces presidente de la Unión Industrial Argentina (UIA), Héctor Méndez, sostuvo que si llegaba a ser convertida en ley el país pasaría a ser "una nueva Cuba".
El propio Recalde se encargó de rechazar esa posibilidad, argumentando que "si hay un país en el que no se puede aplicar este proyecto, es Cuba", en razón de que no cuenta con ganancias empresarias para repartir.