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Julio Alak, hasta ahora presidente de Aerolíneas Argentinas y designado ministro de Justicia, Seguridad y Derechos Humanos de la Nación, fue denunciado ante la Justicia Federal por "desobedecer" supuestamente una orden judicial y no reincorporar a trabajadores a la empresa recientemente estatizada, que habían sido separados en 2005.

La denuncia recayó en el juzgado federal de Norberto Oyarbide, y en ella se pide investigar a Alak y al Directorio de Aerolíneas Argentinas.

A raíz de una nota periodística publicada en un matutino porteño, el abogado José Magioncalda pidió que se investigue a todos ellos por la presunta comisión del delito tipificado en el artículo 239 del Código Penal, el cual fija penas de "prisión de quince días a un año, el que resistiere o desobedeciere a un funcionario público en el ejercicio legítimo de sus funciones o a la persona que le prestare asistencia a requerimiento de aquél o en virtud de una obligación legal".

Según la información publicada en el diario Crítica de la Argentina, a partir de la cual el abogado realizó la presentación, la empresa se negó a reincorporar a más de una veintena de empleados que habían sido separados luego de a un conflicto gremial en 2005, cuando Aerolíneas Argentinas aún estaba en manos del grupo español Marsans, luego de que la Justicia laboral había ordenado restituirlos.

A raíz de ello -según el matutino- Aerolíneas abona entre unos 200 y 500 pesos por día por cada uno de los demandantes al no cumplir con la medida judicial, e incluso se presume que a esos trabajadores se les sigue pagando mensualmente los salarios pese a que no van a trabajar.

"Los funcionarios desobedecidos serían nada menos que Jueces de la Nación del Fuero del Trabajo, con el siguiente agravante:

mayoritariamente, los integrantes del Directorio de la línea de bandera también son funcionarios públicos, dado que ejercen la representación del Estado Nacional en el órgano societario de administración", señaló Magioncalda.

Además, aseguró que con su actitud, el Directorio de Aerolíneas Argentinas produce una "disminución del patrimonio del Estado por las multas que debe abonar, sino también en razón de los salarios y cargas sociales que paga la línea de bandera sin obtener contraprestación laboral alguna por parte de los trabajadores que no han sido restituidos en sus funciones".