El diputado y abogado de
La iniciativa de la central obrera desembarcará en Diputados una semana después de que el Gobierno de Cristina Kirchner dispusiera licencia por casi todo julio para los empleados públicos con hijos.
El Gobierno permitió faltar al trabajo entre el 6 de julio y el 3 de agosto a padres, madres y tutores de menores de edad que concurran a establecimientos educativos de nivel primario, a guarderías y a jardines maternales.
Como la medida no incluyó al sector privado,
Según el proyecto redactado por el propio Recalde, la idea es que el beneficio esté vigente mientras dure el receso escolar dictado por los Gobiernos provinciales por el avance de la epidemia de la gripe A.
La idea de Recalde, fuertemente respaldada por el líder de
La iniciativa fue cuestionada con contundencia por el asesor legal de
"Quien debe afrontar la contingencia por la pandemia es el Estado, para eso cuenta con fondos de la seguridad social, no se puede poner más obligaciones al empresario en este momento de crisis", afirmó Funes de Rojas.
Justamente
Números de consultoras privadas indican que el ausentismo en el sector privado ya llegaría al 30 por ciento, influenciado principalmente por el temor a la influenza.
"El objetivo es que los trabajadores privados también tengan el derecho de tomar licencia si en su familia hay un menor con gripe A, tal como ocurre con los empleados públicos", dijo Recalde al diario Perfil.
Además, la iniciativa busca que las empresas no descuenten salarios a los empleados que faltan al trabajo por estar infectados con el nuevo virus.
"Hablé con Moyano y me preguntó sobre los tiempos legales. Me dijo que si hiciera falta le va solicitar a la presidenta Cristina Kirchner que la resolución se tome mediante un decreto de necesidad y urgencia", agregó Recalde.
De no aprobarse la iniciativa de
Acerca del impacto económico del proyecto, el abogado señaló que "la prioridad es la salud", aunque no brindó cifras de cuántos empleados se verían beneficiados con la licencia.
El proyecto de la central obrera apunta a las familias en las que ambos padres trabajan en el sector privado para que en forma alternativa alguno de los dos pueda acceder al beneficio.