02 de Noviembre 2005
España: los bufetes medianos están preocupados por la nueva relación laboral del abogado

Los socios de las firmas medianas de abogados están alarmados. Creen que la nueva relación laboral especial de los abogados va a suponer un coste inasumible. La ley que establece el carácter especial de la relación laboral de estos profesionales se aprueba el jueves.
La introducción de la nueva relación laboral especial de los abogados con sus despachos va a acarrear importantes costes para las firmas. Tantos, que los socios de algunos bufetes han dado la voz de alarma y aseguran que regularizar a sus profesionales en la nueva situación de relación laboral especial puede acabar con la firma. Es el caso de Rafael Quecedo, de Quecedo abogados, una firma integrada por una decena de profesionales que ven con inquietud la aprobación de la relación laboral especial de los abogados que en la práctica supondrá que los despachos se hagan cargo del pago de la Seguridad Social de sus abogados, un coste que hasta ahora era asumido por los propios profesionales como autónomos, o a través de la Mutualidad de la Abogacía. 'Los medianos sólo podremos hacer una cosa. Renovar a la plantilla cada dos años con abogados que vayan saliendo de la Universidad, porque sí se permite tener a profesionales en prácticas durante ese período de tiempo. Pero eso, claro, es contrario a la calidad', explica Quecedo.
Los socios de Dutilh, un bufete en el que trabajan cuatro socios y 15 abogados también se muestran preocupados. 'Para mí claramente las relaciones de los abogados con el despacho no son laborales sino mercantiles', asegura la socia fundadora Isabel Dutilh, que añade que mucha gente 'va a sufrir mucho' para asumir unos nuevos costes.
Y aunque en los grandes despachos el coste pueda ser más asumible, también se han oído críticas. Pedro Rabanal, consejero de Cuatrecasas, ha alertado de que la medida supondrá 'un cambio trascendental para las firmas'. Un cambio que implicará un coste que este abogado califica de 'importantísimo' para los despachos. Pese a las quejas, muchas firmas reconocen que no se puede luchar contra la realidad y que muchos abogados tienen una relación que en la realidad es laboral. Y hechos a la idea de que tendrán que adaptarse a la ley, lo que piden es más tiempo.
La norma que se aprobará el jueves establece un plazo de regularización de tres meses. 'Sugerimos que se nos de un plazo superior a los bufetes medianos', reclama Quecedo. Este profesional considera además que la nueva regulación polarizará el mundo de la abogacía, 'porque sobrevivirán los grandes despachos que pueden pagar y los abogados individuales'.
Joaquín García Romanillos, socio de Gómez Acebo & Pombo, vocal del Consejo General de la Abogacía y diputado del Colegio de Abogados de Madrid opina, sin embargo, que lo que se ha hecho es resolver una situación anómala que existía tanto en los grandes como en los medianos y pequeños bufetes. Además explica que el gasto será proporcional para grandes y pequeños. 'Los grandes tendrán que regularizar a más gente', asegura.
Y el decano del colegio de Madrid, Luis Martí Mingarro, que ha liderado en gran medida la búsqueda de una solución a las inspecciones iniciadas desde el Ministerio de Trabajo que acabaron en multas a un buen número de despachos aclara que queda abierta la posibilidad de mantener las relaciones asociativas o mercantiles 'y a lo mejor sólo hay que laboralizar a un número pequeño de abogados en los despachos', explica. Y añade que se ha conseguido algo importante, 'cuando una relación tenga que ser laboral, podrá ser especial. Además, no habrá que hacer frente a ningún atraso', explica.

Una norma para regularizar la profesión

Los ministerios de Trabajo, Justicia y los representantes de los abogados han tratado de encontrar una solución a la situación por la que atravesaban muchos bufetes en los últimos tiempos. Los inspectores de trabajo han estado visitando muchos de ellos (el plan de inspección contemplaba alrededor de 100 bufetes) y en muchos casos, las visitas han concluido con multas. ¿La razón? La mayoría de los despachos tiene a sus abogados con contratos mercantiles, pero los inspectores de trabajo consideran que, en realidad, la relación es puramente laboral en muchos de los casos. El decano del colegio de abogados de Madrid, que ha liderato buena parte de las negociaciones, dice estar satisfecho con la norma, porque se da salida al problema del encuadramiento de los abogados. La ley, que se aprueba el jueves, establece que los bufetes deberán dar de alta en la Seguridad Social a los abogados que 'prestan servicios retribuidos, por cuenta ajena y dentro del ámbito de organización y dirección del titular de un despacho de abogados'

Fuente: Cinco Dias (A. Corella)