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LA PAZ. Santos Ramírez, Presidente de la estatal petrolera YPFB y muy allegado políticamente al Presidente Evo Morales, es investigado por sospechas de que está relacionado en un supuesto soborno de una firma boliviano-argentina, en una trama en que hay traición, un asesinato y 450.000 dólares robados.

La Cámara de Senadores -controlada por la oposición- y el Viceministerio de Lucha Contra la Corrupción investigarán si Ramírez está implicado en el cobro de una supuesta coima de la empresa boliviano-argentina Catler Uniservice, que se adjudicó en julio pasado la construcción de una planta separadora de gas en el este de Bolivia, por un monto total de 86 millones de dólares.

Las sospechas del hipotético pago salieron a luz pública luego de que el empresario Jorge O'Connor Darlach, Gerente de Catler Uniservice, fuera asesinado el martes en La Paz para robarle 450.000 dólares que portaba en un maletín y que acababa de sacar del banco.

O'Connor fue baleado cuando entraba a una casa que pertenece a dos cuñados del presidente de YPFB, según señalan medios locales citando a la policía. El presidente del Senado, el opositor Oscar Ortiz, señaló que se conformó una comisión para investigar el asesinato de O'Connor "y obviamente todas las complicaciones alrededor de este caso con relación al manejo de dinero".

Por su parte, la viceministra Anticorrupción, Nardi Suxo, informó al matutino La Razón que se decidió abrir una investigación "toda vez que habría indicios de hechos de corrupción". Los opositores exigieron al presidente Morales destituir al presidente de YPFB, por los abundantes indicios que lo involucran en la presunta recepción de dinero ilícito, pero el mandatario lo ratificó en el cargo.

"Va a continuar, va a continuar", afirmó el gobernante, consultado por la prensa local, sobre la permanencia o remoción de Ramírez, aunque luego el mandatario acotó que "nadie puede dar su cabeza por nadie". De manera paralela a las repercusiones surgidas en el ambiente político, las investigaciones judiciales y policiales continuaban averiguando sobre el hecho de sangre.

Según las primeras indagaciones policiales, los autores intelectuales del robo de 450.000 dólares y muerte de O'Connor son los hermanos Fernando y Ernesto Córdova, el primero estrecho colaborador del propio empresario asesinado y a quien acompañó a sacar el dinero. Ambos están detenidos.

Cinco días antes del crimen, YPFB habría hecho un pago de 4,5 millones de dólares a Catler Uniservice, como concepto de pago dentro del contrato para construir la planta de gas, según el diario La Razón.

Ramírez -que fue presidente del Senado en 2006-, es uno de las influyentes dirigentes del oficialista Movimiento Al Socialismo (MAS) y es considerado en esferas gubernamentales como el sucesor de Morales al frente de este partido político.

Tras dos días de mantener silencio, Ramírez dijo este viernes en conferencia de prensa que estaba abierto a responder y aclarar ante cualquier investigación su relación con los hechos revelados. "En el momento en que seamos convocados, estaremos para aclarar", afirmó Ramírez en una conferencia de prensa, donde defendió el contrato firmado entre YPFB y Catler Uniservice.

Sobre la presunta participación de dos familiares suyos en la recepción de los 450.000 dólares del empresario asesinado O'Connor, Ramírez dijo que no asumía ninguna responsabilidad por lo que pudieran haber hecho ellos, sin abundar en más detalles.

Cuando la empresa Catler Uniservice firmó en julio pasado el contrato para construir la planta separadora de líquidos, que -según dijo en esa oportunidad el presidente Morales- permitiría paliar la escasez de gas licuado de petróleo y gasolina, los medios locales pusieron en duda la capacidad y experiencia de una empresa totalmente desconocida para una operación tan importante.