Durante 2010 se sucedieron una serie de conflictos importantes protagonizados por trabajadores de la industria del petróleo enmarcado en una crisis definida por diferentes tensiones entre demandas sociales de aumento de salarios, pero también marcada por una ausencia de una legislación nacional unificada.
A la hora de mencionar el conflicto petrolero, surge por el mes de abril de 2010 un reclamo por un aumento del 32% de los salarios de los trabajadores; debido a las internas que existen entre los diferentes gremios petroleros, este pedido de aumento salarial se canalizó a través de la Federación Argentina del Petróleo, Gas Privado y Biocombustible. Luego de un paro por tiempo indeterminado, hacia el 1 de Mayo gracias a las negociaciones mediadas por el Ministerio de Trabajo, se firmó un acuerdo por un aumento del 25% y otros beneficios, entre ellos la implementación de cursos de capacitación.
Tras haber tolerado las subas del 28% al 40% que aplicaron las petroleras durante los últimos doce meses, el Gobierno por medio de la resolución 295, decidió que los precios de las naftas y gasoil debían retrotraerse a los valores vigentes al 31 de julio. La única empresa que recurrió a la justicia para que se le permitiera hacer el ajuste fue Shell, ya que las restantes empresas ya habían aplicado sus aumentos en el mes de julio.
El 23 de agosto el Sindicato de Petroleros Privados llevó adelante una medida de fuerza con la toma de las instalaciones de la empresa Petrobras en Punta Loyola, por el despido de dos trabajadores de la contratista Skanska, a quienes no se les pagó la indemnización correspondiente.
En el marco de un diálogo con los distintos sectores sociales, y para evitar nuevos conflictos, el 18 de noviembre, la Nación, provincias, sindicatos y empresas del sector firmaron el Acuerdo Nacional de Promoción del Diálogo Social en la industria hidrocarburífera, a partir de acá las controversias entre los gremios y las compañías petroleras se resolverán bajo la tutela de los gobiernos nacionales y provinciales.
A las dos semanas de firmar el convenio surgió de nuevo la crisis, que paralizó a dos provincias Chubut y Santa Cruz. En el acuerdo los empresarios prometieron inversiones, los gremialistas que no habría nuevos paros. En este caso el personal jerárquico de YPF tomó las oficinas administrativas de la empresa en Las Heras y los yacimientos Manantiales Behr y Los Perales, de Santa Cruz, reclamando una equiparación salarial entre los afiliados del SUPE y Jerárquicos. El motivo fueron las diferencias en un encuadramiento gremial y el despido de 160 trabajadores. A estas provincias pertenecen las cuencas petroleras más importantes del país y durante esta huelga los empresarios estimaron que se perdieron entre 3 y 6 millones de dólares por día. Hubo enfrentamiento y cortes.
El 5 de diciembre YPF anunció que “suspenderá la producción de sus yacimientos en el norte de la provincia de Santa Cruz hasta que no estén dadas las condiciones de seguridad a raíz de un conflicto gremial con el personal jerárquico que se desempeña en el lugar”. Pero todo comenzó el miércoles 1 de diciembre cuando un grupo de dirigentes del Sindicato de Jerárquicos ingresó por la fuerza en la planta de Cañadón Seco e intimó a todo el personal a que se retire del lugar. YPF incluso habló de bombas molotov en poder de los trabajadores en huelga. Lo que reclaman los jerárquicos es el reconocimiento de su convenio, mientras la empresa reivindica el convenio que rige históricamente firmado con el sindicato de petroleros de base, el SUPE. Todo se agravó con el envío de telegramas de despido por parte de la empresa. En la madrugada del 8 de diciembre el Sindicato del Personal Jerárquico y Profesional del Petróleo y Gas Privado de la Patagonia austral tomó pacíficamente las instalaciones de la empresa Terminales Marítimas Patagónicas (Termap), en las afueras de Comodoro Rivadavia. Acá se almacena el petróleo que luego va a ser embarcado. Las petroleras la contratan para transportar el petróleo del continente hacia los buques que amarran en los puertos patagónicos y que luego llevan el crudo hacia las destilerías.
Mientras festejaban el Día del Petróleo, el 13 de diciembre, el gobernador Mario Das Neves aclaró que “los recursos naturales son de los chubutenses” y le advirtió a la empresa YPF que estaría analizando con quitarle la concesión de las áreas que la empresa explota en la provincia.
Para el 17 de diciembre todas las empresas petroleras tomaron el ejemplo de YPF de aumentar los precios de los combustibles entre un 4% y 5% a pesar de que seguía vigente el congelamiento de precios.El 19 de diciembre el conflicto estaba solucionado, sin embargo el 27 los representantes de las estaciones de servicio hablaban nuevamente de escasez de combustibles; el presidente de la Asociación de Estaciones de Servicios Independientes, Manuel García consideró que el problema del abastecimiento “se agrava pese a que el gobierno descongeló los precios”. El 30 de diciembre los diarios anuncian que “Continúa el paro iniciado el martes en la empresa OXY, que hay negociaciones con el Sindicato de Petroleros Privados, pero que la empresa se resiste.
Ante la falta de acuerdo con el Gobierno, las petroleras YPF y Esso le anticiparon a las empresas interurbanas de ómnibus que desde el 1 de enero iban a interrumpir la entrega de los cupos de gasoil subsidiado que están vigentes desde el 2002. El Gobierno resolvió ampliar los cupos de importación de combustibles líquidos sin impuestos.
Estos acontecimientos se desarrollaron en un marco donde el país alcanza a autoabastecerse en materia de petróleo pero se encuentra al límite y se espera que en pocos años Argentina se transformará en un importador creciente de combustible. Por lo que se hace necesario incentivar la producción, la exploración, orientada hacia la diversificación de la matriz energética.
La posibilidad del desarrollo de los hidrocarburos en el país están directamente relacionados con la posibilidad de sostenerse en un marco de estabilidad social, fiscal y legal que incluye reglas claras en materia de legislación laboral.