CÓRDOBA. Con dos proyectos presentados por Sergio Busso ante la unicameral, se busca modificar el reglamento que rige el Consejo Profesional de Ciencias Económicas y la Caja de Previsión Social de los contadores, en los mismos se contemplan cambios de incidencia política y estructural de ambas entidades.
La Unicameral comenzará a analizar dos proyectos de ley claves para los contadores. Se trata de modificaciones a la legislación que rige el Consejo Profesional de Ciencias Económicas de Córdoba y la caja previsional a la que aportan los contadores. El viernes pasado, ambas iniciativas -que fueron debatidas y avaladas el año pasado en asambleas concretadas por las entidades mencionadas- ingresaron a la Legislatura impulsadas por el legislador oficialista Sergio Busso (UPC). Se estima que esta semana serán tratadas en comisión.
Para conocer los puntos destacados de las modificaciones al reglamento que rige a los profesionales como sobre a su régimen jubilatorio, Comercio y Justicia consultó al vicepresidente del CPCE, Antonio Bearzotti, y a la titular de la Caja, Teresita Bersano.
Entre los principales puntos del proyecto de modificación al reglamento del CPCE, figuran:
– Minorías en el gobierno: contempla la inclusión de minorías en los cargos de gobierno y se eleva el número de consejeros de 15 a 20. La duración en el cargo de los consejeros titulares será de cuatro años y se renovarán por mitades, cada dos años, pudiendo ser reelegidos por un solo período consecutivo.
– Matrícula diferencial: para aquellos profesionales que hoy trabajan “exclusivamente” en relación de dependencia. De aprobarse la iniciativa, quienes ya aportan por obra social y aporte jubilatorio en empresas y entidades donde trabajan, no deberán pagar por esos ítemes. De aprobarse la iniciativa, pagando sólo el derecho de ejercicio profesional (matrícula) tendrían acceso a las capacitaciones y actividades que ofrece el CPCE. Cabe aclarar que también se propone para ellos la posibilidad de una afiliación jubilatoria optativa, con un aporte menor que el básico, que les permitiría a futuro una haber adicional.
-Inclusión de profesiones afines: la reforma también apunta a captar profesionales afines a las Ciencias Económicas, como licenciados en comercio exterior, marketing, recursos humanos, gestión de empresas agropecuarias y en administración hotelera, entre otros.
– Tribunal de ética: se plantea, a diferencia de lo que ocurre actualmente, que los integrantes de este tribunal sean elegidos simultáneamente, de la misma forma y en las mismas condiciones que los miembros del Consejo. Es decir, por la vía de la elección directa por parte de los matriculados.
Jubilaciones
Entre los cambios más significativos a la Caja de Previsión Social para profesionales de Ciencias Económicas, figuran:
– Representación de las minorías: se incluye representación de las minorías en el Directorio de la Caja que aumenta de cinco a nueve el número de sus miembros. De ese total, uno actuará en representación del CPCE, dos por los jubilados y seis en representación de los activos. Para la elección de los representantes de los jubilados ordinarios y de los activos se utilizará el sistema D’Hont entre la totalidad de las listas que hayan computado votos válidos.
– Nuevas categorías de aportación por parte de los activos: hasta hoy, el aporte de los afiliados al sistema es según la edad, mientras que en el proyecto de ley se combina edad y mayores o menores aportaciones para dividirlo en cuatro categorías. A la categoría básica (A) se anexan otras tres (B, C y D) en las cuales los beneficios previsionales serán mayores, atados a un mayor aporte durante la etapa activa.
– Afiliación optativa diferenciada: quienes ejerzan la profesión exclusivamente en relación de dependencia podrán optar por aportar 50% de la categoría básica para lograr luego una jubilación adicional (a 40% del haber de dicha categoría).
– Movilidad automática: se adecua la movilidad a los nuevos paradigmas establecidos por los regímenes nacionales. Es decir que en los meses de marzo y septiembre se “considerará” la adecuación pertinente (este punto no implica que sea el mismo porcentaje o cifra que establezca el régimen nacional).
-Invalidez y pensión: la jubilación por invalidez requerirá, con este proyecto, de una incapacidad de 66% y no ya de 86%. Se acotan los importes de los haberes de pensión e invalidez a 70% de los importes fijados para la jubilación ordinaria que correspondiere.
– Compensación y bonificaciones: se permite compensar exceso de edad con años de aportes faltantes. Por otra parte, se contempla la incorporación de bonificaciones especiales por años de aportación excedente, por diferimiento de la jubilación, por aportes extras que hayan realizados aquellos profesionales por certificación de balances y desempeño profesional en el ámbito judicial.
– Aguinaldo: según detalla la iniciativa legislativa, en los meses de junio y diciembre de cada año los afiliados deberán ingresar un aporte aguinaldo adicional consistente en la mitad del aporte mensual que le corresponda para el mes en curso, quedando facultado el directorio para modificar la modalidad de su ingreso.