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La  Asociación Nacional de Grandes Empresas de Distribución (Anged) acaba de presentar un estudio según el cual, las «normativas intervencionistas» de la mayor parte de comunidades autónomas en materia de comercio habrían abortado la creación «de entre 57.000 y 100.000 puestos de trabajo en el sector».

Denominada 'Efectos económicos de la regulación en la distribución comercial', la investigación ha sido llevada a cabo por los profesores de la Universidad del País Vasco Aitor Ciarreta, Mari Paz Espinosa y Maite Martínez-Granado. Han empleado métodos científicos y cuantificado los efectos negativos de poner límite y condiciones a la apertura y funcionamiento de establecimientos de más de 2.500 metros cuadrados.

Según las conclusiones hechas públicas por Anged, las restricciones legislativas vigentes han paralizado ya en España la creación de 40 grandes superficies de 10.000 metros cuadrados, lo que habría supuesto una inversión estimada en 18 millones de euros. Teniendo en cuenta que cada uno de estos centros habría generado entre 1.426 y 2.480 empleos anuales directos, el estudio resuelve que se han dejado de materializar entre 57.040 y 99.200 puestos de trabajo en esta área de negocio.

A estas casi cien mil personas que se han podido quedar sin encontrar trabajo habría que añadir las 'víctimas colaterales', un capítulo nada desdeñable tampoco. Aunque no especifica cifras, la asociación que agrupa, entre otros, a El Corte Inglés, Eroski, Carrefour, Cortefiel, Fnac o Ikea subraya que «lo más novedoso del estudio es que demuestra de forma científica que la entrada de nuevos establecimientos da lugar a aumentos del empleo mayores que el empleo directo generado por las propias aperturas».

El informe de los profesores de la Universidad del País Vasco constata que, pese a la rigidez normativa, el empleo autónomo en el ámbito del comercio «ha seguido una trayectoria de estancamiento o incluso disminución comparable a la de otros sectores en los que no se han producido cambios regulatorios». Por ello, precisan los portavoces de Anged, «no se puede afirmar que las barreras a la entrada establecidas para las nuevas formas de comercialización hayan servido como protección» al funcionamiento de las tiendas de toda la vida.