El Gobierno Federal ante un gran desafío se encuentra: deberá generar el empleo suficiente para la población que vive en el país y los más de 500 mil mexicanos que pueden ser deportados de Estados Unidos, de aprobarse en su totalidad la reforma migratoria.
El presidente del Comité del Centro de Estudios para el Desarrollo Rural Sustentable y la Soberanía Alimentaria, diputado Víctor Suárez Carrera, afirmó que actualmente hay un millón y medio de desempleados en México; 40 por ciento de la población activa está en el subempleo.
Subrayó que “entonces nuestro país no puede recibir a 500 mil mexicanos, a menos que se reoriente la política económica y la política de gasto público”.
En ese sentido, cuestionó el destino de los excedentes del petróleo, porque no se reflejan en el crecimiento, de ahí que se tendría un problema social y político muy grande de concretarse la deportación de estos 500 mil mexicanos.
Abundó que la migración rural es un gran dilema y en estos 13 años de Tratado de Libre Comercio dos millones de campesinos se han visto obligados a salir de sus actividades buscando alternativas en los Estados Unidos.
Agregó que entre 450 y 500 mil mexicanos anualmente se ven obligados a emigrar a los Estados Unidos, de los cuales 200 mil, son población rural.
Refirió que la reforma migratoria es parcial, no la integral que demandan los inmigrantes, principalmente los hispanos. Dijo que es un avance que permite la legalización de 7 millones de connacionales, con 5 o más años de estancia en Estados Unidos.
Aseguró que los diputados mexicanos pugnan porque sea una reforma integral que permita la legalización de los 12 millones de indocumentados en el país vecino y que este proceso legislativo no esté acompañado de una militarización de la frontera, ni de la construcción de bardas.
En su turno, la doctora Susan Gzesh, directora del Programa de Derechos Humanos de la Universidad de Chicago se preguntó: para qué se quieren bardas entre México y Estados Unidos cuando no existen conflictos reales entre ambas naciones. Sólo representa un peligro para las relaciones bilaterales.
La defensora de los Derechos Humanos en Estados Unidos expuso que los mexicanos han hecho una diferencia por su presencia en aquel país, en marchas y cabildeos.
Consideró que el gobierno mexicano no puede intervenir en las decisiones de Estados Unidos, pero sí podrían cabildear ambos Ejecutivos como es lo tradicional en las relaciones exteriores.
Lo sucedido ayer en el Senado de Estados Unidos- aseveró- da buenas noticias. Una de ellas es la muestra del poder de las marchas; pero también hay malas, como las bardas en las fronteras, así como las multas que se quieren aplicar para la legalización.
En su conferencia magistral “Los mexicanos al otro lado de la frontera: marchas, militarización y política migratoria estadounidense”, confió que de las elecciones en noviembre salga un Congreso norteamericano más favorable a los intereses de los inmigrantes, con más demócratas en la Cámara de Representantes.
Reconoció que los inmigrantes han logrado una resolución legislativa y han hecho visibles a personas que piensan.
Más adelante, Leonel Sandoval Palacios, coordinador general del Seminario Permanente de Estudios Chicanos y de Fronteras, señaló que la militarización de la franja fronteriza por parte de Estados Unidos ha llevado a una mayor vulnerabilidad de los migrantes. De ahí que sea necesaria una postura del gobierno mexicano respecto a que deben desvincularse ambas cuestiones.
Añadió que la excesiva militarización para supuestamente detener la migración indocumentada, el narcotráfico y el terrorismo, en el fondo tienen que ver con el control geopolítico de la región por parte del vecino país del norte, bajo el pretexto de la seguridad nacional.
Subrayó que México está dentro de la lógica de la seguridad de los Estados Unidos, que desde el 11 de septiembre se planteó la necesidad de crear un perímetro en América del Norte, para fragmentar a su enemigo y pasar de ser el comando central en Europa al comando norte, y hay un acercamiento cada vez mayor de los militares mexicanos a ese comando.
“El siguiente paso son acciones conjuntas en contra del narcotráfico y el tráfico de personas, en función de la colaboración de las fuerzas armadas mexicanas con norteamericanas en este proceso de integración para el comando norte. Ya, inclusive, en la Secretaría de la Defensa se discute la posible participación de mexicanos en las acciones de los llamados cascos azules”, refirió.
De ahí que, apuntó, no se pueda avanzar en ninguna medida si no se plantea la desmilitarización de la cuestión de la migración y que el tratamiento en narcotráfico y terrorismo se dé en sus propios términos.

