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XV Reunión de Presidentes
de organizaciones
empresariales
iberoamericanas. San José
(Costa Rica) 7 y 8 de
octubre de 2004
Los Presidentes de las
Organizaciones
Empresariales
Iberoamericanas, reunidos
en San José, los días 7 y
8 de octubre de 2004,
adoptaron por unanimidad
la presente Declaración,
para su presentación en la XIVª Cumbre Iberoamericana
de Jefes de Estado y de
Gobierno que tendrá lugar
en San José (Costa Rica)
los días 18 y 19 de
noviembre de 2004.
DECLARACIÓN DE SAN JOSÉ
Agenda por la
Democracia y el Desarrollo
Los Presidentes de las
Organizaciones
Empresariales
Iberoamericanas desean
enviar un mensaje de
esperanza y alerta a la
vez: esperanza porque
nuestros países gozan de
regímenes democráticos y
porque se proyecta que la
economía de América Latina
crecerá un 4,5% en el
2004. Con este mayor
crecimiento se fortalece
la tendencia expansiva que
se inició en el 2003,
luego de algunos años de
bajo crecimiento. Pero de
alerta también, porque
algunas de nuestras
democracias son aun
frágiles y nuestras
economías requieren de
reformas macroeconómicas
estructurales y de
mercados que faciliten una
mejor integración en los
procesos de globalización.
Esta Declaración traslada
a los Jefes de Estado y
Gobierno, las reflexiones
del sector empresarial en
torno a los grandes
desafíos que deben
enfrentarse para hacer de
la región un área de
progreso y prosperidad
para toda la sociedad.
Es evidente que, pese al
significativo avance de
los últimos lustros, la
consolidación del Estado
democrático y de derecho
sigue siendo un reto que
exige mayor esfuerzo por
parte de las sociedades de
Iberoamérica. Algunas de
las democracias de la
región son aún frágiles y
vulnerables, limitadas
exclusivamente al
ejercicio de derechos
civiles y electorales
básicos.
Es preciso llamar la
atención sobre el peligro
que entraña el descrédito
que los sistemas
democráticos han
experimentado en algunos
países, en los que
determinados sectores de
la población han creído
ver la solución a sus
innegables problemas en el
cuestionamiento de las
bases del sistema
democrático.
El empresariado
iberoamericano cree, por
lo tanto, que es el
momento de movilizar la
sociedad iberoamericana
para desterrar estos
peligros a través de la
adopción de una nueva
“Agenda por la Democracia
y el Desarrollo”.
La Agenda que se propone
se basa en tres pilares
fundamentales: el
fortalecimiento de la
democracia y los valores;
el crecimiento económico y
la integración; y la
educación, y empleo.
El Fortalecimiento de la
Democracia y de los
Valores
Es urgente dotar al Estado
del marco legal e
institucional adecuado
para el cumplimiento de
las funciones socialmente
deseables. La reforma del
Estado de las últimas
décadas consiguió eliminar
muchas de las funciones
innecesarias, sin embargo,
no en todos los casos se
logró desarrollar las
estructuras necesarias
para su eficiente
desempeño.
A estos efectos, no sólo
la actividad económica
sino el progreso de la
sociedad en general
demanda un esfuerzo
continuado para reforzar y
conferir mayor solidez a
las instituciones
políticas, económicas y
sociales. Al mismo tiempo,
es necesario que los
marcos jurídicos y
regulatorios estén dotados
de la mayor estabilidad y
seguridad posible, al
margen de coyunturas
estrictamente políticas.
Este es un factor de vital
importancia, porque la
competitividad
internacional de cada
economía tiende a
incorporar de forma
creciente la calidad y
claridad en las reglas que
gobiernan la actividad
económica y social.
Combatir la corrupción en
todas sus formas, debe
convertirse en prioridad
política en la región. La
corrupción erosiona la
confianza ciudadana en la
democracia, cercena las
bases institucionales del
Estado de Derecho e impide
el funcionamiento adecuado
de la economía de mercado.
Es indispensable
establecer mecanismos que
aseguren la oportuna y
eficaz rendición de
cuentas por parte de
quienes ejerzan funciones
públicas, para así hacer
efectiva la
responsabilidad impuesta
en el marco constitucional
y legal en protección del
interés colectivo. La
ética empresarial es
también crucial para el
fortalecimiento
democrático.
