BARILOCHE. Un informe realizado en abril del 2008 por la Dirección de Salud Laboral, reflejó que el 71 por ciento de los empleados del área de Obras Públicas de la Municipalidad de San Carlos de Bariloche tenían estrés laboral por las condiciones físicas y psíquicas en las que trabajaban.
El estudio revelado por el Diario Digital Bariloche 2000, agregó que detectaron hacinamiento, falta de ventilación y mobiliario adecuado, y desde la fecha en que se realizó la investigación, “la situación no ha variado”.
Diana Scialpi es Subsecretaría para la Reforma Institucional y Fortalecimiento de la Democracia de la Jefatura de Gabinete de Ministros, y especialista en Violencia Laboral. Hace poco más de dos años la especialista estuvo en la ciudad brindando una charla en sobre "Cómo construir instituciones sin violencia".
Consultada sobre el informe, Scialpi sostuvo que el problema se da porque “las leyes de Higiene y Seguridad en el Trabajo y la de Riesgos de Trabajo, simplemente no se cumplen”, y agregó que “la primera modalidad de violencia laboral es la violación de las leyes vigentes, cuyos incumplimiento tiene efectos devastadores”.
La Ley 19.587 que rige desde 1972, expresa que las condiciones de higiene y seguridad en el trabajo se ajustarán en todo el territorio de la República Argentina a las normas de esta ley y de las reglamentaciones que en consecuencia se dicten.
El informe sobre Obras Públicas mostró que “las malas condiciones laborales ocasionan condiciones psicológicas adversas que influyen negativamente en la salud mental de las personas y que a posteriori repercuten y se vuelven desfavorables para el buen desempeño laboral”.
“Estas violaciones no constituyen "mobbing" ni "acoso moral", que por definición son difíciles de probar”, indicó Scialpi. “Por el contrario, estas violaciones a la ley son bien verificables y tiene efectos bien verificables en la salud de las personas que trabajan en condiciones laborales que violan esas leyes vigentes”.
La Organización Mundial de las Salud define la violencia como el uso deliberado de la fuerza física o el poder, ya sea en grado de amenaza o efectivo, contra uno mismo, otra persona o un grupo o comunidad, que cause o tenga muchas probabilidades de causar lesiones, muerte, daños psicológicos, trastornos del desarrollo o privaciones.
“La violación de las leyes producen todos esos efectos mencionados en esa definición”, marcó la especialista.
Por otra parte, Scialpi advirtió que “nuestro mismo Estado Nacional viola las leyes de empleo público, las leyes de Higiene y Seguridad, de Riesgos del Trabajo y tantas otras y en consecuencia incurre en el peor pecado porque el Estado es precisamente, el que debe respetar y hacer respetar las leyes. Si no cumple el Estado ¿qué cumplimiento les va a exigir a los empresario privados?”
En noviembre del 2003 un grupo de especialistas interesadas por la salud y la seguridad de los Trabajadores en el sector público conformaron la Comisión Interinstitucional de Salud y Seguridad en el Trabajo de Organismos Estatales, y se propusieron revisar el estado de salud y seguridad en los Organismos Estatales. Realizaron un relevamiento en 15 organismos públicos y concluyeron que “el desarrollo de los servicios de Salud y Seguridad en el Trabajo en el sector Público Nacional se muestra seriamente limitado”. Además manifestaron que existe “un claro incumplimiento de la norma vigente, toda vez que 85% de los participantes en la encuesta afirman no cumplir plenamente con la ley Nacional 19.587”.
El incumplimiento de las normativas vigentes no sólo se da en el ámbito laboral estatal sino también en el privado, hasta parecería ser una característica argentina.
Una encuesta publicada en el 2003 denominada “Argentina, una sociedad anómica”, sostiene que “el 86% de la población entrevistada consideró que la Argentina vive la mayor parte del tiempo al margen de la ley mientras que para el 88% de los entrevistados los argentinos son desobedientes y transgresores -aunque la mayoría no se ubica a sí mismo en esa categoría”.
“El drama de la Republica Argentina es la violación de las leyes vigentes y la falta de rigurosas sanciones a los responsables”, concluyó Scialpi.