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Tras la estatización de la jubilación privada, el Gobierno evalúa ahora seguir el mismo camino con las Aseguradoras de Riesgos del Trabajo, que manejan unos 4.500 millones de pesos en aportes, una alternativa rechazada de plano desde el sector privado.

La Casa Rosada estudia trasladar al Estado el sistema asegurador de riesgos del trabajo luego de una propuesta elaborada por la CGT y varios gremios.

Al trascender esta posibilidad, fue duramente cuestionada desde las aseguradoras, las cuales acusaron a los sindicatos de querer quedarse con una caja monumental de fondos.

La directora ejecutiva de la Unión de Aseguradoras de Riesgos de Trabajo (UART), Mara Bettiol, cuestionó a los sindicatos que propician la estatización del sistema, proyecto también fuertemente rechazado por la Unión Industrial Argentina (UIA).

Bettiol denunció que son "algunos sindicatos" los que "pretenden quedarse con la gestión del negocio" de las ART que, según dijo, mueven anualmente "alrededor de 4.000 millones de pesos".

Todo indica que apenas un par de semanas después de haber avanzado con la eliminación de las AFJP, la administración de Cristina Fernández comenzó a analizar una propuesta de la conducción de la CGT, que lidera Hugo Moyano, para reformar en forma integral el actual régimen de riesgos del trabajo, que contemplaría la estatización del sistema y la desaparición de las aseguradoras que en la actualidad gestionan los servicios.

En el mercado aseguran que si el matrimonio Kirchner finalmente avanza con la reforma del régimen de riesgos del trabajo, los fondos del sistema se sumarían a los ingresos adicionales generados por la estatización de las AFJP, lo que permitiría al Ejecutivo incrementar el superávit fiscal y cubrir las necesidades de financiamiento para los próximos dos años sin mayores dificultades.

Desde la ART aclararon que -a diferencia de lo que ocurre con las AFJP- los fondos del sistema de riesgos del trabajo requieren de una disponibilidad permanente para el pago de rentas y prestaciones.

"No se transfiere una caja. No hay margen para hacerse de los fondos porque las obligaciones son ahora y todo el tiempo", explicó un directivo de una ART.

Por su parte, desde la cúpula de la Unión Industrial (UIA), Daniel Funes de Rioja consideró "ilógica" la hipótesis de las estatización del régimen de ART, al advertir que con una medida de esas características "no se garantiza la calidad de las prestaciones".

Funes de Rioja recordó el compromiso que la Presidenta y el ministro de Trabajo, Carlos Tomada, asumieron ante el sector industrial en septiembre último, cuando prometió una reforma que dé respuestas a los problemas de la ley vigente y ponga fin a la catarata de juicios contra el sistema.

En tanto, desde la UART, Bettiol dijo que "no es el Estado el interesado en hacerse de los fondos y gestionar el negocio, sino algunos sindicatos en particular".

Es que, según advirtió, "dada la discusión en torno al sistema previsional, (los gremios) vieron la oportunidad de colar esta aspiración".

"El punto diferente con las AFJP, es que en este caso hay ciertas aspiraciones sindicales", aclaró la ejecutiva y remarcó que se trata más de "una aspiración gremial que un interés del Gobierno en particular".

Bettiol explicó que "desde hace 100 años que el sistema de aseguradoras de riesgos del trabajo ha sido privado, nunca fue gestionado por el Estado".

Por su parte, el abogado de la UIA Daniel Funes de Rioja calificó de "ilógica" la idea de estatizar al régimen de ART, porque con esta medida "no se garantiza la calidad de las prestaciones".

La UART emitió un comunicado en el cual recordó que conjuntamente con representantes de los trabajadores (CGT) y empresarios (UIA), en sede del Ministerio de Trabajo la Nación, se encuentran abocados a la construcción del nuevo proyecto de Ley de ART.

Según la UART, las ART dan efectiva cobertura a más de 7,5 millones de trabajadores que se desempeñan en algo más de 700 mil empresas.

El sistema de riesgos del trabajo se financia exclusivamente con aportes de las empresas y brinda cobertura a los trabajadores accidentados a través del pago de salarios caídos, de indemnizaciones y cobertura médica integral hasta la recuperación, sin ningún tipo de carencias, exclusiones o costo alguno para el beneficiario.

Incluye gastos médicos asistenciales, farmacéuticos, traslados, con atención en la baja, mediana y alta complejidad.

"Bajo la forma de un sistema de seguro, el flujo de ingresos se aplica mayoritariamente de manera inmediata a la cobertura de los siniestros, en una red de alcance nacional, bajo la fiscalización del Estado, en pos de la tutela de los derechos de los trabajadores", indicó la UART.