El tema jubilatorio ha pasado a tener un rol importante en el marco de la política de ingresos de la Administración Kirchner. El porcentaje de personas mayores de 65 con haber jubilatorio (jubilaciones y pensiones), pasó del 55% en 2005 al 90% en 2010 (la tasa más alta de cobertura de América Latina).
Esto significa que se incorporaron 2.332.295 personas nuevas al sistema, llegando a 5.582.000, mientras que los aportantes son sólo 8.300.000. A los jubilados se suman 923.000 pensionados, totalizando así 6.505.000 personas. La Presidente dijo que las jubilaciones tienen 10,6% del PBI Pero de ellos, 4.900.000 ganan el mínimo (900$), y el promedio del ingreso es de 1150.
La Justicia dispuso en un caso recalcular la Prestación Básica Universal (PBU) del sistema y el ANSES acató el fallo de segunda instancia que lo dispuso, pagando 54,5% de aumento a un jubilado. Por cada juicio que se paga entran 5 nuevos y el costo de actualizar el PBU para todos es de 700 millones. Ya son 362.000 los juicios de jubilados y el ANSES destina 2983 millones a pagar juicios en 2010 y tiene previsto 21.600 millones en 20 años.
El haber jubilatorio promedio está hoy en el 36% del promedio del salario en blanco que lo sustenta.
En este marco, el Ejecutivo desistió de establecer el 82% móvil para las jubilaciones que había anunciado como programa. Pero la oposición apoya que la jubilación mínima pase a ser dicho porcentaje del salario mínimo y ha comenzado a dar pasos en ambas Cámaras para sancionar una ley que lo establezca. El Gobierno pagaría un costo político importante si decide vetarla y por eso analiza como alternativa aumentar el impuesto a las empresas para financiar el incremento.
La política salarial del Ejecutivo apuntó en las últimas semanas a impedir que se generalicen los aumentos por encima del 30%, como los acordados en paritarias recientes. Para ello, logró que el sindicato de camioneros aceptara un aumento del sólo 24%. Ello fue al precio de comprometerse a elevar el mínimo para pagar el impuesto a las ganancias, a corto plazo. La CGT sostiene que están pagando este impuesto 1,2 millones de trabajadores y 100.000 jubilados. Otros cálculos reducen a 500.000 los trabajadores en relación de dependencia que se beneficiarían de este cambio. El mínimo para pagarlo es de 4350 para solteros y 6.017 para casados y el titular de la CGT (Moyano) pide que se eleve en 50%. Como una confirmación de la alianza política del oficialismo con él, fue invitado a acompañar a la Presidente en su viaje a Canadá para participar en la Cumbre del G20 realizada en Canadá.
Pero el avance de los juicios que afectan a la obra social de camioneros, y en especial la causa que lleva el juez Bonadío que Moyano ha fracasado en recusar, evoluciona desfavorablemente para él y el oficialismo no pareciera estar actuando para impedirlo.
El proyecto de ley presentado por el diputado Recalde -vocero de Moyano en el Congreso-, estableciendo la participación de los trabajadores en las ganancias de las empresas, ha sido criticado por la UIA y el Ejecutivo por ahora no se muestra interesado en impulsarlo.
El presentado también por Recalde estableciendo que el salario mínimo pasa a ser una referencia tanto para la negociación paritaria como para el valor de las jubilaciones, fue aprobado en la Cámara de Diputados por amplio margen y en el Senado por 8 votos, pese a que el oficialismo intentó bloquearlo. Ello confirma la existencia de diferencias entre el Ejecutivo y Moyano.
A ello se agrega que comienza a regir la eliminación del descuento en el pago de los salarios a través de cuentas bancarias; el fallo que convalida la estabilidad de un delegado de Kraft (Bogado); la eliminación del límite para las horas extras y su extensión al personal jerárquico de nivel intermedio; el plan presentado por el ministro de Trabajo para generar 300.000 puestos de trabajo para jóvenes entre 18 y 24 años; y la presentación de un nuevo régimen de trabajo rural, rechazado por el gremio del sector alineado con Duhalde.
En conclusión, la política laboral de la Admistración Kirchner ha tenido como prioridad en las últimas semanas utilizar políticamente la extensión de la jubilación -lo que llevó a la oposición a reclamar el aumento de su mínimo-, evitar que los aumentos salariales sigan superando el 30% y mantener la alianza política con Moyano, aunque al mismo tiempo contener su influencia.