La sociedad democrática ha
de estar estructurada en
base a responsabilidades y
valores aceptados por
todos sus actores. Estos
deberán incluir el respeto
integro de la ley, de los
derechos humanos y
laborales fundamentales,
así como de la propiedad
privada. En este ámbito,
las organizaciones
empresariales presentes en
este encuentro se
solidarizan con el
empresariado venezolano y
adoptan una resolución que
figura en anexo y que
forma parte de esta
Declaración.
El Crecimiento Económico y
la Integración
La empresa privada es la
principal fuente de
riqueza y empleo en la
región, por tanto es
fundamental estimular,
desde la educación básica,
el espíritu empresarial y
crear condiciones
apropiadas para su
desarrollo. La cultura
empresarial es la base del
crecimiento. Los Gobiernos
pueden y deben reforzar la
iniciativa privada a
través de políticas
encaminadas a eliminar los
obstáculos y barreras que
impiden el pleno
aprovechamiento del
potencial emprendedor de
las personas. Las elevadas
tasas de informalidad son
un claro indicador de las
precarias condiciones
existentes.
Es prioritario renovar los
esfuerzos de colaboración
entre las Administraciones
y el sector empresarial,
de forma que pueda
impulsarse un nuevo marco
de promoción de la
inversión, que considere
tanto las necesidades de
la inversión local, y
especialmente su
competitividad, como el
fomento a la inversión
extranjera directa,
incidiendo en los factores
regulatorios e
institucionales antes
mencionados.
El fortalecimiento de la
competitividad demanda la
existencia de servicios
públicos de calidad a
precios internacionalmente
competitivos. Para ello es
necesario que esta Agenda
contemple un nuevo acuerdo
entre el sector
empresarial y las
Administraciones públicas
para abordar las carencias
que persisten en áreas
claves como transportes,
energía y
telecomunicaciones -entre
otros-, deficiencias que
continúan obstaculizando
la modernización y el
crecimiento económico de
la región. Adicionalmente,
es necesario articular e
impulsar políticas que
tengan como objetivo el
refuerzo de la
competitividad empresarial
y del tejido productivo, a
través del fomento de la
investigación y
desarrollo, formación y
educación y promoción de
la internacionalización.
Es imperativo promover una
nueva fase de reformas
estructurales y de
mercados y la obtención
del consenso de los
agentes sociales para
asegurar que el
crecimiento económico y la
integración sean
comprendidos y apoyados
como estrategia de
desarrollo a largo plazo.
Este capítulo apuntaría a
la realización de las
reformas en materia
fiscal, financiera,
laboral, regulación de los
servicios públicos y todos
aquellos aspectos que
deben conferir mayor
flexibilidad,
transparencia y capacidad
de adaptación a la
globalización por parte de
las economías locales.
Es precisamente en este
aspecto, el relativo a la
globalización, el que hace
aún más necesario que el
Estado moderno mejore su
capacidad de inserción en
los grandes flujos
económicos mundiales. A
estos efectos, la
globalización supone un
contexto incuestionable,
una realidad que no puede
ser rehuida por las
naciones del mundo. No
obstante, de la calidad
del marco institucional,
de la claridad de las
reglas que gobiernan las
relaciones sociales y
económicas en cada país,
depende que los mismos
estén en condiciones de
obtener el mayor beneficio
de este contexto, y que
mejoren su inserción en
las relaciones económicas
mundiales, y con ello, su
capacidad de progresar
como sociedades modernas.
Este argumento pone en
evidencia la necesidad
imperiosa de avanzar en la
integración económica
latinoamericana y mundial
en igualdad de
condiciones, eliminando
las medidas que
distorsionen los mercados
(subsidios) y evitando el
uso de parámetros
laborales como barreras
comerciales. La actual
segmentación de mercados
debe ceder paso a la
creación de un espacio
ampliado en el que la
inversión y el comercio
intra-regionales puedan
jugar un papel similar al
que han desempeñado en
otras áreas del mundo. De
esta forma se estarían
sentando las bases de la
transformación del modelo
productivo
latinoamericano, al
favorecer la
diversificación de los
mercados de exportación.
En este sentido, el sector
empresarial esta de
acuerdo en que un medio
para lograrlo son los
acuerdo de libre comercio.
Por otra parte, el
empresariado
iberoamericano reconoce la
inversión privada como un
mecanismo crucial para la
generación de fuentes de
empleo digno y perdurable.
Para fomentar dicha
inversión es fundamental
establecer un Estado de
Derecho efectivo en el
cual se reconozca
plenamente el respeto
irrestricto a la propiedad
privada. Los gobiernos
deben fortalecer y hacer
cumplir la legislación que
garantice el respeto a la
propiedad privada.
