MADRID.- Mujeres de 25
a 45 años, con estudios universitarios superiores y un
salario mensual que oscila entre 1.000 y 2.000 euros.
Ese es el perfil mayoritario del personal de las ONG
españolas, compuesto en un 71% por mujeres, según un
informe de la Coordinadora de Organizaciones No
Gubernamentales para el Desarrollo de España(CONGDE),
formada por 90 ONGD y 15 coordinadoras autonómicas, que
suman más de 400 entidades.
El estudio, primero específico sobre los recursos
humanos, realizado con los datos de 85 ONG, refleja que
en las sedes, tres cuartas partes de la plantilla (el
74%) son mujeres, cifra que se reduce al 49%
sobre el terreno, frente al 51% de hombres.
Aunque la presencia femenina es mayoritaria,
únicamente el 31% de las mujeres ocupa cargos de
dirección. Pese a lo exigua, esta cifra es
mayor que la registrada en las grandes empresas, donde
el porcentaje sólo alcanza el 18%.
Uno de los datos más significativos del informe es que
la alta cualificación profesional del sector,
considerado un tanto "vocacional", contrasta con
sus bajos salarios. La media está entre los
12.000 y los 36.000 euros anuales y, en los puestos de
dirección, entre los 24.000 y los 36.000 euros.
Se trata de un sector "redistributivo en los salarios,
ya que refleja escasas diferencias entre los
puestos de dirección y los trabajadores",
afirma la vicepresidenta de la CONGDE, Pilar Orenés.
Temporalidad y falta
de prestaciones
Sobre las condiciones
de trabajo, el estudio revela que existe una elevada
proporción de contratos temporales (un 39%) debido,
sobre todo, a que gran número de ellos está
vinculado a proyectos concretos que abarcan un
determinado tiempo.
Respecto a la antigüedad, sólo un 31% de los empleados
lleva trabajando más de cinco años. Este hecho, según el
informe, obedece a que "las ONGDE se han convertido en
una opción profesional recientemente". En España, más de
40.000 personas trabajan en ellas, de
las que 36.167 son voluntarias y las 4.301 restantes,
personal remunerado.
A la vista de estos datos, el coordinador del estudio,
Carlos Mataix, ha manifestado que uno de los retos de la
Coordinadora es analizar si los bajos sueldos pueden
impedir la futura incorporación de profesionales
altamente cualificados y mejorar la cobertura
social y sanitaria de los trabajadores
desplazados y sus familiares "para poder cubrir el
Estatuto del Cooperante".
