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El titular de la Unión de Empleados de la Justicia de la Nación (UEJN), Julio Piumato, denunció ante el Consejo de la Magistratura al juez del Tribunal Oral Criminal Federal número 1 de La Plata, al Juez Carlos Rozansky, por "violencia laboral contra los trabajadores", y solicitó su "suspensión precautoria", informó el gremio.

La secretaria de Prensa del sindicato, Laura Iparraguirre, explicó que "las acciones del magistrado pueden ser configurativas de lo que la doctrina especializada considera violencia laboral en su variante de maltrato o `mobbing` o acoso".

La dirigente aseguró que esa violencia "se ha desarrollado en diferentes niveles de gravedad y han sido víctimas funcionarios y empleados, generando un medio ambiente laboral hostil".

Indicó que "ese tipo de comportamiento podría encuadrarse en la figura de mal desempeño en el ejercicio de su función".

"Rozansky parece considerar algunos de los juicios (por delitos) de lesa humanidad en los que ha intervenido como una suerte de pedestal mediático a partir del cual erigirse en una especie de justiciero mesiánico, cuando lo cierto es que más bien parece utilizarlos como excusas o camino para el lucimiento y protagonismo", agregó.

La sindicalista sostuvo que "el juez no se habría limitado a desplegar sus herramientas de maltrato y abuso de poder sino que llegó a dirigir sus ataques en perjuicio de los otros dos magistrados con quienes compartía en una época el tribunal".

"Mientras de uno cuestionaba su idoneidad profesional y lo acusaba de estar puesto por los servicios para obstaculizar el desarrollo de los juicios de lesa humanidad, del otro ponía en tela de juicio su estado de salud física y mental", enfatizó.

Agregó que "los hechos más graves denunciados muestran un escenario en el que fue constante la peregrinación de secretarios, muchos de los cuales se vieron forzados a retirarse, directa o indirectamente, por su hostigamiento y maltrato".

Continuó afirmando que empleados fueron de forma sistemática "discriminados y perseguidos por reclamar sus legítimos derechos laborales o participar en las asambleas del gremio".

"Todo esto, de confirmarse la denuncia presentada, pondría de manifiesto el abuso de poder; el claro desprecio manifestado hacia el personal; la discriminación a un grupo de trabajadores; la desjerarquización y humillación públicas; el mecanismo utilizado para intentar perjudicar y el hostigamiento permanente", afirmó.

También existen causas sin trámite, otras que habrían prescripto y la no determinación de audiencias de debate, dijo la dirigente.

Iparraguirre sostuvo que bajo "el disfraz de adalid y defensor de los derechos humanos, Rosansky esconde la personalidad perversa de alguien que, abusando del poder que le otorga la investidura, no duda en ejercer el maltrato o la violencia laboral".