La Educación y el
Empleo
El crecimiento económico
sólido y duradero es
indispensable y constituye
el medio más eficaz para
luchar contra la pobreza y
las diferentes formas de
marginación social. El
empleo es sin duda un
factor esencial en la
integración del individuo
en la sociedad. La
comunidad empresarial
Iberoamericana reitera sus
recomendaciones sobre
política de empleo que se
encuentran en anexo.
Para hacer más equitativo
el acceso a las
oportunidades del progreso
económico es indispensable
disponer de una educación
para prosperar. El
objetivo debe ser dotar a
los iberoamericanos del
conocimiento y las
destrezas necesarias para
triunfar en un entorno
altamente competitivo y
cambiante como el actual.
En este sentido los
Presidentes de las
Organizaciones
Empresariales
Iberoamericanas acogen con
agrado la elección del
lema “Educar para
Progresar” de la XIVª
Cumbre Iberoamericana de
Jefes de Estado y de
Gobierno.
También desean subrayar la
importancia de los agentes
sociales en relación a
esta nueva “Agenda por la
Democracia y el
Desarrollo”. La paz y el
diálogo social son
instrumentos fundamentales
para abordar las reformas
pendientes de la región.
Instrumentos además
necesarios para asegurar
el más amplio consenso
social sobre los grandes
desafíos de cada país y
para asociar a empresarios
y trabajadores en su
desarrollo.
A estos efectos, las
organizaciones
empresariales
iberoamericanas acuerdan
profundizar el diálogo
entre ellas en materia de:
Diálogo social, como
mecanismo para abordar los
cambios estructurales que
exige la globalización;
Desarrollo e integración
que considere entre otros:
los aspectos económicos,
sociales, tecnológicos,
comerciales,
empresariales, del
desarrollo que faciliten
una progresiva integración
regional y fortalezcan las
relaciones con la Unión
Europea.
Para ello, han decidido
crear, en el marco de la
Organización Internacional
de Empleadores /
Asociación de Cooperación
Empresarial Unión Europea
– América Latina, una
Comisión Permanente, que
presentará a la próxima
Cumbre Empresarial, un
informe sobre sus
objetivos, estructura
orgánica y funcionamiento.
Los Presidentes de las
Organizaciones
Empresariales
Iberoamericanas expresan
con esta Declaración, su
confianza en el futuro de
estas Cumbres
Empresariales y el deseo
de que la XIVª Cumbre
Iberoamericana de Jefes de
Estado y de Gobierno que
se realizará en la ciudad
de San José dé un nuevo y
decidido impulso a la
consolidación de los
vínculos entre las
naciones iberoamericanas y
se comprometen, desde su
ámbito de acción, a apoyar
y reforzar la misma.
Unión Industrial Argentina
(UIA) - Argentina
Confederación de
Empresarios Privados de
Bolivia (CEPB) -
Bolivia
Confederaçâo Nacional da
Industria (CNI)-Brasil
Asociación Nacional de
Industriales (ANDI)-Colombia
Unión Costarricense de
Cámaras y Asociaciones de
la Empresa Privada (UCCAEP)
– Costa Rica
Confederación de la
Producción y del Comercio
(CPC)-Chile
Federación Nacional de
Cámaras de Industrias del
Ecuador (FNCI) -
Ecuador
Asociación Nacional de la
Empresa Privada (ANEP) –
El Salvador
Confederación Española de
Organizaciones
Empresariales (CEOE) -
España
Comité Coordinador de
Asociaciones Agrícolas,
Comerciales, Industriales
y Financieras
(CACIF) - Guatemala
Consejo Hondureño de la
Empresa Privada (COHEP) -
Honduras
Confederación Patronal de
la República Mexicana (COPARMEX)
– México
Consejo Superior de la
Empresa Privada (COSEP)-
Nicaragua
Consejo Nacional de la
Empresa Privada (CONEP)-Panamá
Confederación Nacional de
Instituciones
Empresariales Privadas (CONFIEP)-Perú
Associação Industrial
Portuguesa (AIP) -
Portugal
Confederación Patronal de
la República Dominicana (COPARDOM)
– República Dominicana
Cámara de Industria del
Uruguay (CIU) - Uruguay
Cámara Nacional de
Comercio y Servicios de
Uruguay (CNC) - Uruguay
Federación de Cámaras y
Asociaciones de Comercio y
Producción de Venezuela (FEDECAMARAS)
– Venezuela
RECOMENDACIONES SOBRE
POLÍTICAS DE EMPLEO
De los Presidentes de las
Organizaciones
Empresariales
Iberoamericanas
Los
Presidentes de las
Organizaciones
Empresariales
Iberoamericanas reunidos
en San José Costa Rica los
días 7 y 8 de octubre de
2004 reiteran las
siguientes recomendaciones
sobre políticas de empleo.
