bilbao. Empresarios vascos cuestionaron ayer ante el presidente de la Comisión Nacional del Mercado de Valores (CNMV), Manuel Conthe, la conveniencia de informar sobre las retribuciones de los directivos de las sociedades cotizadas por temor a que esta información sea utilizada por ETA. Conthe, acompañado por varios miembros del grupo de trabajo que lo ha elaborado, presentó en la Bolsa de Bilbao, ante un reducido grupo de directivos y empresarios vascos, el proyecto de Código Unificado de Recomendaciones sobre el Buen Gobierno de las Sociedades Cotizadas, entre las que figura la de divulgar la política de retribuciones.

Al término de la exposición de los redactores del proyecto, y en el turno de debate, el presidente de una importante compañía vasca que cotiza en bolsa expuso sus dudas sobre la conveniencia de informar sobre la política de retribuciones ante la situación de violencia que se vive en el País Vasco, "que a muchos nos ha obligado a ir protegidos".

El temor del empresariado trasluce la evidencia de que este colectivo ha visto como se ha reactivado en los últimos tiempos la actividad de ETA en su entorno pese a que arrecian rumores de tregua. De hecho, algunos de los atentados más importantes de los últimos tiempos, caso del de Urdax del martes, ha ido dirigido contra este sector.

"Es un problema muy serio al que en el País Vasco somos muy sensibles" ya que los que sufren esta situación no se sienten compensados "por mucho que pague la empresa", subrayó el empresario antes mencionado. Así, apuntó que deberían "establecerse otros mecanismos para tener informados a la junta y a los accionistas" sobre estas cuestiones.

De lo contrario, estimó, las empresas "deberíamos informar también de cuánto gastamos en seguridad "y eso cuando se vea en los mercados internacionales, que en pleno siglo XXI alguien debe pagar por su seguridad", tendría un efecto negativo. La opinión de este empresario, que prefirió no ser identificado y que recordó que algunos de los asistentes habían recibido cartas de extorsión de ETA, fue ratificada por otro interviniente que calificó el proyecto de "intervencionista".

dilema de la información Conthe recalcó que el proyecto no había pecado de insensibilidad ante este tema. Recordó que el código sólo contiene recomendaciones ante las que caben algunas excepciones "y las excepciones se explican" porque "el mercado y los analistas lo entenderán. "La información -aseguró- tiene un efecto terapéutico".



Ante esta afirmación, otro de los asistentes expresó sus dudas ya que, dijo, "el mercado es sabio, pero menos, y puede llegar a no entenderlo".

Paulino García, miembro del grupo de trabajo, insistió en que el código solamente recoge recomendaciones y opinó que si se hubiera contemplado una excepción en el caso vasco, habría sido perjudicial para la credibilidad de las empresas y del país en su conjunto.

Los redactores del proyecto insistieron en que el código español no podría recoger un nivel de exigencia inferior al europeo porque eso hubiera sido negativo para la credibilidad de las empresas cotizadas españolas. Constituir un "mercado de segunda, que no tuviera que cumplir las exigencias de la UE, sería inaceptable".

En la Bolsa de Bilbao, recuerdan que muchos reciben cartas de extorsión.
bilbao. Empresarios vascos cuestionaron ayer ante el presidente de la Comisión Nacional del Mercado de Valores (CNMV), Manuel Conthe, la conveniencia de informar sobre las retribuciones de los directivos de las sociedades cotizadas por temor a que esta información sea utilizada por ETA. Conthe, acompañado por varios miembros del grupo de trabajo que lo ha elaborado, presentó en la Bolsa de Bilbao, ante un reducido grupo de directivos y empresarios vascos, el proyecto de Código Unificado de Recomendaciones sobre el Buen Gobierno de las Sociedades Cotizadas, entre las que figura la de divulgar la política de retribuciones.
Al término de la exposición de los redactores del proyecto, y en el turno de debate, el presidente de una importante compañía vasca que cotiza en bolsa expuso sus dudas sobre la conveniencia de informar sobre la política de retribuciones ante la situación de violencia que se vive en el País Vasco, "que a muchos nos ha obligado a ir protegidos".
El temor del empresariado trasluce la evidencia de que este colectivo ha visto como se ha reactivado en los últimos tiempos la actividad de ETA en su entorno pese a que arrecian rumores de tregua. De hecho, algunos de los atentados más importantes de los últimos tiempos, caso del de Urdax del martes, ha ido dirigido contra este sector.
"Es un problema muy serio al que en el País Vasco somos muy sensibles" ya que los que sufren esta situación no se sienten compensados "por mucho que pague la empresa", subrayó el empresario antes mencionado. Así, apuntó que deberían "establecerse otros mecanismos para tener informados a la junta y a los accionistas" sobre estas cuestiones.
De lo contrario, estimó, las empresas "deberíamos informar también de cuánto gastamos en seguridad "y eso cuando se vea en los mercados internacionales, que en pleno siglo XXI alguien debe pagar por su seguridad", tendría un efecto negativo. La opinión de este empresario, que prefirió no ser identificado y que recordó que algunos de los asistentes habían recibido cartas de extorsión de ETA, fue ratificada por otro interviniente que calificó el proyecto de "intervencionista".
dilema de la información Conthe recalcó que el proyecto no había pecado de insensibilidad ante este tema. Recordó que el código sólo contiene recomendaciones ante las que caben algunas excepciones "y las excepciones se explican" porque "el mercado y los analistas lo entenderán. "La información -aseguró- tiene un efecto terapéutico". Ante esta afirmación, otro de los asistentes expresó sus dudas ya que, dijo, "el mercado es sabio, pero menos, y puede llegar a no entenderlo".
Paulino García, miembro del grupo de trabajo, insistió en que el código solamente recoge recomendaciones y opinó que si se hubiera contemplado una excepción en el caso vasco, habría sido perjudicial para la credibilidad de las empresas y del país en su conjunto.
Los redactores del proyecto insistieron en que el código español no podría recoger un nivel de exigencia inferior al europeo porque eso hubiera sido negativo para la credibilidad de las empresas cotizadas españolas. Constituir un "mercado de segunda, que no tuviera que cumplir las exigencias de la UE, sería inaceptable".