El Gobierno Federal ante un gran desafío se encuentra: deberá generar el empleo suficiente para la población que vive en el país y los más de 500 mil mexicanos que pueden ser deportados de Estados Unidos, de aprobarse en su totalidad la reforma migratoria.
El presidente del Comité del Centro de Estudios para el Desarrollo Rural Sustentable y la Soberanía Alimentaria, diputado Víctor Suárez Carrera, afirmó que actualmente hay un millón y medio de desempleados en México; 40 por ciento de la población activa está en el subempleo.
Subrayó que “entonces nuestro país no puede recibir a 500 mil mexicanos, a menos que se reoriente la política económica y la política de gasto público”.
En ese sentido, cuestionó el destino de los excedentes del petróleo, porque no se reflejan en el crecimiento, de ahí que se tendría un problema social y político muy grande de concretarse la deportación de estos 500 mil mexicanos.
Abundó que la migración rural es un gran dilema y en estos 13 años de Tratado de Libre Comercio dos millones de campesinos se han visto obligados a salir de sus actividades buscando alternativas en los Estados Unidos.
Agregó que entre 450 y 500 mil mexicanos anualmente se ven obligados a emigrar a los Estados Unidos, de los cuales 200 mil, son población rural.
Refirió que la reforma migratoria es parcial, no la integral que demandan los inmigrantes, principalmente los hispanos. Dijo que es un avance que permite la legalización de 7 millones de connacionales, con 5 o más años de estancia en Estados Unidos.
Aseguró que los diputados mexicanos pugnan porque sea una reforma integral que permita la legalización de los 12 millones de indocumentados en el país vecino y que este proceso legislativo no esté acompañado de una militarización de la frontera, ni de la construcción de bardas.
En su turno, la doctora Susan Gzesh, directora del Programa de Derechos Humanos de la Universidad de Chicago se preguntó: para qué se quieren bardas entre México y Estados Unidos cuando no existen conflictos reales entre ambas naciones. Sólo representa un peligro para las relaciones bilaterales.
La defensora de los Derechos Humanos en Estados Unidos expuso que los mexicanos han hecho una diferencia por su presencia en aquel país, en marchas y cabildeos.
Consideró que el gobierno mexicano no puede intervenir en las decisiones de Estados Unidos, pero sí podrían cabildear ambos Ejecutivos como es lo tradicional en las relaciones exteriores.
Lo sucedido ayer en el Senado de Estados Unidos- aseveró- da buenas noticias. Una de ellas es la muestra del poder de las marchas; pero también hay malas, como las bardas en las fronteras, así como las multas que se quieren aplicar para la legalización.
En su conferencia magistral “Los mexicanos al otro lado de la frontera: marchas, militarización y política migratoria estadounidense”, confió que de las elecciones en noviembre salga un Congreso norteamericano más favorable a los intereses de los inmigrantes, con más demócratas en la Cámara de Representantes.
Reconoció que los inmigrantes han logrado una resolución legislativa y han hecho visibles a personas que piensan.
Más adelante, Leonel Sandoval Palacios, coordinador general del Seminario Permanente de Estudios Chicanos y de Fronteras, señaló que la militarización de la franja fronteriza por parte de Estados Unidos ha llevado a una mayor vulnerabilidad de los migrantes. De ahí que sea necesaria una postura del gobierno mexicano respecto a que deben desvincularse ambas cuestiones.
Añadió que la excesiva militarización para supuestamente detener la migración indocumentada, el narcotráfico y el terrorismo, en el fondo tienen que ver con el control geopolítico de la región por parte del vecino país del norte, bajo el pretexto de la seguridad nacional.
Subrayó que México está dentro de la lógica de la seguridad de los Estados Unidos, que desde el 11 de septiembre se planteó la necesidad de crear un perímetro en América del Norte, para fragmentar a su enemigo y pasar de ser el comando central en Europa al comando norte, y hay un acercamiento cada vez mayor de los militares mexicanos a ese comando.
“El siguiente paso son acciones conjuntas en contra del narcotráfico y el tráfico de personas, en función de la colaboración de las fuerzas armadas mexicanas con norteamericanas en este proceso de integración para el comando norte. Ya, inclusive, en la Secretaría de la Defensa se discute la posible participación de mexicanos en las acciones de los llamados cascos azules”, refirió.
De ahí que, apuntó, no se pueda avanzar en ninguna medida si no se plantea la desmilitarización de la cuestión de la migración y que el tratamiento en narcotráfico y terrorismo se dé en sus propios términos.