CONSIDERANDO:
-
•
Los severos efectos de
la inestabilidad social,
política y económica en
varios de nuestros
países que impactan
negativamente directa o
indirectamente a la
región Iberoamericana en
su conjunto;
-
•
Que la creación de
empleo es esencial para
la reducción de la
pobreza ya que una tasa
de desempleo elevada y
persistente es un
elemento importante en
la inestabilidad social
y política;
-
•
Que los Gobiernos son
responsables de
implementar una política
macroeconómica propicia
a la creación de
empresas, que a su vez
generan oportunidades de
empleo productivo;
-
•
Que el populismo, tanto
de derecha como de
izquierda, afecta la
confianza de los agentes
económicos, atenta
contra la
institucionalidad
democrática y a la larga
ahonda los problemas de
pobreza e inestabilidad.
Los Presidentes de las
Organizaciones
Empresariales de la Región
Iberoamericana adoptan las
siguientes:
RECOMENDACIONES
El
tema de la generación de
"empleo productivo"
debería ser tratado de
manera prioritaria en los
ámbitos nacionales
iberoamericanos con miras
a incorporarlo como un
componente esencial en los
principales debates
relativos al diseño,
implementación, y
evaluación de las
políticas macroeconómicas.
Los Gobiernos deberían
emprender un proceso de
reflexión en los ámbitos
nacionales con las
organizaciones
empresariales y de
trabajadores más
representativas del país
para revisar, o en su caso
crear, una política
nacional de empleo que
complemente otras áreas
clave de la economía
nacional.
Algunos objetivos que
deberá perseguir esa
política de empleo son:
(i) crear empleo
productivo y sostenible; (ii)
velar por la adopción y
aplicación de un marco
jurídico y político
propicio a la puesta en
marcha de negocios y la
creación y fortalecimiento
de las empresas; (iii)
promover las inversiones
en educación y
capacitación de la
población; (iv) elevar el
nivel de vida a través de
políticas que generen
empleos más productivos y
de mejor calidad así como
que mejoren la
distribución de ingresos
en la economía; (v)
estimular la
reincorporación de los
desempleados al mercado
laboral y del sector
informal al sector formal;
(vi) orientar las
inversiones públicas y
privadas, así como la
ayuda internacional, hacia
las áreas más productivas
de la economía.
La
formulación de una
política de empleo debería
ir precedida de un
análisis de los obstáculos
a la creación de empleo en
el país.
El
marco jurídico y político
nacional debería propiciar
la puesta en marcha de
negocios, la creación y el
crecimiento de empresas, y
el desarrollo de ventajas
comparativas a través de
empresas competitivas
capaces de proporcionar
bienes y servicios que
puedan comercializarse en
los mercados nacionales e
internacionales. Un
entorno propicio que
facilita la expansión
empresarial requiere:
-
•
Buen gobierno, que
incluye un compromiso
decidido para luchar
contra la corrupción y
para garantizar la
honradez y transparencia
en la toma de decisiones
por el gobierno; un
sistema de leyes y
judicial que funcione de
manera clara y
transparente, y un
sistema de relaciones de
propiedad oficiales que
proteja la propiedad
privada y garantice que
el capital nacional se
utilizará para el
desarrollo de las
empresas, el crecimiento
económico sostenible y
la creación de empleo;
-
•
Inversiones adecuadas en
infraestructuras, salud,
educación y desarrollo
de los conocimientos
técnicos especializados
– los cuales deberían
contemplar el desarrollo
y el apoyo a la
educación y a los
sistemas de capacitación
que promuevan el
espíritu empresarial – y
la seguridad interna;
-
•
La promoción de una
estrategia de
crecimiento de las
exportaciones – en el
caso de los países en
desarrollo,
especialmente en el
sector manufacturero y,
en su caso,
desplazándose hacia
industrias y servicios
basados en los
conocimientos y que
requieren más alta
tecnología;
-
•
La creación de un
entorno propicio que
atraiga y garantice la
seguridad de la
inversión nacional y
extranjera directa;
-
•
El apoyo al desarrollo
de las PYME;
-
•
Políticas que promuevan
la empresarialidad, la
productividad y la
competitividad, ya que
revisten gran
importancia a efectos de
la creación de empleo;
-
Políticas de mercado de
trabajo que sean lo
suficientemente
flexibles como para
permitir el crecimiento
del empleo.
