Eucomed pide a los Estados miembros respaldar la propuesta de la Comisión con respecto a las autoridades públicas Brasil y México están poniendo a muchos países europeos en evidencia pagando a sus proveedores en un plazo de 55 días. Los datos obtenidos de una compañía miembro de Eucomed llegan cuando el Council Grupo de trabajo del consejo de competitividad y crecimiento (Working Party on Competitiveness and Growth) está teniendo otra ronda de negociaciones sobre la revisión de la Directiva de pagos tardíos en Bruselas. Eucomed pide a los Estados miembros que se adhieran al objetivo de pago en 30 días para las autoridades públicas y se opone a cualquier tratamiento diferente para los hospitales.
Aproximadamente medio millón de personas están empleados en el sector de la tecnología médica europea. Su sustento depende en gran cantidad de los contratos con las autoridades públicas, más a menudo hospitales públicos. Sin embargo estas autoridades han fallado en pagar un 10% de los ingresos totales del sector de la tecnología médica y más de 11.000 millones de euros se deben a las compañías de tecnología médica por parte de tres Estados miembro de la UE solamente. Representando el 80% del sector, las PYMES están en mayor riesgo y su frágil situación es por supuesto empeorada por el actual clima económico.
"Las compañías de tecnología médica pequeñas esperan hasta 700 días para cobrar por parte de los organismos públicos. La situación se ha hecho tan grave que algunas compañías están en bancarrota o considerando salir del mercado", dijo John Wilkinson, director ejecutivo de Eucomed. "Desafortunadamente, los pacientes también sufrirán cuando las compañías dejen el mercado y se restrinja el rango de productos y tratamientos disponibles. Esto tendrá el efecto de añadir desigualdades sanitarias en Europa".
Disparidades en Europa
Los proveedores al sector privado pueden tratar de gestionar el problema negándose a ofrecer productos hasta que se paguen las facturas o buscando efectivo inicial. Pero cuando las autoridades públicas locales y nacionales son sus clientes principales, como es el caso del sector sanitario, esto es más difícil. Las compañías sanitarias no sólo tienen un deber ético de ofrecer productos para salvar la vida a los pacientes sino que también pondrían en riesgo sus relaciones empresariales con las autoridades para las que trabajan. Los organismos públicos en Europa del norte aceptan generalmente que tienen un deber de cumplir los términos de los contratos. En otras partes, los gobiernos nacionales y locales no sienten dicha obligación. En algunos casos, claramente explotan su posición dominante como compradores de monopolios cercanos.
En España e Italia, el tiempo de pago medio es de aproximadamente 250 días. Sin embargo, en algunas de sus regiones, esta cifra supera los 600 días. Para aliviar la situación en España, el Parlamento nacional votará el 23 de marzo de 2010 una ley que prevé un objetivo de pago a 30 días para las autoridades públicas así como procedimientos agilizados para reclamaciones. Mientras tanto, la situación es prácticamente la misma en Turquía, donde las autoridades públicas se toman una media de 256 días para pagar a los proveedores. Sin embargo, no todo eso pesimismo y negatividad en Europa. Por ejemplo, el gobierno británico se ha comprometido a que los departamentos centrales y agencias como el servicio sanitario nacional paguen en 10 días. Esta medida forma parte de un paquete para ayudar a determinadas pequeñas y medianas empresas mediante la crisis económica y ha resultado en que nueve de cada diez facturas se paguen dentro de ese plazo. Irlanda es otro país donde el gobierno está ayudando a la industria a recuperarse de la crisis. Los departamentos del gobierno central se han comprometido a pagar dentro de 15 días a los cuerpos estatales como el ejecutivo de servicios sanitarios (HSE) prometiendo pagar en 30 días.
"La situación en Europa varía dramáticamente y es extremadamente sorprendente que países como Brasil y México estén pagando a los proveedores más rápido que muchos países europeos", dijo Wilkinson. "Para que Europa se agilice, la Directiva de pagos tardíos debería eliminar lagunas jurídicas y animar el pago temprano imponiendo penalizaciones".