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Al menos 15.000 personas perdieron su trabajo en Chile como consecuencia del terremoto y tsunami del 27 de febrero, según sindicatos locales, que denuncian que varios empresarios se aprovecharon de una ley que permite despidos sin indemnización en casos de fuerza mayor.

"Hasta el momento, tenemos registrados 15.000 despidos, pero deben ser más", dijo a la AFP el presidente de la Central Unitaria de Trabajadores (CUT), Arturo Martínez, quien precisó que 9.000 de esos casos fueron sin indemnización.

El gobierno ya dijo estar al tanto de esta situación y anunció fiscalizaciones.

"Hasta aquí han pasado muchos días y no hay ninguna fiscalización. Creo que está acéfala la Dirección del Trabajo. Si seguimos en la línea de nombrar gente ligada a los empresarios (en el gobierno), por supuesto que no nos espera nada bueno en las fiscalizaciones", dijo el sindicalista previamente a Radio Cooperativa.

En las regiones afectadas por el sismo de febrero, decenas de empresas o negocios quedaron destrozados y mucha gente quedó sin trabajo, pero la inquietud expresada por Martínez es que algunos empresarios aprovechan la catástrofe para despedir empleados sin indemnización, aduciendo causas de fuerza mayor, circunstancia prevista en el Código del Trabajo.

El gremialista sostuvo que los principales afectados son los empleados de la mediana y pequeña empresa y aseguró que la situación más crítica es la de la región de Biobío (centro-sur), una de las dos más afectadas por el sismo.

"Yo creo que en la Octava Región (Biobío) va a haber una gran manifestación de trabajadores en medio del estado de sitio, en medio de los militares en la calle y eso es más peligroso aún", expresó Martínez, en alusión a la militarización de esa región debido a los saqueos de los días posteriores al terremoto. "Hay una falla del gobierno porque no ha previsto esta situación o a lo mejor no le ha dado importancia", insistió.

Martínez se reunió esta semana con la ministra de Trabajo, Camila Merino, ante quien declaró que su organización ha detectado abusos del artículo 159 de Código del Trabajo, que indica que el empleador, ante una catástrofe, tiene la facultad de despedir trabajadores.

La propia ministra sostuvo el jueves que para calificar en esa norma, "tiene que ser una empresa que realmente tenga todas sus instalaciones dañadas y eso lo vamos a clarificar para que no haya abuso respecto al uso de esta cláusula".

El diputado Nicolás Monckeberg, del oficialista partido Renovación Nacional, se sumó a la reclamación de controlar los abusos. "No es aceptable que las mismas empresas pretendan reconstruir su negocio a cuenta de la indemnización de los trabajadores", sobre todo en aquellas "que en el corto plazo van a reabrir sus puertas", declaró al Diario Financiero.

Según la ministra Merino, se está trabajando en una serie de propuestas y la recuperación del empleo podría demorarse de tres a seis meses.

En una cadena nacional de radio y televisión, el presidente Sebastián Piñera dijo el jueves que el gobierno volverá "a poner en marcha el aparato productivo y proteger y crear 60.000 oportunidades adicionales de empleo, especialmente en las regiones afectadas".

El ministro de Economía, Juan Andrés Fontaine, afirmó que dentro del primer paquete de reconstrucción, anunciado el viernes, hay medidas para reactivar la pesca artesanal y dar trabajo a los pescadores mientras retoman sus actividades normales. "Este paquete de medidas va en apoyo de las 9.000 familias de las 27 caletas afectadas por el maremoto", dijo Fontaine.

El sismo de magnitud 8,8 y el tsunami que le siguió el pasado 27 de febrero dejó 452 muertos y 96 desaparecidos, según un nuevo balance oficial dado el mismo viernes.