Un
área fundamental es la que
se refiere a las
características que ha de
reunir la inversión
pública para que fomente
el crecimiento del empleo
y prepare la población
para las exigencias de un
mercado de trabajo un
permanente cambio. El
gasto público debería
orientarse en políticas
que tengan como objetivo
el desarrollo
socioeconómico y la
elevación del nivel de
vida de la población. Cabe
señalar tres áreas
importantes a este
respecto:
-
•
El desarrollo, donde
fuera necesario, de
infraestructuras tales
como el transporte, la
electricidad, el
suministro de agua y las
comunicaciones, que
responden a las
necesidades humanas, al
desarrollo sostenible y
a la creación de empleo.
-
•
El desarrollo de los
recursos humanos a
través de las
inversiones en la
educación, la
capacitación y la salud.
-
•
Los programas de
desarrollo del espíritu
empresarial, así como
las instituciones que
los conciban e impartan.
Una
política de empleo también
tiene que centrarse en la
creación y el desarrollo
de instituciones
democráticas para apoyar y
fortalecer el mercado,
necesarias para que pueda
funcionar una economía de
mercado. La falta de estas
instituciones es inherente
al fracaso de la expansión
empresarial y del empleo,
así como a la ampliación
de la economía informal.
Un mercado de trabajo
demasiado reglamentado
supone un obstáculo para
la creación de empleo,
especialmente cuando dicha
reglamentación conlleva
costos laborales
excesivos. La cuestión no
radica en la existencia o
la ausencia de
reglamentación. Se trata
de equilibrar objetivos
sociales distintos (como
son la protección social,
por una parte, y , por
otra, la creación de
empleo). Esto exige
determinar el nivel óptimo
de reglamentación, el cual
rebasado es probable que
la creación de empleo se
vea afectada de manera
negativa. De ser
necesario, al formular una
política de empleo,
debería abordarse la
reglamentación del mercado
de trabajo desde la
perspectiva de sus
repercusiones sobre la
competitividad de las
empresas y por tanto sobre
la creación de empleo.
Toda política de empleo
que pretenda mantener su
eficacia en el tiempo debe
además considerar, no sólo
la dimensión puramente
doméstica de los factores
que inciden en la creación
de empleo, sino igualmente
la influencia que tiene en
este punto la relación de
cada país con otros a
través de sus flujos
comerciales y de
inversión.
RESOLUCIÓN SOBRE VENEZUELA
Los
Presidentes de las
Organizaciones
Empresariales
Iberoamericanas, reunidas
en San José los días 7 y 8
de octubre de 2004,
expresan con esta
resolución, su especial
preocupación ante la
realidad política que se
observa en Venezuela,
donde se están
desarrollando
sistemáticamente acciones
que, atentando contra la
propiedad privada y la
libre empresa, afectan la
vigencia plena del Estado
de Derecho y de los
derechos humanos
fundamentales.
En tal sentido, no ha
habido hasta ahora una
respuesta estatal
transparente y
satisfactoria frente a la
llamada permanente al
diálogo y al respeto de
los derechos fundamentales
del empresariado
venezolano, cuya
organización Federación de
Cámaras y Asociaciones de
Comercio y Producción de
Venezuela (FEDECAMARAS) es
la máxima representación
del empresariado privado
del país.
Fue por ello que la
Organización Internacional
de Empleadores reunida en
junio pasado en Ginebra
(Suiza) promovió una queja
presentada por la
comunidad empresarial
mundial ante la
Conferencia Internacional
del Trabajo por la
violación de los derechos
constitucionales de los
empresarios venezolanos
por parte del Gobierno de
Venezuela, así como de los
derechos fundamentales
consagrados en la
Organización Internacional
del Trabajo, ratificados
por Venezuela. Se espera
que la inminente misión de
contactos directos de la
OIT abra una nueva etapa
en el camino del diálogo
social entre el Gobierno
con los actores sociales
más representativos (la
Confederación de
Trabajadores de Venezuela
y FEDECAMARAS) para la
solución de los numerosos
problemas acumulados.
Por ello y para ello, los
Presidentes de las
Organizaciones
Empresariales de
Iberoamérica expresan con
esta Resolución su plena
solidaridad con
FEDECAMARAS para la
prevalencia del Estado de
Derecho, en el marco del
respeto a los principios
constitucionales, a los
derechos humanos y
laborales fundamentales, a
la libertad de empresa y a
la libre iniciativa, así
como a la libertad de
expresión. |
